El PSOE quiere que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respete la igualdad en el derecho de acceso de las mujeres a los cargos judiciales y que incremente la transparencia en el nombramiento de cargos judiciales, mientras que el PP le sugiere que adopte las medidas necesarias para que los jueces y magistrados paguen por los errores que pudieran cometer como consecuencia de su acción.
Estas algunas de las 41 propuestas de resolución, a las que tuvo acceso Europa Press, que PSOE, PP, ERC-IU-ICV y UPyD han presentado a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al año 2009 y que serán debatidas y votadas este jueves en el Pleno del Congreso.
Los socialistas han registrado seis propuestas en las que también abogan por que el órgano de gobierno de los jueces impulse la aplicación de las reformas del Plan de Modernización del Sistema de Justicia 2009-2012, colabore para el despliegue de la Nuevo Oficina Judicial, evalúe el funcionamiento de las nueva figura de los jueces de adscripción territorial y su impacto en la reducción de las cargas de trabajo y que contribuya en los trabajos para el diseño de un nuevo mapa de plan y demarcación judicial.
De su lado, el PP ha presentado nueve iniciativas en las que insta al CGPJ a hacer una defensa «firme» de lo resuelto por el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña en relación a que éste es el único órgano de gobierno de los jueces. Los ‘populares’ justifican esta iniciativa frente a la intención del Ministerio del Justicia de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para desplazar hacia los consejos autonómicos determinadas funciones que son competencia exclusiva del CGPJ.
URGE LA CREACION DE LA OFICINA JUDICIAL
Además, el partido de Mariano Rajoy urge al CGPJ a que ponga en marcha «de forma inmediata» la Oficina Judicial, a que dé solución a las reivindicaciones de los jueces en asuntos como las remuneraciones, las cargas de trabajo y la fijación de destinos, así como a la formación jurídica de los funcionarios adscritos a los juzgados y tribunales, y a impulsar la coordinación y cooperación con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas.
Asimismo, los ‘populares’ conminan al Consejo del Poder Judicial a posicionarse sobre las reformas legislativas que el Gobierno tiene previsto acometer, como la de Demarcación y Planta, el Tribunal Supremo y la de Enjuiciamiento Criminal, y a acometer cuanto antes la reforma de su Reglamento.
Desde CiU han planteado siete propuestas de resolución en las que insta al órgano de gobierno de los jueces a que, entre otros asuntos, adopte las medidas para acometer la entrada en vigor de la última reforma del Código Penal, elabore y remita al Congreso los estudios realizados sobre la creación de los Consejos de Justicia autonómicos y que, a la hora de hacer sus propuestas sobre la futura Ley de Demarcación y de Planta Judicial, tenga en cuenta la necesidad de mejorar la adscripción geográfica de los partidos judiciales.
CONOCIMIENTO DE LAS LENGUAS COOFICIALES
En línea con las dos últimas propuestas de los nacionalistas catalanes van también dos de las siete recomendaciones que ha presentado a la Memoria del CGPJ de 2009 el grupo parlamentario ERC-IU-ICV, que también quiere que el órgano de gobierno de los jueces promueva el uso y conocimiento de todas las lenguas cooficiales del Estado entre los jueces y magistrados.
Además, entre otros asuntos, pide al Consejo que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad en el nombramiento de los altos cargos de la carrera judicial, y al Gobierno que establezca el marco jurídico adecuado para dar cobertura legal a las convocatorias de huelga de jueces y magistrados.
GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA DE JUECES Y MAGISTRADOS
Por último, la diputada de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, ha registrado un total de 12 propuestas de resolución a través de las que insta al Consejo a que garantice la independencia de los jueces y magistrados frente a las interferencias de otros poder público o de los partidos, a incrementar la transparencia y la objetividad en el nombramientos de cargos y a solucionar los problemas de interconexión de datos entre juzgados y tribunales de las distintas comunidades.
Entre otras medidas, también propone al CGPJ que especifique el coste de la Administración de Justicia incluyendo datos detallados sobre las comunidades autónomas y que fortalezca el principio de responsabilidad profesional de jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones. En otra de sus propuestas, UPyD aboga por que el Congreso rechace el acuerdo del CGPJ de aprobar la constitución de un seguridad de responsabilidad civil en que incurran los jueces, que supone un coste de unos 450.000 euros con cargo a los Presupuestos.
