Hace 20 años el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dirigió una operación contra la banda terrorista Terra Lliure. El 29 de junio de 1992 y los días posteriores, poco antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Guardia Civil detuvo a unos 40 presuntos terroristas o miembros de Terra Lliure.
Del total, 18 fueron condenados por la justicia en 1995. Se les acusó de terrorismo, tenencia de explosivos y armas ilegalmente y pertenecer a una banda terrorista. En 1996, el Gobierno, entonces presidido por Felipe González (PSOE), indultó a los únicos (dos de 18) que seguían en prisión.
El siguiente Ejecutivo, ya presidido por José María Aznar (PP), indultó al resto de condenados (16 de 18) que aunque no estaban en prisión seguían cumpliendo condenas. Estos son los nombres de los 18: Josep Musté Nogué, Joan Antoni Rocamora Aguilera, Vicent Coll Pitarch, Marcel Dalmau Brunet, Jordi Bardina Vilardell, Miquel Casals Fernández, Vicent Coll Pitarch, Esteve Comellas Grau, Josep Maria Granja Villalta, David Martínez Sala, Jaume Oliveras Maristany, Ramon Piqué Huerta, Àngel Pitarch Soriano, Francesc Puy Cuevas, Xavier Ros González, Ferran Ruiz Martos, Geroni Salvador Baca y Francesc Xavier Tolosana Arriaga.
EL TEDH CONDENA AL ESTADO POR NO INVESTIGAR
Al poco de ser detenidos, la mayoría de ellos denunciaron judicialmente que habían sufrido torturas físicas y psíquicas por parte de la Guardia Civil. Sin embargo, todas los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional, entre 1994 y 1999, determinaron que no había indicios que avalasen las acusaciones de torturas. Los detenidos fueron evaluados cada día por médicos forenses.
Pero 15 de los detenidos decidieron acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En 2004, este tribunal europeo condenó al Estado a pagar una indemnización de 8.000 euros a cada uno de los demandantes.
Pero la condenada no fue por las posibles torturas, ya que el TEDH descartó la existencia de cualquier indicio sobre los supuestos «malos tratos durante la detención», sino por la «ausencia de una investigación oficial efectiva sobre dichas alegaciones».
ALTAVOZ DE TV3 Y CATALUNYA RÀDIO
Pues bien, desde entonces el mundo independentista radical ha ido propagando la idea (apoyados en varios medios de comunicación, entre estos, Catalunya Ràdio y TV3) de que al juez Garzón el TEDH le condenó por permitir las torturas. Nada más lejos de la realidad.
Ahora, en 2012, cuando se cumple el vigésimo aniversario de las detenciones, el entorno periodístico del independentismo radical ha editado un vídeo en el que, con entrevistas a los protagonistas, se pone el foco de la culpabilidad en Garzón. «Operació Garzón» es el título del reportaje.
El documental se ha estrenado en Olot (Gerona), con el consiguiente eco mediático en Catalunya Ràdio y TV3, así como en otros medios de comunicación privados. Todos dan por hecho que las detenciones fueron por ser «independentistas», cuando los condenados lo fueron por terroristas y por tener explosivos.
DISTORSIÓN DE LAS SENTENCIAS
Unas distorsiones que son promovidas también por entidades que reciben subvenciones de la Generalidad de Cataluña. Es el caso del Grup de Periodistes Ramon Barnils, entidad que señala a los medios que no son independentistas —Un grupo de periodistas subvencionados defienden la independencia de Cataluña–, y cuyo presidente, David Bassa, autor del documental ‘Terra Lliure, punt final’ y colaborador del polémico reportaje-homenaje sobre ‘La Crida’, ha criticado —En la redacción, pistola en mano— que los grandes medios de comunicación en Cataluña (menos los públicos) no hayan hecho ni caso al vídeo que «pone el foco sobre las torturas sufridas» por los encausados de «aquella desdichada operación preolímpica».
Incluso un diputado autonómico de ERC apuntó en abril de 2010 —«Garzonada» contra Garzón–, cuando Garzón empezó a ser procesado por el Tribunal Supremo, lo siguiente:
«Fue Garzón quien orquestó una operación judicial y policial que ha quedado grabada en la memoria con su nombre donde se detuvo a decenas de independentistas, muchos de la cuales fueron torturados y maltratados. En el año 1992, Garzón convirtió el año olímpico en una etapa de horror para decenas de personas y sus familias y amigos, y ante las denuncias de torturas que formularon en sus declaraciones los independentistas detenidos, se negó a investigarlas».
EL TEDH RECONOCE LA CORRECTA LABOR DE GARZÓN
Sin embargo, al margen de que no haya habido un solo tribunal (ni español ni europeo) que condenase a nadie por torturas, ni al juez ni al Estado, un tema no menor, el caso es que según el TEDH la actuación de Garzón fue impecable.
Debido a que la Audiencia Nacional no tiene potestad para investigar una denuncia de un presunto caso de torturas de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, ya que, este tribunal tiene entre sus atribuciones la investigación de los casos de terrorismo y podría incurrir en connivencia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que en muchas operaciones debe dar instrucciones directas, Garzón invitó a la médico forense a que examinara a los demandantes de las torturas.
La médico forense, siempre según el TEDH, «presentó su informe el 21 de julio de 1992. En él precisaba que las visitas médicas habían tenido lugar, en ausencia de terceras personas, en un despacho de la Dirección general de la Guardia Civil y/o en un despacho situado en los calabozos de la Audiencia Nacional. Tras identificarse, la médico forense preguntó cada vez al sospechoso si había sido tratado correctamente o si había sido maltratado. A partir de su llegada a Madrid, los detenidos fueron examinados cada día y lo fueron nuevamente tras su traslado a los calabozos de la Audiencia Nacional».
La Audiencia declinó seguir investigando y desvió el caso a un juzgado de instrucción ordinario. Ningún tribunal dio la razón a los detenidos. El TEDH considera que el Estado debía haber seguido investigando, y por esto se le condena, pero deja escrito que «las constataciones que figuran en los certificados médicos» emitidos por los médicos y «el comportamiento a veces poco cooperativo de algunos de los demandantes con estos últimos, suscitan dudas en cuanto a la credibilidad de las alegaciones de malos tratos formuladas ante el Tribunal».
