El juez Baltasar Garzón testificará de nuevo ante el Tribunal Supremo este lunes, esta vez a petición propia, para aclarar determinados aspectos de la causa que se instruye contra él por haber intervenido las comunicaciones de los cabecillas de la trama «Gürtel» con sus abogados en prisión.
El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, que instruye la causa contra el juez suspendido, le había citado inicialmente para el pasado miércoles, pero su defensa, que ejerce el letrado sevillano Francisco Baena Bocanegra, solicitó que la comparecencia se retrasara al tener ya señalado otro juicio para este mismo día.
La citación se retrasó al pasado viernes, si bien la defensa volvió a pedir un aplazamiento porque Garzón tenía que someterse en esa fecha a una intervención médica sencilla.
El aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 había solicitado volver a prestar declaración en este caso después de que, el pasado mes de noviembre, el juez Alberto Jorge Barreiro diera por concluida su labor instructora y confirmara que existen indicios contra él por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales contra los abogados defensores de los imputados en la trama corrupta.
El pasado 18 de noviembre, el magistrado Jorge rechazó las diligencias solicitadas por Garzón para ejercer su defensa en este asunto y señaló en un auto que, en el momento de acordar las escuchas, el juez suspendido de la Audiencia Nacional «no tenía dato incriminatorio alguno» contra los letrados de los presos.
Entre otras diligencias, Jorge Barreiro rechazó citar como testigo en la instrucción de la causa del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que es quien actualmente investiga la trama corrupta.
Para el instructor de la causa, los tres hechos relevantes que han de ser objeto de la investigación son: si Garzón dictó efectivamente los autos cuestionados (en los que se autorizaron las escuchas); si cuando lo hizo tenía algún indicio incriminatorio contra los letrados afectados y si las resoluciones se ejecutaron en la práctica.
De lo instruido hasta la fecha se deducen, según Jorge, «transparentes los indicios en el sentido de que cuando el querellado dictó las dos resoluciones no tenía dato incriminatorio alguno contra los nuevos letrados de los presos que los implicara en la trama o en otros hechos delictivos», tal y como reconoció el propio Garzón en la declaración que prestó en el Tribunal Supremo el pasado mes de mayo.
