Bildu. Explican en persona a jueces del Constitucional lo que está pasando por legalizar Bildu

Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, trasladó hoy personalmente a miembros del Tribunal Constitucional sus consideraciones sobre los efectos que está teniendo que esta institución permitiera a la coalición Bildu estar en las elecciones municipales del pasado 22 de mayo.

Pagazaurtundua trasladó estas impresiones a los magistrados durante el homenaje a las víctimas del terrorismo que tuvo lugar esta tarde en el Congreso de los Diputados. A este acto no acudieron las principales asociaciones de víctimas, como AVT y Covite, pero sí las más altas instituciones del Estado.

En concreto, entre los asistentes a este acto estaban el presidente del Constitucional Pascual Sala, y el magistrado de esta institución Francisco José Hernando. Sala votó a favor de legalizar Bildu, mientras que Hernando se pronunció en contra.

Fuentes próximas a Pagazaurtundua consultadas por Servimedia explicaron que la presidenta de la Fundación de Víctimas habló sobre el asunto de Bildu con los magistrados del Constitucional que acudieron al homenaje del Congreso.

En concreto, al terminar los discursos en el hemiciclo, los invitados departieron durante un rato en un salón de la Cámara Baja. Esto hizo que coincidieran en el mismo lugar Pagazaurtundua; el vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares; así como los magistrados Pascual Sala y Francisco José Hernando.

Fue en esa sala donde Pagazaurtundua trasladó a Pascual Sala su experiencia sobre lo que está pasando en el País Vasco tras la legalización de Bildu. Además, la presidenta de la Fundación de Víctimas entregó al presidente del Constitucional un documento que las asociaciones difundieron en noviembre de 2010.

En este documento, que se envió entonces al Constitucional y a otras instituciones del Estado, se decía que las víctimas demandaban un final de ETA «con ley y justicia» y sin ninguna «impunidad judicial o histórica» de los terroristas. También se alertaba contra las �marcas blancas� de Batasuna y se rechazaba una aplicación «laxa» de los beneficios penitenciarios que suponga una medida de gracia para los etarras.

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