Cada vez que hablamos sobre Cataluña, me viene a la mente una entrevista de televisión que vi durante mi infancia en la que al señor Jordi Pujol le preguntaron acerca de su sentimiento de pertenencia a España. La pregunta era clara: «¿se siente usted español?». Ante aquella sencilla cuestión, Pujol sufrió un repentino ataque de tos que no le permitió responder.
Eran los incipientes años noventa, yo era un niño y Pujol llevaba de Presidente de la Generalitat más años de los que yo llevaba en este mundo.
20 años después, esta cuestión sigue sin ser respondida por los altos cargos que han ido ocupando puestos de responsabilidad en Cataluña. Es cierto que algo ha cambiado en la estrategia de aquellos en los que habita un sentimiento étnico-chovinista, con delirios utópicos y una distorsión de la realidad histórica, social y política de una de las regiones más importantes de nuestro país.
En un contexto en el que todos hemos podido comprobar como el Molt Honorable amasaba una fortuna de unos 1.800 millones de euros, según fuentes del Ministerio del Interior, de forma inexplicable (un mileurista debería trabajar durante más de 3.060 vidas para acumular dicha cantidad), en el que Cataluña se encuentra al borde de la ruina económica, donde las empresas huyen hacia otros lugares por temor a un gran cataclismo y en el que los servicios básicos como la Sanidad están en peligro, la maquinaria del independentismo se ha puesto en marcha apostando firmemente por una estrategia basada única y exclusivamente en los sentimientos.
Se trata de una campaña centrada en tocar el corazón de los catalanes y no su cerebro (y mucho menos su bolsillo). La premisa es clara y sencilla: «el derecho a decidir».
Es evidente que todos queremos decidir. Si alguien le preguntase a usted si desea decidir sobre su futuro trabajo, sobre sus planes familiares o sobre donde pasar las próximas vacaciones, es razonable que todos apostemos por ser los dueños de nuestras propias decisiones.
De ahí que hayamos visto a personas representativas de la sociedad catalana (deportistas, cantantes o ex políticos) apostando por el famosos «derecho a decidir».
Lo que subyace debajo de esta pregunta trampa no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de ámbito jurídico. Y es que el Gobierno de Cataluña tiene la lección bien aprendida tras el batacazo del famoso Plan Ibarretxe centrado en solicitar el anhelado derecho de autoderminación.
Una cuestión que recoge el Derecho Internacional Público y que se circunscribe al ámbito de actuación de las colonias (sirva de ejemplo la evolución de las colonias africanas desde la Conferencia de Berlín de 1884 hasta su descolonización).
Jurídicamente el planteamiento realizado desde la Generalitat es una aberración. Viola la Constitución Española que fue avalada por el 91% de los catalanes (la Comunidad Autónoma donde se aprobó con el mayor porcentaje), el principio de soberanía y los principios básicos del Derecho Internacional Público. Es importante reseñar que no existe jurídicamente un «derecho de secesión», ni en base al Derecho Constitucional (ninguna Constitución del mundo lo recoge), ni al Derecho Internacional, garante del principio de integridad territorial como elemento básico de su ordenamiento.
Tampoco podemos olvidar que durante los debates preparatorios de nuestra Constitución se rechazó de forma contundente (268 votos en contra, 5 votos a favor y 11 abstenciones) la propuesta que presentó el señor Letamendía sobre la posibilidad de reconocer expresamente un derecho de autodeterminación de los pueblos del Estado que les permitiera optar entre seguir formando parte de España o formar otro Estado independiente.
Queda claro que desde la perspectiva netamente iusinternacional o teleológica, lo planteado por Artur Mas no tiene sentido, por eso apela a los sentimientos, a las emociones, al lado más humano.
Una estrategia bien planteada, con muchas lagunas pero que han sabido vender dentro y fuera de nuestro país, con la mirada complaciente de los servicios públicos televisivos y radiofónicos de Cataluña y con una importante inyección de dinero que les permite orquestar una manipulación histórica, jurídica, social y emocional de una Cataluña que no existe.
Es la definición perfecta del juego de la distracción. Mientras los ciudadanos sigamos enredados en esto, Artur Mas, Pujol y compañía seguirán como en la película de Tom Hanks, Jude Law y Paul Newman, «Camino a la perdición», cual banda organizada encargada de preservar sus intereses y prebendas comprando los silencios de los ciudadanos y desviando la mirada de los verdaderos problemas de Cataluña.
Esperamos que esta historia de cine negro, drama y corrupción termine como en la película y los personajes oscuros y tenebrosos sean castigados por los ciudadanos y el Estado de Derecho termine, como en los finales felices, imponiendo la razón al sinsentido.
