Andalucía no ve con buenos ojos la reforma financiera del Gobierno de Rajoy. Es más, sospecha que invade competencias fijadas en el Estatuto de Autonomía.
El consejero de Economía e Innovación, Antonio Ávila, estrecho colaborador de Griñán y una de sus personas de confianza, opina que las exigencias de provisiones adicionales en posibles fusiones «son muy elevadas», lo que, en opinión del consejero, «ello puede determinar muchas entidades no las puedan cumplir y que el único camino para conseguir más plazo para cumplir y acudir al Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria (FROB) sea el de la integración».
Ante este escenario, Ávila cree que «no se trata de fusionar por fusionar, sino de alcanzar integraciones que sean positivas porque su resultado sean entidades mejores, más sanas y más solventes».
En el trasfondo, las intenciones de Unicaja de crecer, estrategia que guarda celosamente su presidente, Braulio Medel, quien hasta ahora ha logrado resistir y ganar al Ejecutivo anterior de Rodríguez Zapatero, desde cuyo entorno se sugerían al veterano financiero y ex político malagueño operaciones de dudosa rentabilidad.
La última maniobra del discreto Medel se conoció a finales de diciembre de 2011, cuando se reveló que Liberbank, el banco liderado por Cajastur, y el grupo resultante de la fusión de la malagueña Unicaja y las cajas castellano-leonesas Caja España y Caja Duero, mantenía contactos para explorar la posibilidad de una fusión. De confirmarse, la operación daría lugar a un banco con más de 130.000 millones de euros en activos y que ocuparía la séptima posición en el ranking financiero español.
Unicaja tendrá cubierta su provisión inmobiliaria
Las cuentas preliminares de la entidad, comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), indican que 264 millones se cogerán de los excedentes de capital, mientras que los otros 427 millones procederán de provisiones «ya preconstituidas» (es decir, realizadas en años anteriores) y de la propia cuenta de resultados.
Y Unicaja se está preparando, porque ha cifrado en un importe bruto total de 691 millones de euros las provisiones de capital necesarias por su exposición a los activos vinculados al sector del ladrillo para cumplir con las exigencias de la reforma financiera anunciada el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Medel tiene prisa y Unicaja tendrá cubierta esta cuantía en el primer semestre de este año, aun cuando el Ejecutivo ha dado plazos más holgados para hacerlo.
Un pronunciamiento que se produce al mismo tiempo que Santander, BBVA y Caixabank, anuncian que tendrán que provisionar un total de 6.096 millones de euros más para cumplir la nueva normativa aprobada por el Gobierno y cubrir las pérdidas derivadas de los activos inmobiliarios, según la información que las tres entidades han trasladado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Decreto-ley
La Junta de Andalucía está analizando el Decreto-Ley de reforma del sector financiero aprobado por el Consejo de Ministros «desde la perspectiva del respeto al marco competencial de las comunidades autónomas en esta materia» y ha advertido de que si se vulneraran competencias con dicha norma «tendremos que activar los mecanismos constitucionales de defensa de las competencias de Andalucía».
Ávila se ha pronunciado de esta forma ante la pregunta de qué hará Andalucía si la reforma del sector financiero afecta al papel de la Comunidad en las fundaciones de las cajas o en otro aspecto de su competencia.
La Junta entiende que la reforma se ha realizado sin recabar la opinión de las comunidades autónomas, entre ellas, Andalucía, que ostenta competencias sobre una parte del sistema financiero en virtud de su Estatuto de Autonomía, «y que pidió ser escuchada en este proceso a través de una carta remitida por el consejero de Economía al ministro De Guindos». Algo que, según fuentes del Gobierno andaluz, no ha ocurrido hasta ahora.
Ávila ha señalado que «es urgente y necesario que el crédito fluya con normalidad para las familias y las empresas, y para ello es necesario contar con entidades financieras serias, solventes y saneadas». En este sentido, considera que ésta es «una reforma continuista, que representa un paso más en el proceso de reestructuración del sistema financiero español iniciado por el anterior Gobierno de España».
La reforma financiera
El Real Decreto Ley de saneamiento del sistema financiero aprobado por el Consejo de Ministros aborda cuatro aspectos: un plan de saneamiento del sector, un plan de reestructuración, la simplificación de los órganos rectores de las cajas de ahorro y limitaciones estrictas al sistema de remuneraciones de los administradores y directivos de las entidades que reciban ayudas.
La reforma impulsada por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos persigiue simplificar la estructura de las cajas de ahorros que no lleven a cabo actividad propia de una entidad de crédito. Se busca, ha dicho, reducir costes, y se establece la obligación de que «dediquen el 90% de sus excedentes de libre disposición a cumplir con su obra social».
El Ejecutivo también ha establecido un conjunto de limitaciones a las remuneraciones fijas y variables de consejeros, administradores y directivos tanto de las entidades que recibieron ayudas públicas como de las cuatro que fueron intervenidas.
Luis de Guindos ha precisado que los directivos de las entidades que han recibido préstamos del Fondo de Reestructuración Bancaria no podrán cobrar remuneraciones anuales superiores a 600.000 euros. El límite para los directivos de las entidades intervenidas es de 300.000.
