Rafael Torres – Indultos


MADRID, 20 (OTR/PRESS)

¿Para qué un juez, una Audiencia, un Tribunal Supremo, para qué el trabajo de todos ellos en dilucidar la responsabilidad penal de un homicida, por ejemplo la del kamikaze que mató a un joven en Valencia al conducir en sentido contrario y a gran velocidad durante cinco kilómetros, si un gobierno puede ignorar el resultado de ese esfuerzo, una pena de reclusión de 13 años para el reo, e indultarlo y dejarlo libre tras haber pasado apenas 10 meses en la cárcel? ¿Para qué existen las leyes, los códigos, las garantías y las liturgias procesales, los jueces, la instrucción de los sumarios, las testificales, los peritos, los fiscales, los abogados, los tribunales populares y los profesionales, las sentencias, las segundas instancias, las terceras y aun el propio Tribunal Constitucional si alguien ajeno a la Justicia puede laminar todo eso, con todo lo que cuesta a la sociedad, mediante un simple decreto que se firma porque sí y en un segundo?

Varios condenados en firme por corrupción, desde Matas a Del Nido, pasando por el ex alcalde de Torrevieja, aguardan en libertad la resolución a sus peticiones de indulto cuando, en puridad, sólo deberían esperar el momento de ingresar en el establecimiento penitenciario designado para purgar sus delitos. Aguardan la mano gubernamental y salvífica que, contrariando a la Justicia y a la necesidad que todo país civilizado tiene de ella si es independiente, rubrique el indulto, el perdón, la impunidad.
Saben que podría tocarles esa lotería que sólo toca a quienes llevan un número bien colocado en el bombo, presto a salir el primero por el gollete. Por el contrario, cientos de personas, en prisión o a punto de ingresar en ella por un pequeño mal paso que dieron hace años, sólo reciben el silencio administrativo a su petición, pues sus números no son del género de los que salen.
Viene esto del indulto gubernativo del siglo XIX, cuando el ministerio del ramo se llamaba de Gracia y Justicia. O sea, de Gracia primero. Con ella, se beneficiaba a los amigos, a los pares, a los correligionarios, hurtándoles del castigo al que se habrían hecho merecedores por sus actos. En relación al escandaloso indulto del kamikaze, el Tribunal Supremo ha suspendido su ejecución, pero sólo en tanto el Gobierno no lo motive, no explique por qué, no lo aclare. No es mucho, pero algo es que el máximo tribunal descubra que lo suyo, la Justicia, se queda en nada frente a esa Gracia que, por lo demás, no suele tener ninguna.

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