El PP, Ciudadanos y Vox, los tres partidos liberales de centro y derecha que gobiernan Madrid con mayoría absoluta llevaban en su programa electoral suprimir Madrid Central tal y como lo había establecido el consistorio de Manuela Carmena y Unidos Podemos, y sustituirlo por otras medidas que combatiesen más justamente la contaminación y el ruido ambiental, sin ocasionar daños irreversibles a comerciantes y vecinos.
Y cuando ambos tres se dispusieron a cumplir con su programa y lo que sus votantes les habían mandatado, la extrema izquierda montó en cólera y como siempre lleva razón y acepta deportivamente el resultado de las urnas, organizó la marimorena -manifestaciones callejeras incluidas- para oponerse a la mayoría. Y en esta ocasión los populistas han contado con un juez, el magistrado Jesús Torres Martínez, que ha actuado a la velocidad del rayo para marcar un nuevo record Guinness: en menos de cinco horas (¡5 horas!) desde que Ecologistas en Acción y Greenpeace presentaron un recurso Contencioso-Administrativo con medidas cautelares, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid decidió revertir la situación y obligar al Ayuntamiento a seguir con las medidas coercitivas que impone Madrid Central, paralizando cautelarmente la moratoria de multas que había activado el gobierno municipal, porque, a juicio del señor Torres Martínez, se perdería la “finalidad legítima del recurso”, dado que “se habría producido una evidente emisión de gases contaminantes” en la zona de Madrid Central a causa de “la entrada de vehículos contaminantes no autorizados, que al no ser sancionados durante un periodo de aviso entrarán sin limitación ni control alguno”.
De suyo, una demanda por lo Contencioso-Administrativo se presenta un día, se envía a reparto al día siguiente entre juzgados de la misma especialidad y en el que cae se pone a la cola entre las de su misma urgencia. Cuando le toca, se comunica a la parte demandada por conducto ordinario y ésta tiene un plazo máximo de diez días para que presente alegaciones a la demanda. En esta ocasión, al parecer nada de esto ocurrió y como en las obras de Lope de Vega, en menos de horas veinticuatro se pasó de la presentación de la requisitoria al auto del juez (de las musas al teatro). Otra nota discordante y prepotente de esa dañina justicia llamada popular que se abre camino en nuestro deteriorado escenario público. Y así, de esta forma tan chusca, la conjunción extrema izquierda-justicia populista se ha ciscado en los ganadores de las elecciones y ha revertido una decisión que era democrática, ajustada a derecho y que, en el mes de julio (menos coches y cero calefacciones), no ocasionaba daños ni a seres vivos ni a cosas, a no ser que la moratoria estuviese provocando muertos por doquier de ciudadanos y aves que el consistorio ocultaba en algún lugar recóndito, tal que en un estanque de tormentas, sin que se enterase la prensa.
Para seguir con el enredo, un segundo juez, en este caso el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid, ha denegado las medidas cautelares solicitadas por su parte por el PSOE sobre la moratoria de multas de Madrid Central porque entiende que hay que escuchar previamente al Ayuntamiento. Así lo recoge en un auto para argumentar que no concurren los supuestos fijados por la jurisprudencia para acordar la suspensión cautelar y opta por dar traslado a la administración implicada en el caso para que presente alegaciones en un plazo de cinco días en relación a la petición de los socialistas de dejar sin efecto la moratoria de multas en la zona de bajas emisiones del distrito Centro. Además, el Ayuntamiento ha asegurado haber recibido un tercer auto (¡qué frenética actividad judicial la de estos perdedores políticos!) en el que también se deniegan las medidas cautelares solicitadas por la Plataforma en Defensa de Madrid Central. A pesar de ello, el alcalde de Madrid, el abogado del Estado José Luis Martínez Almeida Navasqües, ha decidido acatar la decisión del juez Torres Martínez y recurrirla en otra instancia. Cosa distinta a la que hizo la jueza Manuela Carmena, que se pasó por el arco del triunfo (el de Moncloa) la decisión de ese mismo juez cuando decretó restituir el nombre a la calle José Millán-Astray, sustituido por el de Justa Freire, por mandato del Consistorio de Doña Manuela, falsamente justificado en la Ley de Memoria Histórica. ¡Estos jueces…! Ya se sabe que no hay mejor cuña que la de la misma madera.
Torres Martínez motiva también su auto de volver a la coacción en el Madrid Central en que “en la defensa del medio ambiente está implicada una auténtica función pública, que se basa en el modelo de Estado social, y que ha llevado al Tribunal Constitucional a mantener que la protección del medio ambiente se constituya como límite legítimo a la actividad económica”. Pues ya saben, siguiendo con la motivación del magistrado, a partir de ahora y para que no haya ciudadanos de segunda hay que prohibir circular a los vehículos de motor de explosión en todas las ciudades y pueblos de España, cerrar cualquier actividad económica que genere contaminación ambiental y volver a la rueda, la tracción animal (siempre que los semovientes no tengan flatulencias) y a la cueva. Y ojo, prohibido hacer lumbre dentro y fuera de ella. Ni calentarse ni cocinar: manta zamorana y todo crudo, que es más sano.
