En el caso de que un ex ministro monte su propia empresa, la normativa prohíbe que esa compañía opte por un contrato de servicio o asistencia a la administración pública durante 24 meses
Unos vienen y otro se van. Debido al resultado de las elecciones generales, con una victoria sin paliativos del PP, los miembros del Gobierno socialista preparan sus maletas para dejar su cargo al nuevo equipo ejecutivo que Mariano Rajoy formará para gobernar España.
Cuenta Chiqui Esteban en Lainformación que en ese proceso de transición es donde surgen las quinielas de sobre quiénes se sentarán en los sillones de los ministerios y también donde trabajarán los ministros salientes. ¿Irán a la cola del Inem? o ¿ya tienen apalabrado algún trabajo?
Todavía se desconoce dónde irán los dos vicepresidentes del actual Gobierno, los trece ministros y los 25 secretarios de Estado a partir de que cesen de sus cargos. Independientemente de saber su próximo empleo, todos ellos contarán con una indemnización económica por la renuncia de su puesto como miembros del Gobierno.
Según lo que establece la ley 74/1980, los ex ministros y cargos equivalentes, así como secretarios de Estado disfrutarán del 80% de su último salario anual durante un periodo de dos años. En cambio, el ex presidente del Gobierno contará con una pensión vitalicia, es decir, con un salario de por vida.
Si echamos un vistazo a los Presupuestos Generales del Estado de 2011, podemos saber cuáles fueron las últimas retribuciones de los 50 miembros del Gobierno que se beneficiarán de esa indemnización. Por ejemplo, el cargo de vicepresidente estaba remunerado con 73.486 euros, mientras que el de ministro con casi 69.000 euros y el de secretario de estado casi roza los 68.000 euros.
Con esas cifras y teniendo en cuenta el número de beneficiarios, el Estado pagará más de 4,3 millones de euros como compensación económica conjunta a los miembros del Gobierno. Y a esto hay que sumar los 78.000 euros al año que percibirá José Luis Rodríguez Zapatero en su condición de ex jefe del Ejecutivo.
Esta cifra puede resultar insignificante si se compara con los más de 30.000 millones de euros que deberá recortar el Ejecutivo, pero sí es una cantidad significativa, si se tiene en cuenta los miles de ayuntamientos y familias españolas que están buscando dinero para pagar sus facturas.
Más de la mitad de esa indemnización irá a parar a los bolsillos de los secretarios de Estado. ¿El motivo? Hay 25 personas que desempeñan este cargo a través de sus ministerios correspondientes, es decir, la mitad de los altos cargos que saldrán del Gobierno en funciones.
La compensación económica la disfrutarán mensualmente ese coletivo desde el primer mes de su cese y se prorrogará hasta un máximo de 24 meses, independientemente de que empiecen a trabajar en una empresa privada o en un cargo público, explica el presidente de los Técnicos de Hacienda, Gestha, Carlos Cruzado.
Solamente la renuncia por parte de los beneficiarios evitaría ese pago, indica Cruzado, que explica que este colectivo pagará sus impuestos igual que cualquier ciudadano, es decir, no cuentan con ninguna bonificación fiscal.
Cómo compatibilizar el trabajo
Y ¿dónde pueden trabajar los ex ministros? Algunos de ellos seguirán como representantes del PSOE en las diferentes cámaras parlamentarias y otros optarán por buscar un hueco en el sector privado. En este sentido, deberán tener en cuenta las incompatibilidades por el cargo que han ostentado en el Ministerio anteriormente.
De acuerdo a la ley de incompatibilidades 5/2006, los ex altos cargos públicos deben cumplir unas reglas a la hora de incorporarse en el mundo laboral. Por ejemplo, durante los dos años siguientes a su cese no podrán desempeñar sus servicios en sociedades privadas relacionadas con las competencias asumidas en el cargo.
Es decir, Elena Salgado, vicepresidenta en funciones de Asuntos Económicos, no podría asumir un puesto en el consejo de una entidad financiera hasta finales de 2013. Otro ejemplo: el ministro en funciones de Industria, Miguel Sebastián, no podría acceder a un puesto en una eléctrica.
En el caso de que un ex ministro monte su propia empresa, la normativa prohíbe que esa compañía opte por un contrato de servicio o asistencia a la administración pública durante 24 meses después del cese del alto cargo.
Con el fin de que no haya triquiñuelas, todos aquellos miembros del Gobierno tienen que comunicar a la Oficina de Conflicto de Intereses dónde van a trabajar durante ese periodo de incompatibilidad que abarca los dos años.
Una vez elevada la documentación, esta oficina les dará luz verde para desempeñar ese nuevo trabajo, siempre que no infrinjan esa ley.
La pensión vitalicia del presidente del Gobierno
El caso del presidente del Gobierno es diferente a la de los anteriores miembros del Ejecutivo, ya que cobrará una pensión vitalicia. El último salario de José Luis Rodríguez Zapatero se estableció en 78.185 euros al año, una cantidad que percibirá el resto de su vida.
Aunque todavía es pronto, Zapatero ya estará pensando en su futuro profesional y si miramos a sus antecesores como José María Aznar o Felipe González no tendrá problemas de encontrar trabajo. Por el momento tiene guardado un puesto en el Consejo de Estado.
Tal y como establece el reglamento interno de este organismo, los ex presidentes de Gobierno tendrán acceso a un sillón en el consejo. Este puesto está remunerado con una retribución anual de 72.100 euros, que podría compatibilizar con la pensión vitalicia. Así que de momento su futuro laboral está asegurado.
