Los medios de comunicación ocupan muy poco espacio en el programa electoral del Partido Popular para el 20 N. Frente a la dejadez en esta materia de Rubalcaba, Rajoy se compromete a poner coto al despilfarro que suponen los medios de comunicación públicos, así como a permitir la entrada de capital privado en las televisiones autonómicas y municipales, sin tocar TVE. Sobre la regulación de contenidos de los medios audiovisuales, a diferencia del fuerte intervencionismo socialista —Rubalcaba y los medios: CAC nacional y autonómicos, menos TDT e intromisión en el lenguaje— , huye de planteamientos orwellianos y se centra en lo que preocupa a muchos padres: exigir el respeto a los horarios infantiles.
En el apartado «Nuevas tecnologías para la modernización», el programa del Partido Popular incluye dos medidas sobre los medios de comunicación públicos. La número 6 supone un compromiso para poner coto al despilfarro que suponen las empresas periodísticas de titularidad pública, al poner un límite tanto a su gasto como a sus posibilidades de endeudarse. Incluye, además, la posibilidad de reducir su tamaño:
Estudiaremos la viabilidad económica del actual modelo de televisiones públicas para redimensionarlas y adaptarlas a la coyuntura presupuestaria que estamos atravesando. Estableceremos legalmente techos máximos de gasto y de endeudamiento para todos los medios de comunicación públicos.
A diferencia del PSOE, que en su programa presenta su intención de reducir el número de canales de TDT, el Partido Popular no pretende marcar cuántos medios de comunicación privados deben existir ni aboga por la desaparición de ninguno.
La siguiente medida, la número 7, abre la puerta para que aquellos gobiernos autonómicos y municipales que lo deseen puedan emprender una privatización parcial de los canales públicos dependientes de ellos. Sin embargo, no contempla esta posibilidad para RTVE:
Impulsaremos las reformas legislativas necesarias para que las administraciones autonómicas y locales tengan libertad para adoptar nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas que permitan la entrada a la participación privada.
Mientras que el PSOE defiende la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) con capacidad de influir en el contenido de los medios audiovisuales, el PP evita el intervencionismo y apela a la legislación existente en materia de protección de los menores de edad. Así, en el apartado de «La familia: primera sociedad del bienestar, dice:
Fortaleceremos la lucha contra los delitos en internet, con especial atención a la protección de la infancia. Reduciremos la exposición de los niños a contenidos sexuales o violentos. Garantizaremos la protección de los menores en los medios audiovisuales, exigiendo el estricto cumplimiento de los horarios de protección infantil. Lucharemos para acabar con el marketing irresponsable dirigido a los niños.
