El mantenimiento de la vigencia de un aborto eugenésico supone discriminar a los seres humanos discapacitados en relación con los demás
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado en el Congreso una reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en la que se exigirá el consentimiento paterno para aquellas menores de edad que quieran abortar y se defenderá, también, el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional, cuando se pronunció sobre la primera Ley del Aborto de 1985.
«Se trata de la reforma legislativa parcial más importante. Que no les sorprenda que la anuncie yo porque la tramitaremos en esta Comisión. Vamos a reformar la regulación de la protección del derecho a la vida en España, que fue aprobada sin el consenso, con la opinión desfavorable de los órganos consultivos»
En esta propuesta de reforma, Gallardón ha destacado que también se recogerán aquellos principios que han sido anunciados por el Partido Popular sobre la normativa. Concretamente, el PP se comprometió en la campaña electoral a «cambiar el modelo de la actual regulación del aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores».
Posteriormente, la entonces coordinadora de Política Social del Partido Popular del PP, Ana Pastor, aseguró que la posición de los ‘populares’ sobre la Ley del Aborto es el que se recoge en el recurso presentado en 2010 contra la norma socialista ante el Tribunal Constitucional.
El recurso cuestiona ocho preceptos de la actual legislación. En su argumentación, el PP toma de nuevo como «punto de partida y marco de referencia la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985, en la que se estable la obligación del Estado de proteger la vida humana en formación».
ABORTO LIBRE HASTA 14 SEMANAS
Además, critica que para abortar en las primeras 14 semanas no sea necesario que concurra «ninguna causa objetiva o situación característica de conflicto objetiva que permita justificar, al menos formalmente, el sacrificio de la vida humana del nasciturus», algo que, a su juicio, va contra el artículo 15 de la Constitución Española que reconoce que «todos tienen derecho a la vida».
Asimismo, señala que la ley no explica por qué se ha fijado en 14 semanas (y no en 12 ó 16) el plazo para poder practicar en España el aborto libre, ni qué cambia en el feto para no poder ser protegido antes de ese plazo y sí después.
En cuanto a los casos en los que se puede abortar hasta la semana 22, el PP alerta de que el supuesto que permite interrumpir el embarazo si existe «grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada» puede ser un «coladero» aún mayor que el que siempre ha significado este motivo.
«TEORÍAS EUGENÉSICAS»
En opinión del PP, los supuestos en los que se puede abortar si hay «riesgo de graves anomalías en el feto» –«que parece que incluiría cegueras o sorderas de nacimiento, falta de miembros superiores o inferiores, o síndrome de Down», sostienen–, recuerdan a «teorías eugenésicas -de infausto recuerdo cuando fueron objeto de aplicación en la historia- que defendieron las tesis de ‘vidas que no merecen la vida’ (‘lebensunwertes leben’) o ‘vidas que son una carga’ (‘ballastexistenzen’)».
Así, los ‘populares’ indican en el escrito que «el mantenimiento de la vigencia de un aborto eugenésico supone discriminar a los seres humanos discapacitados en relación con los demás».
El PP también recurre el apartado que permite a las menores abortar sin el consentimiento y, en algunos casos, sin el conocimiento de los padres. «Con la errónea concepción de respetar la libertad de la menor embarazada, se le priva de un asesoramiento de las personas más cercanas a ellas en convivencia y afecto que puede resultar fundamental a la hora de adoptar la mejor decisión respecto del aborto en sí», señala el texto.
Igualmente, defiende la objeción de los profesionales sanitarios y dice que este derecho debe estar garantizado, y se muestra contrario a que se imponga «la perspectiva de género en la enseñanza sanitaria y afectivo-sexual», que no sólo afecta a los derechos y libertades de alumnos y padres, sino también a los de los profesores.
Los ‘populares’ destacan que «el aborto es algo malo para la mujer, y en cuanto que es malo no puede ser considerado un derecho ni como un método de planificación familiar» y recalcan que «las mujeres abortan, en la mayoría de los casos, porque no se les ofrece otras alternativas».
