Llegó el 1 de enero de 2012 y con el día de Año Nuevo murió la Cataluña taurina. Al menos la oficial. Y al menos hasta que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie, si se da el caso. El Parlament prohibió las corridas de toros en Cataluña el pasado verano —Prohíben las corridas de toros en Cataluña–.
La prohibición taurina entró en vigor este domingo –1 de enero de 2012–, por lo que Barcelona (única plaza activa) ha pasado de ser la capital mundial a prohibir la tauromaquia en apenas 50 años.
La última temporada se convirtió en una reivindicación permanente de las corridas de toros, pese a que solo se celebraron una quincena de festejos. La Cataluña nacionalista y prohibicionista sigue dando pasos adelante —La clase política catalana entra a matar a las corridas de toros–.
COMPETENCIAS NACIONALES
La Monumental de Barcelona acogió en septiembre de 2011 la última de las corridas —Emociones y triunfos en el cierre del toreo en Barcelona–, una cita a la que acudieron cerca de 20.000 aficionados, coincidiendo con la presencia de los matadores y maestros José Tomás, el catalán Serafín Marín y Juan Mora.
La decisión del Parlament, apoyada en una iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por la plataforma Prou! que recogió 127.500 firmas, queda solo pendiente del recurso presentado ante el TC.
A pesar de que algunas Comunidades Autónomas donde gobierna el PP hayan declarado el toreo como bien de interés cultural (BIC), la decisión será firme, salvo que el nuevo Gobierno, tras su paso por el Congreso, recupere las competencias de los festejos culturales y establezca las mismas normas en toda España.
INDEMNIZACIONES DE 300 MILLONES DE EUROS
A partir de ahora, la Generalidad tendrá que indemnizar a los empresarios catalanes taurinos. La ley autonómica fija los primeros seis meses de 2012 como el plazo previsto para determinar las indemnizaciones económicas por el cese del toreo, unas cantidades que los taurinos elevan a más de 300 millones de euros —Prohibir los toros podría costar 300 millones de euros a Cataluña–.
En todo caso, se podría trasladar al presupuesto de la Generalidad de 2013 el hipotético pago y será el Gobierno autonómico el encargado de determinar el importe de la compensación económica a los titulares de derechos subjetivos afectados por la prohibición, «con audiencia a los interesados».
Por su parte, la plataforma Prou! descarta que el nuevo Gobierno recupere competencias y se pueda volver a torear en Cataluña. En declaraciones a Europa Press, Leonardo Anselmi, portavoz de la plataforma animalista,considera que si el Congreso y el Gobierno modifican las norma nacionales se podría considerar que sería una decisión «prácticamente dictatorial».
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