El ministro español se mostró solícito a "buscar una solución" y a restablecer "el clima de reconciliación"
Nicolás Maduro no quiere que el Gobierno español le ayude a antenderse con los simpatizantes de la oposición que llevan semanas en pie de guerra contra lo que consideran menoscabo de los derechos humanos en Venezuela.
Lo dejó claro en un comunicado oficial difundido este domingo 6 de abril de 2014 en el que negó que haya ningún contrato vigente de suministro de equipos de seguridad con España.
Esta respuesta llega un día después de que el ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, explicara que Madrid ha decidido la suspensión cautelar e indefinida de la exportación de material antidisturbios a Venezuela como una medida destinada a «no echar leña al fuego» y a fomentar el diálogo entre las partes enfrentadas en la nación suramericana.
«BUSCAR UNA SOLUCIÓN»
García-Margallo se mostró, además, «dispuesto» a ayudar al Gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición venezolana a «buscar una solución» y a restablecer «el clima de reconciliación». En este contexto, el comunicado indica que «el Pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechazan categóricamente las infortunadas declaraciones del canciller español José Manuel García-Margallo, cuyo gobierno no tiene la autoridad moral para aconsejar sobre violencia y diálogo».
El comunicado difundido por Caracas asegura que «los cuerpos de seguridad del Estado venezolano no poseen ningún contrato vigente de suministros de equipos de seguridad por parte del Gobierno español o empresas españolas», se indica en dicho comunicado.
Consejos a España
«El desacertado canciller español debería recomendar al jefe de su gobierno promover el diálogo con los distintos sectores sociales y nacionales que reclaman justicia en España, como lo ha hecho el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que por medio de la Conferencia Nacional de Paz ha convocado el diálogo con todos los venezolanos», añade el comunicado.
El Gobierno de Venezuela reitera su «obligación constitucional de mantener el orden interno, la estabilidad política, la paz y los derechos humanos de todos los venezolanos y la defensa de las instituciones democráticas a través del uso legal, proporcional y diferenciado de la fuerza pública frente a la acción de grupos opositores antidemocráticos».
La Cancillería responsabiliza a esos grupos de haber «ejercido la violencia armada contra la ciudadanía y contra la autoridad pública, que además han generado la destrucción y quema de universidades, centros de salud, unidades de transporte público y otras servicios públicos impidiéndole al pueblo venezolano sus derechos constitucionales a la salud, la educación y al libre tránsito».
Venezuela vive un clima de protestas desde el pasado día 12 de febrero que en algunos casos han desembocado en actos de violencia, con un saldo de casi 40 muertos y medio millar de heridos.
