Resulta cada vez más difícil distinguir entre una sátira cruel y un telediario en España. Si uno repasa la nómina de diputados, ministros, altos cargos de organismos públicos, asesores, alcaldes, concejales y aspirantes a toda esa chusma privilegiada que vive de parasitar al contribuyente, lo que uno encuentra no es un plantel de talentos, sino una legión de analfabetos funcionales, embusteros profesionales y cortesanos del poder. En la España actual, llegar alto en política no requiere mérito alguno; basta con ser leal al partido, mentir sin rubor y no hacer demasiadas preguntas.
En España, la política no es ni servicio público, ni noble vocación, ni deber ciudadano. Es una industria del camelo, una fábrica de sinvergüenzas con cargo y nómina. Para medrar en ella no hace falta talento, ni conocimientos, ni mucho menos principios: basta con dominar dos artes —la mendacidad sin pestañeo y el analfabetismo funcional con buena dicción— y pertenecer a la «familia» adecuada, es decir, al clan político que reparte poder, favores y silencio cómplice.
La anécdota más reciente es la de una miembro del Partido Popular, que, tras falsear su currículum –una práctica ya habitual en el ecosistema político patrio– se ha visto obligada a renunciar a todos sus cargos: diputada del Congreso, concejal del Ayuntamiento de Fuenlabrada… Una renuncia que ha sido vendida por los medios y los tertulianos afines como un gesto de «decencia», como si no mentir en el CV fuese ya una extravagancia moral. Enseguida ha sido premiada como tertuliana en diversos programas de televisión, donde se ha destacado su «honradez», sobre todo en comparación con otros que, habiendo hecho lo mismo o peor, siguen aferrados al cargo como lapas institucionales. Por supuesto, con Pedro Sánchez como referencia principal del cinismo institucionalizado.
El problema no es solo individual, sino sistémico. En España, mentir en política no sólo no penaliza: se recompensa. Se miente en los currículos, en los discursos, en los programas electorales, en los balances de gestión, en las ruedas de prensa y en los debates parlamentarios. Y lo más grave: se miente en los compromisos fundamentales con la nación y los ciudadanos. Prometer algo en campaña electoral es hoy un trámite vacío, una liturgia hueca. No existe ninguna sanción por incumplir lo prometido. No hay castigo penal, ni responsabilidad política real, ni castigo electoral si se controla el relato. El votante puede reclamar, pero no puede revocar. Su papel termina en la urna y se limita a refrendar con resignación al mentiroso que más simpatía inspire.
No es de extrañar, pues, que los partidos políticos españoles —más parecidos a mafias, estafas piramidales, que a estructuras democráticas— no cumplan sus programas. Es más: ni siquiera se sienten vinculados por ellos. Los partidos no son organizaciones democráticas, como proclama la Constitución en su artículo 6, sino jerarquías cerradas controladas por líderes que se perpetúan con listas bloqueadas, dedazos, congresos a medida y purgas internas. La llamada «ley de hierro de las oligarquías» descrita por Robert Michels no sólo se cumple, se celebra como método de gobierno.
Un ejemplo escandaloso lo tenemos en Mariano Rajoy. En noviembre de 2011 prometió derogar leyes ideológicas como las de «género», o la de memoria histórica, eliminar el impuesto sobre el patrimonio, reducir el gasto público superfluo, bajar impuestos, defender la unidad de España sin concesiones al separatismo, o devolver competencias al Estado. No cumplió ni una sola promesa. Ni una. Gobernó como si de un tecnócrata sin alma se tratara, asumiendo la agenda de sus adversarios y blanqueando la herencia zapaterista que decía querer revertir. Y aun así, su partido siguió recibiendo millones de votos. Porque aquí mentir no se castiga: se institucionaliza.
La situación actual, con el gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez, roza directamente el fraude de ley constitucional. No se han aprobado Presupuestos Generales del Estado desde hace años. No hay control parlamentario real, no se presentan planes plurianuales de acción, se oculta sistemáticamente información al Congreso, se manipulan cifras macroeconómicas, se endeuda el país hasta niveles insostenibles y se recurre a fondos europeos y préstamos sin explicar su destino. Todo ello mientras la presión fiscal alcanza máximos históricos y la recaudación se multiplica, pero sin ninguna mejora visible en los servicios públicos, y sin transparencia alguna sobre el uso del dinero.
¿Dónde van esos fondos? ¿Quién fiscaliza su destino? ¿Qué organismo independiente se atreve a levantar la voz? Nadie. Porque todos —desde el Tribunal de Cuentas hasta la Comisión de los Mercados, pasando por el Congreso y la Fiscalía— están colonizados por cuotas partidistas. El gobierno no rinde cuentas, simplemente las evita. Miente, oculta, tergiversa. Y la oposición, desfondada o cómplice, le sigue el juego.
Los únicos que sí dicen claramente lo que quieren son los separatistas, que no se andan con ambigüedades: quieren destruir el Estado, dinamitar la soberanía nacional y convertir España en un mosaico de repúblicas clientelares. Lo dicen, lo repiten y lo consiguen. Porque el gobierno de Sánchez se lo permite, les otorga amnistías ilegales, financiación privilegiada y les entrega competencias estratégicas a cambio de seguir un día más en el poder. Eso, en cualquier democracia sana, sería considerado traición o golpe institucional. Aquí se celebra como «diálogo».
Pero si hay algo más grave que la mentira institucionalizada, es el culto a la ignorancia que se ha instalado con total impunidad en las más altas esferas del Estado. Hace apenas unos meses, Pilar Lucio, vocal del Consejo de Seguridad Nuclear, soltó sin rubor, cuando se le preguntó por su falta de conocimientos técnicos, la frase:
“No es bueno saber demasiado.”
Lo más alarmante es que no tiene formación científica ni técnica: es simplemente una militante socialista, amiga del presidente del Gobierno, a la que se ha colocado en un órgano técnico de máxima sensibilidad. Y no es un caso aislado: es el modelo.
Este patrón se repite en ayuntamientos, diputaciones, tribunales de selección, empresas públicas, fundaciones, observatorios y organismos autonómicos. Allí, quienes evalúan oposiciones o reparten fondos suelen carecer de formación específica. Los examinadores suelen tener menos cualificación que los aspirantes. ¿Su mérito? Ser del partido, del sindicato, del clan correcto. Así se bloquea el acceso por méritos. El conocimiento es peligroso, el talento es subversivo y la independencia, intolerable.
Y por si quedaba alguna duda, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, lo verbalizó con claridad pasmosa:
“Uno de mis sueños es ver a una persona analfabeta en el Consejo de Ministros.”
No para erradicar el analfabetismo, sino como símbolo de «inclusión». Con estas declaraciones no se le reprochó nada. Al contrario: fue aplaudida como “valiente” y “progresista”. El Estado, colonizado por una izquierda cultural que desprecia el saber, celebra ahora la mediocridad como virtud.
El resultado de todo este panorama es la desafección, la indignación cínica, la apatía del votante y la idea cada vez más generalizada de que esto no tiene arreglo desde dentro del sistema. Que España no está gobernada por estadistas, ni por representantes del pueblo, sino por una red de oligarquías de analfabetos funcionales, impostores vocacionales que hacen carrera política a base de falsear datos, manipular a los medios y sobrevivir a base de puro cinismo.
Pero… ¿Por qué sucede esto? Porque los partidos políticos españoles no son organizaciones democráticas, sino agrupaciones mafiosas donde impera la ley de hierro de las oligarquías. No hay democracia interna, no hay elecciones primarias reales, no hay rendición de cuentas interna, no hay transparencia. El capo manda, y el resto obedece. Los programas electorales son simples cartas a los Reyes Magos, declaraciones vacías que se olvidan el día después de las elecciones. Solo los separatistas dicen lo que harán y lo cumplen: destruir España. Al menos son sinceros.
¿Qué hacer ante semejante demolición del Estado? Algunas propuestas de regeneración institucional
¿Queremos seguir siendo gobernados por impostores o recuperar el control del país?
Propuestas urgentes para rescatar lo poco que queda
Frente a este panorama desolador, no basta con la denuncia. Hace falta una auténtica regeneración institucional que rompa con la cultura de la mentira, el analfabetismo funcional y la impunidad. He aquí algunas propuestas esenciales:
- Supresión de los aforamientos: ningún cargo público debe gozar de privilegios judiciales. Todos deben responder ante la justicia como cualquier ciudadano.
- Reinstauración del «juicio de residencia»: una figura histórica del Derecho hispánico que obligaba a los cargos públicos a rendir cuentas de su gestión al final del mandato. Un buen instrumento para prevenir abusos y premiar la buena gestión.
- Aprobación de una Ley de Responsabilidad Política y Administrativa: que establezca claramente la responsabilidad penal, civil y patrimonial de los funcionarios y cargos electos, incluyendo penas de inhabilitación perpetua por fraude, prevaricación o malversación.
- Exigencia de titulaciones y experiencia profesional para cargos técnicos y de alta responsabilidad: basta de poner a periodistas en asuntos exteriores, a filólogas en sanidad o a peones sindicales en energía nuclear.
- Despolitización de los órganos de selección y evaluación del personal público: que sean independientes, transparentes y con criterios objetivos. Los tribunales de oposición deben estar formados por profesionales acreditados, no por comisarios políticos.
- Obligatoriedad de cumplimiento del programa electoral: bajo pena de expulsión del cargo o inhabilitación si se incurre en un fraude programático flagrante.
- Auditorías externas e independientes a todos los niveles de la administración pública, con publicación obligatoria de resultados y posibilidad de sancionar por ocultamiento o falseamiento de datos.
- Limitación de mandatos, reducción drástica del número de asesores y supresión de todos los cargos duplicados entre administraciones. España no necesita 17 miniestados ni 400.000 políticos.
En resumen: la regeneración política y administrativa de España solo será posible si se corta de raíz la cultura del embuste, de la mendacidad impune y la ignorancia premiada. Mientras sigamos aplaudiendo a quien miente con elegancia o dimite con glamour, en lugar de exigir excelencia, integridad y preparación, no saldremos del lodazal. Los partidos políticos deben dejar de ser cuevas de mediocres adictos al poder y al dinero público. Y los ciudadanos, mientras tanto, debemos dejar de comportarnos como súbditos resignados.
Porque, al final, un pueblo que acepta ser gobernado por analfabetos funcionales termina gobernado por tiranos.
Y un sistema donde la mentira no solo no se castiga, sino que se premia, está condenado a su propia disolución.
España necesita algo más que maquillaje institucional. Necesita una cirugía de hierro.
Una limpieza sin contemplaciones. Una regeneración moral, política y jurídica.
Y sí: eso molestará a todos los que hoy viven del sistema. Precisamente por eso es urgente y necesario.
