Ana Palacio ex ministra de asuntos exteriores del Reino de España ha publicado en su sección del diario El mundo el sábado 8 de agosto un excelente artículo «La palabra sin responsabilidad» de obligada lectura.
Pero junto a su reseña y recomendación, el citado artículo suscita algunas cuestiones que aunque sea pobre y urgentemente, no puedo dejar de apuntar en ejercicio de lo que ella considera fundamentos de una democracia liberal.
Expone con brillantez la Sra ex-ministra que las redes sociales han traído consigo «la palabra sin responsabilidad» que se convierte en insulto, escondido en innumerables ocasiones en el anonimato. El insulto no busca el razonamiento sino que va dirigido a buscar el aplauso de los correligionarios, porque «no trata de convencer al mínimo resquicio de verdad que se reconoce en el otro, con lo que desaparece la curiosidad por el otro a quien comprender y refutar», aunque sea para acrecentar, de paso, nuestra razón.
Ese reconocimento que se hace al otro de un porcentaje, siquiera mínimo, de verdad es requisito esencial para que exista debate o diálogo y constituye fundamento de la democracia liberal. «Cuando desaparece la posibilidad misma de persuadir, desaparece el incentivo de razonar». Es lo que brillantemente llama la Sra, ex-ministra, «el zanjismo».
«La calidad de una democracia no depende únicamente de las Instituciones, dice. Depende también del comportamiento de sus ciudadanos en particular del modo en que utilizan la palabra». La tecnología no exime de sentirse responsable de las palabras.
Todo ello es cierto. Pero olvida, la Sra. ex Ministra en su brillante artículo, en primer lugar, que es la posibilidad tecnológica la que ha eliminado desgraciadamente el papel, reducido el espacio y el tiempo de respuesta, la que propicia la velocidad y la urgencia que consiguen las redes lo que impide o dificulta el reposo necesario para argumentar la contradicción. La parte positiva es que las redes permiten un cierto control de algunos aspectos del poder, siquiera pobre, a los efectos de proporcionar la información que los medios subvencionados y sincronizados, la partitocracia y el corporativismo ocultan. ¿Qué porcentaje de lo que hoy sabemos conocería buena parte del pueblo soberano si no existiesen las redes?.
Olvida igualmente la Sra ex-ministra que la utilización de la palabra en la vida pública está en buena parte monopolizada por los partidos, lobbies y grupos de poder que permiten la cooptación a las instituciones y de paso, a los medios de comunicación para expresarla y difundirla. Sólo aquellos españoles que pertenecen, se afilian o se arriman a un partido, lobbie o grupo de poder, pueden cooptar a las prebendas, cargos o magistraturas y lograr el eco o alcance suficiente a su palabra para que podamos conocerla los demás.
La mayoría no tiene esa posibilidad y a esa circunstancia se une tener que sufrir, como los españoles hoy, la arrogancia, el abuso y la falta de palabra del podere político. Bien porque no tenga honor, bien porque no tenga formación, o bien por las dos cosas, como sucede incluso con personajes que detentan hoy las más altas magistraturas de la Nación.
Falta pues en «la palabra sin responsabilidad» el brillante artículo de la ex-Ministra el reconocimiento de que son precisamente los políticos los primeros en faltar y luego degradar la palabra hasta vaciarla de significado abusando de su autoridad incluso con el insulto y a través de las redes desde su propio Ministerio. No es preciso siquiera citar un ejemplo paradigmático que todos los lectores
conocen. Basta pensar en que el ilegítimo okupa de Moncloa ostenta un récord verdaderamente olímpico de mentiras, incumplimientos e imputaciones. Un verdadero paladín de «la irresponsabilidad sin palabra».
Hace tiempo que esa falta de valor de la palabra de nuestros gobernantes y su nula responsabilidad lleva provocando lo que el maestro Umbral llamaba «delicuescencia de la soberanía», que se evapora al contacto con la realidad de la misma forma que la sosa cáustica con la humedad que pone de manifiesto en el momento presente una doble ilegitimidad:
Primero, por la falta de representatividad, al no haber sido elegidos los supuestos representantes uno a uno, como deberían. Y en el caso del presidente, incompresible e ilegítimamente aún en el poder, por no haber ganado jamás unas elecciones y ostentar así un poder omnímodo sin mecanismo constitucional que lo impida hasta el momento, a pesar de sumarios, escándalos y traiciones, rodeado de numerosas imputaciones.
Cierto, Sra ex-ministra, que allí donde la palabra deja de llevar aparejada responsabilidad se agosta y acaba perdiendo también autoridad, pero al mismo tiempo, y aunque sea indeseable o desagradable, resulta comprensible e incluso legítimo de acuerdo con la doctrina española del derecho de gentes del XVI, el padre Mariana, Vazquez Menchaca, etc.., ante la absoluta indefensión frente a un tirano que usurpa manifiestamente el poder en contra de los intereses generales generando la indefensión de todo un pueblo que, no olvidemos, es el sujeto titular de la soberanía.
Así pues la palabra, en cualquiera de sus formas, es un arma legítima y responsable del individuo indefenso frente al poder cuya soberanía ha sido secuestrada por un tirano y sus esbirros o comparsas que actúan sin responsabilidad y no representan más que a las élites de los partidos, como insistía García-Trevijano, seis u ocho individuos en una Nación, a su vez títeres o sujetos a los poderes de su financiación que mueven los hilos de estas marionetas que vemos por televisión.
Siempre acudo a Marañón cuando hablo de liberalismo. Ser liberal, dice el insigne polígrafo y humanista español, requiere sólo dos cosas: «Estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otra manera y no pensar jamás que el fin justifica los medios, sino que son los medios los que justifican el fin».
Vuelve a tener razón la Sra. ministra cuando afirma que «La democracia liberal presupone ciudadanos capaces de admitir que el otro puede tener -al menos- algo de razón».
El problema es que vivimos una tiranía que ha acabado con la democracia liberal. Y cuando el dictador secuestra las instituciones hasta acabar con la soberanía popular, cuando rodeado de imputaciones se bunkeriza entre la Moncloa y la Mareta, desaparece el incentivo e incluso la obligación de razonar. En una situación tal, es el tirano el que provoca la desesperación y basta exigir, con mejor o peor lenguaje, con mayor o menor acierto, la salida del dictador.
