Tocado, aunque todavía no hundido.
Pero le están cayendo los obuses cerca.
Y no llegan sólo de los guardias civiles de la UCO, sino que en esta ocasión han sido disparados por jueces y de lo más solemna.
El Tribunal Supremo ha dado un giro dramático a la investigación sobre la filtración de información confidencial relacionada con el novio de Isabel Díaz Ayuso.
El juez instructor, Ángel Hurtado, ha dejado claro en su último auto que existen indicios sólidos de que la filtración tuvo su origen en la Fiscalía General del Estado y su destino en La Moncloa, con una «clara finalidad política«.
Este desarrollo ha puesto en jaque al Gobierno Sánchez, que ve cómo la sombra de la implicación en actividades potencialmente delictivas se cierne sobre su círculo más cercano.
El magistrado ha citado como imputado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, para el próximo 29 de enero de 2025, en un movimiento que muchos interpretan como el principio del fin para el alto cargo.
La ruta de la filtración
Según el auto del juez Hurtado, la información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de Ayuso, siguió un recorrido muy específico:
- Salida de la Fiscalía General del Estado
- Llegada a Presidencia del Gobierno
- Transmisión al portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato
- Publicación en medios afines al PSOE
Este camino trazado por el magistrado sugiere una operación coordinada con claros tintes políticos, diseñada para dañar la imagen de la presidenta madrileña.
Implicaciones para La Moncloa
El auto del Supremo no se queda en la Fiscalía, sino que apunta directamente al corazón del poder ejecutivo.
El juez señala que «desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación» de la información filtrada, lo que podría implicar a altos cargos del entorno de Sánchez.
Entre los nombres que suenan como implicados están:
- Pilar Sánchez Acera, asesora del ex jefe de gabinete de Sánchez
- Óscar López, ex jefe de gabinete
- Francesc Vallés, ex secretario de Estado de Comunicación
- Laura Martínez, jefa de prensa de la ministra de Vivienda
- Ion Antolín, jefe de prensa del PSOE
La posible imputación de estos cargos pondría al gobierno en una situación extremadamente delicada, con el presidente Sánchez directamente salpicado por el escándalo.
Reacción del Gobierno Frankenstein
Ante estas revelaciones, la respuesta del Ejecutivo ha sido el silencio.
El socialista Pedro Sánchez se ha limitado a respaldar a García Ortiz sin entrar en detalles sobre las acusaciones de filtración desde La Moncloa.
Esta actitud ha sido interpretada en círculos judiciales como un indicio más de la gravedad de la situación.
Calendario judicial y perspectivas
El panorama judicial que se avecina es complejo:
- 29 de enero: Declaración como imputado de Álvaro García Ortiz
- 30 de enero: Comparecencia de Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid
- 5 de febrero: Citación de Diego Villafañe, número dos de la Secretaría Técnica de la FGE
Las acusaciones populares podrían solicitar la imputación de los cargos de Moncloa mencionados por la UCO, lo que extendería la investigación hasta el núcleo duro del gobierno.
Jesús Martínez Fernández, experto en ética periodística, comenta: «El uso político de filtraciones judiciales es un grave atentado contra la democracia y la separación de poderes. Si se confirma la implicación de Moncloa, estaríamos ante un escándalo de proporciones históricas».
José María Azorín, analista político, señala: «La actuación del Supremo en este caso es un ejemplo de independencia judicial. El gobierno de Sánchez se enfrenta a su crisis más grave desde que llegó al poder».
- El correo electrónico filtrado contenía datos personales del novio de Ayuso que fueron posteriormente utilizados en un debate parlamentario.
- La UCO de la Guardia Civil descubrió que el Fiscal General cambió de teléfono una semana después de ser encausado en octubre.
- El delito de revelación de secretos que se investiga podría acarrear penas de prisión de dos a cuatro años.
- La filtración se produjo apenas 24 horas antes de que la Fiscalía Provincial de Madrid emitiera un comunicado oficial sobre el caso.