Los populares no están de acuerdo en cómo se está llevando el proceso de traspaso de poderes
Además del baile de cifras en torno a la deuda oficial y oficiosa de la Junta de Castilla-La Mancha y las denuncias por falta de transparencia y destrucción de documentos, los populares critican las prisas del presidente José María Barreda por conceder subvenciones que podrían perfectamente haber esperado a la formación del nuevo Gobierno.
Además, en el Diario Oficial de la comunidad (DOCM) se han publicado también órdenes que implican cambios en la situación del personal laboral, como la resolución del concurso de traslados de maestros (después de que el CSIF-Central Sindical Independiente y de Funcionarios «informara de la paralización del concurso general de méritos para personal funcionario por los cambios que iban a producirse», según fuentes populares).
En medio de la crisis por el traspaso de poderes y la mala situación económica, en el DOCM se ha publicado, pasadas las elecciones del 22 de mayo, la convocatoria de subvenciones concedida por la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura para «el fomento del cortometraje» en la comunidad, en la que se indica que con la «reformulación de la convocatoria» se amplía el plazo de ejecución y justificación de los proyectos.
Y junto con esta, la Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud hizo público el 3 de junio la resolución del 24 de mayo con la relación de beneficiarios de las ayudas otorgadas a jóvenes artistas de la comunidad, que suman casi 50.000 euros.
El DOCM también informó el 30 de mayo de cuáles eran las ayudas concedidas por la Dirección General de Consumo por un total de 300.000 euros.
Igualmente, el pasado 25 de mayo, el DOCM indicaba que la Consejería de Salud y Bienestar Social reserva un millón de euros para proyectos de investigación en Biomedicina y Ciencias de la Salud, si bien el Ejecutivo saliente detallaba que las ayudas están sometidas «a la existencia de crédito adecuado y suficiente» para su financiación.
Amenaza de paro
Mientras la Junta se da prisa por resolver quiénes son los beneficiarios de algunas de las ayudas publicitadas y convoca otras nuevas, en los hospitales de la comunidad que tienen contratados los servicios de limpieza de la empresa Dokesim amenazan a Barreda con despedirle con una huelga indefinida.
La iniciativa ha surgido de los 80 trabajadores del Hospital de Guadalajara, encargados de mantener en las condiciones establecidas no sólo las habitaciones y las salas de espera, sino los quirófanos, cuya falta de limpieza es lo que más problemas podría generar por cuestiones de seguridad sanitaria.
Según explican desde su comité de empresa, prácticamente todos los empleados están de acuerdo en que el paro es necesario, pero hoy decidirán en una asamblea si van solos o se les suman los trabajadores de Dokesim que trabajan en otros hospitales y centros de atención primaria de la comunidad, 11 en total.
Desde el comité explican que todos tienen sueldos mileuristas y que dejaron de cobrar la nómina de mayo sin previo aviso. En la carta de suspensión de pagos que han recibido se les explica que la empresa ha tenido que tomar esta decisión por haber «agotado las negociaciones con la Junta» sobre los 7,5 millones de euros que les adeuda.
La dirección de la compañía, por su parte, explicó ayer a este diario que desde junio de 2010 el Gobierno de Barreda sólo les ha pagado lo que les corresponde por los meses de enero y febrero de 2011, es decir, que tiene pendientes de pago nueve mensualidades.
Sólo con que recibieran una de todas ellas, la empresa asegura que tendría suficiente para pagar a sus empleados la nómina que les debe, pero son conscientes de que con el cambio de Gobierno el cobro se puede retrasar. Lo que sí descartan, se apresuran a decir desde la dirección, es un concurso de acreedores.
En el comité señalan que es la primera vez en 30 años que se han encontrado en esta situación y que saben que no conseguirán nada con un parón de una hora, así que están decididos a informar a la delegación provincial de Trabajo de una huelga «indefinida», que sólo cesará el día que cobren lo que les falta.
La culpa, explican, es tanto de la empresa como de la Junta y se quejan del «politiqueo» y de que nadie les haya avisado de la situación real «antes de las elecciones» municipales y autonómicas.
Baile de números
Los políticos, por su parte, siguieron ayer con sus acusaciones mutuas y cruce de números. Ayer, por fin, la consejera de Economía, María Luisa Araújo, compareció ante los medios para hablar de las cuentas pública de Castilla-La Mancha.
Mientras el PP denunció el pasado 3 de junio de 2011 que la Junta tiene una deuda adicional con los proveedores de cerca de 2.000 millones de euros, este 8 d ejunio Araújo rebajó esa cifra hasta los 416 millones al cierre del mes de abril.
Sin embargo, en la entrevista que concedió el domingo a El País, recuerdan desde el PP, la consejera reconoció que debían a sus proveedores cerca de 700 millones.
El baile de números se repitió con el consejero de Presidencia, Santiago Moreno. En una entrevista concedida a la Cope, el dirigente socialista aseguró que la deuda de la comunidad no supera los 4.000 millones de euros.
Otra vez, desde el PP le recordaban que el Banco de España ha cifrado esa deuda en 5.819 millones, si bien los populares afirman que se eleva hasta casi 7.000 por la cantidad que también deben a las empresas públicas.
Tras intentar defender la «transparencia» de la Junta, la consejera de Economía defendió que, en contra de lo que critica el PP, no hay facturas escondidas.
Sin novedad
Por otro lado, a pesar de la suspensión de las reuniones de los consejeros, Moreno sí se reunió este 8 d ejunio de 2011 por la mañana en las Cortes regionales con el número dos de María Dolores de Cospedal en el PP castellanomanchego, Vicente Tirado, y la conclusión fue la que ya se conoce, que no están de acuerdo en cómo se está llevando el proceso de traspaso de poderes.
El dirigente socialista insistió en que no habrá reuniones con el PP hasta que los nuevos consejeros tomen posesión de sus cargos y aseguró que están preparando toda la información que los populares les han solicitado.
Sobre la eliminación de documentos, Moreno exigió al PP que diga públicamente dónde se están destruyendo:
«Invito a que el que quiera me diga dónde quiere venir, qué expediente quiere ver. Y lo tiene a su disposición para que compruebe que el expediente está completo, que no falta nada».
