MADRID, 27 (OTR/PRESS)
Habrá que empezar diciendo, por enésima vez, que como primera medida lo que se tendría que haber hecho hace muchos años es cerrar el Senado hasta que lleguen tiempos mejores o se pongan de acuerdo los partidos para lograr que esta Cámara sirva a los españoles que pagan, y a muy buen precio, su mantenimiento sin que nadie sepa por qué ni para qué. Lo del Senado y su famosa reforma es algo ya consustancial con las campañas electorales porque todos los partidos en todas las elecciones lo vienen prometiendo y, a la vista está, nadie mueve un dedo. Cómo será la cosa que entre los propios trabajadores del Senado se refieren a él como «el panal» y no voy a explicar las razones porque resulta un poco ofensivo hablar de zánganos. Pero la culpa, claro, no es de los senadores sino del sistema que en no sé cuantos año de democracia ha sido incapaz de darle un uso serio a esta institución. A todos les viene bien tener esa reliquia para colocar compromisos o personalidades caídas en desgracia. Se mire por donde se mire, lo del Senado es una escándalo mayúsculo y el ejemplo más evidente de la dejación de los partidos. Y encima los señores senadores tendrán también pluriempleos compatibles aunque, para lo que hacen, es mejor que al menos no conspiren en sus lujosos despachos. ¿Y los diputados? Ah amigo, esa es otra historia que ha saltado a la palestra por estar en los tiempos que estamos y gracias a Martínez Pujalte y Federico Trillo. Pero no son sólo los dos, claro; ya sabemos que la mayoría de los 350 diputados ejercen una actividad pública según ellos mismos declaran, lo cual pone de manifiesto que o sobran diputados o falta faena y por mucho que se nos diga que se trabaja en los despachos cuando aparecen esas fotos escandalosas de un pleno al que asisten media docenas de diputados, no parece que la explicación sea muy convincente.
Una buena parte de estos representantes del pueblo declaran ser «tertulianos» habituales en los medios de comunicación. Nada que objetar porque los medios forman parte del quehacer político y parece lógico que se reclame su presencia. Les siguen los abogados y aquí la cosa se complica más: no parece de recibo que un señor o una señora que disfrutan del absurdo aforamiento y a los que se les supone una cierta influencia pública, tengan despachos a los que no acuden precisamente menesterosos ni desahuciados. Hay también médicos y en este caso convendría distinguir si su noble profesión la practican con un fonendo escuchando la tripita de los niños o el crepitar de los pulmones de los mayores o más bien, como médicos que son ocupan cargos en compañías farmacéuticas o tienen despachos ejecutivos en la sanidad privada.
El tercer grupo de pluriempleados es el más peligroso: son eso que se llaman «asesores», consejeros de empresas, administradores de sociedades* Malo, malo. Aquí ya sí que resulta poco ética la compatibilidad. Y entiendo y acepto que casos habrá en los que pueda estar justificado, pero lo ideal sería entonces no dedicarse a la política o renunciar a los cargos una vez que se sale elegido. Siempre terminamos en lo mismo: la diferencia entre la legalidad y la ética, entre lo que es lícito pero no resulta estético, entre los que se ajusta a Derecho pero al común de los mortales nos parece injusto. Habría que apostar por una legislación más clara para todos estos casos o al menos por una aplicación menos laxa de lo ya legislado. Decía Rajoy a propósito del tema que «hacer demagogia es bastante poco útil y es dañino para España». Pues no sé yo; más dañino es enterarse por la prensa de lo que ocurre en la trastienda del Congreso.