El juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona ha decidido archivar la causa presentada contra la ocupación por parte de un grupo de jóvenes abertzales de un palacio del siglo XVIII en el centro de Pamplona y propiedad del Gobierno de Navarra. Ha tomado esta decisión después de que el Gobierno hubiera solicitado esta mañana la suspensión de la petición de desalojo que había presentado en julio y que se hizo efectiva el 18 de agosto de 2018.
Ese día la Policía Foral procedió al desalojo del edificio. Sin embargo, por la tarde, los jóvenes abertzales volvieron a ocupar el edificio entrando por el agujero que había dejado la Policía Foral en el tejado del edificio. Ante esta situación, el Gobierno de Navarra ha optado esta mañana por pedir la suspensión de la orden de desalojo.
El edificio, que data de 1739, es propiedad del Gobierno de Navarra, y actualmente se encuentra sin uso. Los radicales okupas y del entorno abertzale han distribuido por la zona y en redes sociales los motivos de la ‘okupación’.
Según expone el juez, «tal voluntad contraria a la ejecución de la medida (la petición de suspender el desalojo) viene de hecho a legitimar, temporalmente pero con carácter indefinido, el uso al que el inmueble está siendo destinado por personas distintas del propietario». Concluye el juez que «no puede considerarse que el uso del inmueble suponga una ocupación sin autorización debida ante la posterior tolerancia expresa por parte del propietario».
Es decir, el juez considera que si el Gobierno de Navarra, con la petición de suspensión del desalojo, permite la estancia temporal de los ocupantes, el Ejecutivo de Uxue Barkos no está en contra de dicha ocupación y, por lo tanto, el juez no sólo suspende la orden de desalojo sino que archiva la denuncia presentada por el Gobierno de Navarra en el mes de septiembre, cuando los abertzales entraron en el edificio.
Los jóvenes abertzales podrán disfrutar a su antojo de un edificio perteneciente al Gobierno de Navarra y, por lo tanto a todos los navarros a pesar de los riesgos de accidentes o incendio que existe y a pesar de las actividades ilegales que se ejercían en su interior, desde obras hasta barra de bar sin ningún tipo de permiso ni control sanitario.
El grupo denominado Hogar Invisible ha señalado en un comunicado que han accedido al lugar porque son «disidentes del sistema y se encuentra en la calle». Señalan que han okupado el edificio que estaba vacío, en ruinas, en degradación constante para darle vida, reconstruirlo y convertirlo en un espacio seguro y de convivencia. «Todos tenemos voz, sin importar la apariencia, procedencia, olor corporal o clase social», han explicado.
