Era un 9 de febrero de 2009. El caso Gürtel había estallado tres días antes y en el PP de Madrid tenía cara -luego vendrían muchas más- de Arturo González Panero, el alcalde de Boadilla del Monte.
Había habido rueda de prensa en Génova 13 como muchos lunes, pero sin que María Dolores de Cospedal aclarara qué iba a pasar con el «Albondiguilla», que así le llamaban. Acabada la comparecencia, quedábamos unos cuantos periodistas cuando el teléfono de una compañera sonó.
Al aparato, el entonces secretario general del PP de Madrid, sentado en su despacho de la primera planta, tenía un mensaje que quería que esta colega transmitiera al resto. Francisco Granados llamó para presumir de que por sus cojones González Panero y su número dos habían sido destituidos, pese a resistirse con uñas y dientes.
Ahora resulta que el brazo incorrupto del killer de Esperanza Aguirre estaba gangrenado de tanto poner la mano para cobrar comisiones del 3% -eso dice la Fiscalía Anticorrupción- a empresarios hambrientos de obra pública.
La Operación Púnica se produce tres días después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz emitiera un auto en el que suma otros 750.095 euros en negro a los 960.347 -también en B- que supuestamente pagó el PP por las obras en su sede.
Y cuatro días después de que Santiago Pedraz ordenara registrar los domicilios y oficinas de Oleguer Pujol y su socio.
Y cinco días después de que el propio Ruz citara como imputado a Ángel Acebes por la presunta contabilidad B del PP; y al exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, por una adjudicación irregular cuya comisión habría servido para financiar la campaña del PP castellano-manchego de 2007.
Y diez días después de que el magistrado Fernando Andreu tomara declaración a Miguel Blesa, Rodrigo Rato e Ildefonso Sánchez Barcoj como imputados en una pieza separada del caso Bankia por el escándalo de las tarjetas black. Que, a su vez, saltó un 1 de octubre.
Granados lo fue todo en el PP de Madrid hasta que perdió la confianza de Aguirre.
Cada escándalo corta a la opinión pública la digestión del anterior, porque en vez de masticarlo sólo da tiempo a engullirlo. La Audiencia Nacional y la Fiscalía General del Estado, en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil, han cogido carrerilla.
Y no parecen dispuestas a reducir el ritmo, empujadas desde la grada por una ciudadanía harta de ladrones de cuello blanco sin más ideología que la del dinero contante y sonante. Harta de que, como denunció la semana pasada el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, la ley esté hecha para el «robagallinas» y no para el gran defraudador.
Enterrado bajo el tablero de esta especie de oca a oca de la corrupción subyace un nombre: el de Alberto Ruiz Gallardón. Fue dimitir el ministro de Justicia y una semana después de la llegada de su sustituto, Rafael Catalá, empezar la partida. Nada es casual.
El presidente lo sacrificó. El Gobierno sabía de sobra la demolición que se venía encima más tarde o más temprano, motivada en parte por la indignación acumulada en unos jueces y fiscales que durante tres años se han sentido insultados y ninguneados por Gallardón, con Mariano Rajoy mirando para otro lado. Desengañados en definitiva.
Ante ese panorama, el Ejecutivo necesitaba alguien de confianza para procurar minimizar los daños, que la voladura sea lo más controlada posible y lo más distanciada posible de las elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo. Misión imposible, pero por intentarlo al menos que no quede.
Lógicamente un ministro de Justicia en el que Rajoy no confiaba desde hacía tiempo y enfrentado a la Fiscalía General del Estado y a la Judicatura no era, ni de lejos, el hombre apropiado. En cambio sí lo es uno que mantiene una excelente relación con el jefe de los fiscales, Eduardo Torres Dulce, y con los jueces, labrada desde los tiempos en que fue secretario de Estado de Justicia con José María Michavila.
Ahora sí quedan atados algunos cabos sueltos en torno a la marcha de Gallardón como un proscrito.
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