Por mucho que se aplique el sentido común no hay explicación para las leyes que apoyan que los menores de edad dejen a sus progenitores y, en connivencia con el país de origen, se entreguen a mafias internacionales que trafican con ellos en otros territorios.
Porque esto y no otra cosa es la inmigración ilegal de menores de edad no acompañados que dejan a su madre (y al padre si lo tienen reconocido), se entregan a mafias que los meten en barcos, luego los trasvasan a pateras y más tarde llaman a Salvamento Marítimo para que los recojan en aguas nacionales o internacionales, generalmente en las primeras, y los depositen en asociaciones, organizaciones, ONG y otros grupos creados y financiados para la ocasión que los tienen como clientes un tiempo y después los confían a las autoridades nacionales para que les cuiden, mantengan, eduquen y den trabajo cuando lleguen a la mayoría de edad. Ninguna ley obliga a devolverlos y entregarlos a sus legítimos padres en su lugar de nacimiento y si no los tienen reconocidos o son irresponsables (drogadictos, encarcelados, etc.) a que les tutelen instituciones públicas del país del menor, aunque se financien con ayudas internacionales.
Porque en la actualidad si el país de origen, a quien la inmigración ilegal le produce pingues beneficios (recibe dinero para, en teoría, controlar mejor sus fronteras y se quita de en medio a quien le estorba y genera gasto), se niega a recibirlos, el de acogida tiene que apechugar con el problema. Es cierto que viajan sin documentación porque su nación y las mafias les quitan previamente cualquier papel que atestigüe su procedencia y edad, pero existen otros muchos procedimientos para averiguarlo.
Y no digamos con la prohibición de lo que se ha dado en llamar “devolución en caliente”, consistente en que si pasas la frontera delante de las narices de los policías éstos no te pueden obligar a dar la vuelta y que regreses al otro lado de la línea porque ya estás en otro país. ¡Y este sinsentido lo apoyan partidos, organizaciones, personas, organismos internacionales y tribunales de justicia!
La inmigración ilegal masiva es, además de un negocio económico, una poderosa herramienta de guerra híbrida para debilitar países, entre ellos los europeos y la Unión Europea (UE), porque impide la cohesión, divide a la sociedad, desvía recursos y acrecienta extremos, favoreciendo la radicalización y el enfrentamiento ciudadano. Lo vemos a diario y desde hace años en muchos Estados y constatamos ahora en España. Con datos de la Fiscalía, en 2024 llegaron a España 4.627 chicos y 238 chicas, procedentes, principalmente y por orden de número, de Senegal, Marruecos, Gambia y Argelia. Por lo general, los acogidos no quieren dormir bajo el mismo techo por “motivos racistas”, principalmente entre marroquíes y senegaleses, en palabras de cuidadores de esos centros. Según el Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección de la Infancia en España, en 2023 había 51.972 menores sin cuidado parental.
La inmigración legal por razones económicas ha existido desde que el mundo es mundo y debe apoyarse porque, entre otros motivos, soluciona problemas, genera bienestar y facilita mano de obra donde se necesita. Lo que no se puede consentir es el abuso manifiesto en las peticiones y concesiones de asilo y, mucho menos, la invasión organizada de ilegales, mayores o menores de edad, a países que están atados de pies y manos por leyes absurdas que ni deberían promulgarse ni, mucho menos, firmarse, por muy internacionales y “humanas” que se califiquen. Son germen de enfrentamientos que ya vemos.
