MADRID, 06 (OTR/PRESS)
Fue una de las promesas del programa electoral del PP y se fue dejando pasar por la prioridad de otras reformas más ideológicas que compensaran a su electorado de las subidas de impuestos constantes.
Pero el proyecto de unidad de mercado era una norma que estaban pidiendo a gritos desde profesionales autónomos a empresarios pequeños y grandes. No se puede vivir en un mundo globalizado ni pertenecer a una mercado único como la UE y permitir una telaraña de miles de exigencias burocráticas dependiendo de cada comunidad autónoma.
Bastante difícil está el mercado como para poner trabas administrativas a la apertura de negocios o, simplemente, a que un contratista pueda llevar adelante un proyecto sin que el ingente papeleo de permisos, con el coste económico que conlleva y la perdida de tiempo, desincentive la inversión.
Las comunidades, que ya han puesto el grito en el cielo celosas de lo que consideran una invasión de competencias, deberían haber sido más cuidadosas en la aprobación de normativas que, simplemente por el prurito de singularizarse, perjudican la actividad económica en sus territorios.
La otra explicación al rechazo de la unidad de mercado tiene menos justificación, si de verdad se trata de defender lo propio. Desaparecidos en Europa los aranceles , ni Euskadi, ni Cataluña, ni Andalucía pueden ponerle barreras al campo.
En medio de la batalla por el modelo de estado, y con Cataluña en plena deriva soberanista, este proyecto va a ser un punto más de conflicto con Madrid de difícil negociación.
Puestos a provocar fricciones, el Gobierno debería haber llevado la propuesta hasta el final y unificar los horarios comerciales que son un desbarajuste cada cien kilómetros. Los horarios en España no son homologables con el resto de los países occidentales. En un momento de acusado descenso del consumo, una única normativa nacional daría seguridad a los comerciantes y certezas al consumidor.
Todas las propuestas con que facilitar las normas burocráticas que se necesitan para abrir un negocio, han topado, hasta ahora, con la maraña de exigencias autonómicas y locales que dilatan la puesta en marcha del mismo hasta el aburrimiento de los emprendedores.
Para facilitar la difícil negociación con las autonomías, no hubiera estado de mas que, como todo proyecto de ley, se hubiera acompañado de una memoria económica que confirmara los beneficios que esta reforma va a traer a la economía de todo el Estado.
Hundidos en la recesión el dato fehaciente, no por aproximación, de que esta norma va a producir un beneficio de 15.000 millones de euros hace bastante incuestionable su aplicación inmediata, dejando de lado problemas competenciales, dado que no se juega con las cosas de comer.
Puesto que no se ha hecho de forma previa, es necesario que en la negociación con los presidentes autonómicos no se dejen pelos en la gatera que conviertan el proyecto en papel mojado, porque este o el próximo gobierno debe poner orden para regular la actividad económica en un mercado acorde con el siglo XXI.
