MADRID, 8 (OTR/PRESS)
La componente política del caso Bankia es ineludible. Se mire por donde se mire. Antes y después. En su antigua configuración, la de siete cajas de ahorro fundidas en una sola marca, por la presencia de partidos, sindicatos, patronal, autonomías y ayuntamientos en sus Consejos. Y en la nueva, porque su nacionalización convierte en propietarios a todos los ciudadanos. Sin embargo, el caso excita el celo indagatorio de la Justicia y mata la curiosidad en el ámbito de la política. Es la desalentadora conclusión de que, mientras la Fiscalía abre diligencias por la comisión de cinco presuntos delitos al tiempo que reclama la competencia para la Audiencia Nacional, la mayoría absoluta del PP bloquea todas las comparecencias parlamentarias de los gestores de Bankia solicitadas por otros partidos.
Se puede hablar con propiedad de que en este escándalo se acaba de encender el foco judicial y se acaba de apagar el parlamentario. Si alguien merece el premio a la transparencia no es precisamente el Gobierno que tanto la pregona. Ese reconocimiento lo merece por ahora la Fiscalía General del Estado, aunque se limita a cumplir con su deber perfectamente definido en el artículo 124 de la Constitución Española. Ahí se encomienda a esta institución la defensa de «los derechos de los ciudadanos» y «el interés público tutelado por la ley».
Nunca estuvo tan clara la implicación de los ciudadanos en las consecuencias de un escándalo. La consecuencia del desastre fue la nacionalización. Es decir, el recurso a los fondos públicos para reconstituir el accionariado -la propiedad- antes de tener que lamentar males mayores. No solo sobre accionistas, impositores y clientes en general, sino sobre todo el sistema productivo. De ahí la decisión de nacionalizar, pues estaba en peligro la propia economía nacional y se trataba de evitar males mayores. A eso se refieren los expertos cuando hablan del carácter «sistémico» de un banco. Y en eso se inspira la eventual creación de un Fondo de Garantía de Depósitos a escala europea en el contexto de la llamada «unión bancaria».
Los poderes públicos obligados a preservar la vida de un gran banco. Y la de todo el sistema financiero. Por la cuenta que nos trae a todos. Se trata de devolverle el color a la manzana podrida sin sacarla del cesto. Pero el recurso a la caja común siempre pone en guardia al ciudadano, desconcertado por la facilidad con la que se hablan de miles de millones de euros para sanear bancos mientras se cierran hospitales en nombre de la austeridad o se expulsa de su casa a quien no paga la hipoteca.
La opinión pública nunca dejará de relacionar el rescate de los bancos con el no rescate de miles de familias y pequeñas empresas que malviven por falta de liquidez mientras la liquidez se ofrece generosamente en la salvación de Bankia y nuestro averiado sistema financiero. De ahí la derivada política: la que exige explicaciones sobre las causas del fiasco y señalamiento de los causantes. A eso vamos por la vía judicial. Sin embargo la política está cerrada.
