Fuentes judiciales consultadas por La Gaceta señalan que «el perfil y la composición de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el más politizado de la democracia porque su elección ha sido realizada de un modo directo por los partidos sin contar con la audiencia de las asociaciones judiciales, como se ha hecho en las anteriores ocasiones». En otras palabras, «su designación ha sido excesivamente partidista buscando a los vocales más dóciles a sus orientaciones políticas», afirman.
Esto significa –informa D. Carrasco en La Gaceta– que varios de los consejeros electos han ejercido la política activa en épocas pasadas como la magistrada María Victoría Cinto o el jurista Enrique Lucas Murillo; otros actualmente como el diputado socialista Álvaro Cuesta o la diputada por CiU Mercé Pigem. Y la mayoría de los vocales restantes han sido libremente designados para ocupar el puesto de presidente de tribunal autonómico, magistrado del Tribunal Supremo o presidente de Sala de la Audiencia Nacional. —Los nuevos vocales del CGPJ, los ‘más politizados de la democracia’—
Las mismas fuentes también resaltan «el nepotismo que se ha practicado en algunos casos con el nombramientos de vocales que tienen vinculaciones conyugales con altos cargos políticos en activo o con otros que lo han sido como por ejemplo la magistrada Clara Martínez de Careaga (esposa del ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido); el magistrado Gerardo Martínez Tristán (marido de una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal); la magistrada Roser Bach Fabregó (esposa del consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña).
En este contexto, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria denuncia que «se ha pasado de un sistema de elección donde las asociaciones pintaban algo a uno donde no pintan nada». «El ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón ha fomentado el partismo», subraya. Dicha asociación emitió un duro comunicado: «(…) En las últimas semanas, los jueces españoles hemos asistido estupefactos a la demostración pública de que ni la mejora en el funcionamiento del CGPJ ni el reflejo en el órgano de gobierno de los jueces de la Soberanía popular eran la verdadera finalidad de la reforma: lo eran los intereses, particulares y propios, del PP y PSOE, salpicados de casos de corrupción, cuyos dos máximos representantes han sido los protagonistas de la vergonzosa negociación de los vocales (…)».
Los candidatos De esta manera, el excesivo perfil político de los vocales queda constado. Álvaro Cuesta, abogado y ex diputado del PSOE en el Congreso. En su labor como diputado fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de investigación de los atentados del 11 de marzo de 2004.
Clara Martínez de Careaga, magistrada de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y esposa del ex fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Su nombramiento fue propuesto por el PSOE. Al estar casada con el entonces fiscal general del Estado, su nombramiento como magistrada del Alto Tribunal recibió fuertes críticas, pues su votación fue muy ajustada. Recibió 15 de los 13 votos que se necesitaban. Pertenece a la asociación progresista de Jueces para la Democracia
Gerardo Martínez Tristán, propuesto por el PP, es presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Su nombramiento ha levantado polémica porque en su sala se estudian los numerosos recursos interpuestos contra la privatización de la Sanidad madrileña. Está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal. De 1999 a 2006 fue letrado del CGPJ.
En el reparto de cromos entre PP y PSOE llama la atención el nombramiento de dos vocales lazos con los nacionalismos de Cataluña y el País Vasco. Roser Bach Fabregó, magistrada en la Audiencia Provincial de Barcelona. Pertenece a Jueces para la Democracia. Fue directora de la Escuela Judicial desde junio de 2011 a septiembre de 2013. Está casada con el Consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Germà Gordó i Aubarell. A Bach le acompaña en el CGPJ, la abogada y diputada de CiU Mercé Pigem. También es letrada Rotal en el Tribunal de la Rota de Madrid.
Por lo que respecta al cupo del País Vasco destacan el abogado Enrique Lucas Murillo, propuesto por el PNV, que prestó servicios en el Ministerio de Educación y Ciencia y desempeñó los cargos de director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento en el Gobierno vasco, y María Victoria Cinto, magistrada de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. Fue viceconsejera de Justicia con el lehendakari Patxi López. Cinto ha sido nombrada a propuesta del PSOE.
En cuanto a los magistrados nombrados por libre designación política están los magistrados del Tribunal Supremo Wenceslao Olea Godoy y Rafael Fernández Valverde. O los presidentes de tribunales de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández Martínez, y el de Murcia Juan Martínez Moya. La magistrada Carmen Llombart es presidenta de la Audiencia de Valencia. Es la única que salió elegida de la lista oficial de la APM.
