El 2020 acabó con protestas pro etarras en localidades como Mondragón y Pamplona

Los proetarras se ríen de las víctimas: 200 protestas amparados por Marlaska y la vista gorda de los jueces

El juez Ismael Moreno ha evitado prohibir actos etarras alegando que la Justicia castiga ‘ex post’ y alegando la libertad de expresión

Los proetarras se ríen de las víctimas: 200 protestas amparados por Marlaska y la vista gorda de los jueces
Fernando Grande-Marlaska y Arnaldo Otegi PD

Los pactos del Gobierno del PSOE-Podemos con EH Bildu están multiplicando el número de manifestaciones, actos y otras formas de apoyo a los presos de ETA.

La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) no solo ha venido denunciándolo, sino que exigen que cesen estas iniciativas que resultan dolorosas y una ofensa para aquellas personas asesinadas, torturadas, secuestradas y heridas por la banda terrorista.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha ignorado a las víctimas para mantener en buen estado sus pactos y acuerdos con Arnaldo Otegi. De ahí, que el 31 de diciembre se pudieran ver en Mondragón y en Pamplona protestas para solicitar beneficios para los presos etarras bajo el lema ‘En camino a la convivencia, a la paz, a casa’.

Se tratan de movilizaciones que buscan aumentar la presión de un complaciente Fernando-Grande Marlaska, quien a través del Ministerio del Interior ha mantenido una política sistemática de acercamiento de los presos de ETA, incluso de aquellos que le habían puesto una diana a su propia persona.

Es importante recordar que el 30 de diciembre se conoció que el ministro socialista había trasladado a una cárcel vasca a Arkaitz Goikoetxea, dirigente del Comando Vizcaya y jefe de ETA que intentó matar, entre otros, al actual ministro del Interior.

A Goikoetxea, uno de los nombres más reseñables de estos siete traslados, se le envía “al centro penitenciario que corresponda en el País Vasco” procedente de la cárcel de Logroño. Lleva en prisión desde el 27 de julio de 2008, cumpliendo una pena de 40 años por asesinato, atentado, estragos, tenencia de explosivos, detención ilegal, robo, falsificación y organización terrorista. Prácticamente, el pleno de delitos por los que se puede procesar a un miembro de ETA.

Sin embargo, la nota de Interior omite uno de los delitos por los que ha sido condenado: conspiración para cometer asesinato. Su objetivo fue el actual ministro del Interior, Grande-Marlaska.

Ante la forma de actuar del socialista, los jueces se han mostrado ‘atados’ de manos. Por ejemplo, el juez Ismael Moreno explicaba el 30 de agosto de 2019, para no prohibir el «Ospa Eguna» o «Día de la Huida» de Alsasua, que «la justicia penal solo le compete perseguir y castigar los delitos una vez se han cometido. Actúa ‘ex post’, no ‘ex ante’, pues carece de competencias preventivas». 

Se trata del mismo juez que, en agosto de 2021, rechazó prohibir la marcha en favor de los presos de ETA convocada para tres días de octubre en Álava por una plataforma ciudadana vasca al considerar que reclamar el acercamiento o la excarcelación de estos reclusos entra dentro de la libertad de expresión.

Una decisión que, sin generar sorpresa, tenía el apoyo de la Fiscalía de la exministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado.

En este sentido, se limitó a realizar una petición a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza de que realicen “el pertinente control y seguimiento del acto” para evitar que el transcurso del mismo se cometan delitos de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas.

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