La querella presentada por Manos Limpias contra Pablo Iglesias ante el Tribunal Supremo, dada su condición de aforado en calidad de eurodiputado, acusa al secretario general de Podemos de diez delitos: organización criminal, asociación ilícita, desobediencia, cohecho, apropiación indebida, administración desleal, corrupción contra particular, contra la Hacienda pública y contra los trabajadores.
Según el sindicato que preside Miguel Bernard, la editora primigenia de La Tuerka, la asociación sin ánimo de lucro Producciones Con Mano Izquierda (CMI), habría sido «pantalla» de «irregularidades» como la presencia de trabajadores no dados de alta en la Seguridad Social, el pago de comisiones en B por prestaciones de servicio o el abuso de condiciones fiscales, entre otras.
Para ello Manos Limpias aporta como documentación las cuentas desveladas en exclusiva por El Semanal Digital desde pasado verano y que conforman buena parte del soporte que ha fundamentado la querella del colectivo.
Entre esa documentación publicada por este diario y que ahora ha acabado en el Tribunal Supremo se incluye desde un correo electrónico en el que el líder de Podemos habla a su equipo de la productora de una «donación privada» que ha conseguido y sobre la que aconseja a sus compañeros no hacer «preguntas»; a los sueldos por debajo del mínimo legal que pagaba. Pasando por el acta de una reunión en la que especifican que Hispan TV pagará a la productora 3.000 euros por cada edición de Fort Apache.
El sindicato aduce que CMI e Iglesias tuvieron como «finalidad primordial» el «sacar provecho personal» a razón de cobrar 3.000 euros semanales procedentes de la televisión estatal iraní y otros 5.000 mensuales por la emisión de programas turísticos a través de Canal 33.
Según la querella, Iglesias llevó a cabo viajes a Venezuela para obtener «fondos no declarados del Gobierno venezolano» que llegaron a España «a través de la valija diplomática y burócratas venezolanos».
Asimismo, insiste en que se han «ocultado y eludido» obligaciones tributarias y que CMI habría transferido parte de sus fondos de «sospechosa procedencia ilícita» a la sociedad personal de Juan Carlos Monedero, Caja de Resistencia Motiva 2, contra el que también se querelló el pasado lunes.
Manos Limpias estima también que CMI fue una «asociación pantalla» destinada a «realizar una serie de ilícitos con los que poder lucrarse», de ahí que la considere como una «organización criminal enmascarada por dicha asociación».
