Entre los caraduras figuran tres exconsejeros de la Junta de Castilla-La Mancha y otros tres exdelegados provinciales
Con los castellano-manchegos pasando las de Caín para llegar a fin de mes, la codicia de 33 exaltos de los gobiernos socialistas de José Bono y José María Barreda ha soliviantado a la ciudadanía de una Comunidad que en septiembre se vio obligada a solicitar un rescate al Gobierno de 848 millones de euros para mantener al día sus pagos.
Esos 33 socialistas, que tuvieron implicación directa en las ruinosas cuentas que heredó María Dolores de Cospedal en 2011, han recurrido al Ejecutivo regional para seguir cobrando un plus vitalicio de 342 euros de media. Aunque ha habido casos en que ha llegado a 800.
Explica ‘ESD‘ que ese dinero extra, conocido como «complemento de alto cargo» fue creado en 1991 por Bono y ampliado en 2004, y con él se premiaba a los funcionarios que hubieran desempeñado un puesto de gran responsabilidad después de abandonarlo.
Sin embargo, tras percatarse de su existencia Cospedal decidió suprimirlo de cuajo a través de la Ley de Presupuestos de 2012.
Hasta julio -el último mes que se abonó- lo recibían 84 exaltos cargos, pero se ve que a 33 de ellos no les hizo ninguna gracia ver mermados sus ingresos a partir de esa fecha y acudieron a los tribunales.
Entre los caraduras figuran tres exconsejeros de la Junta de Castilla-La Mancha y otros tres exdelegados provinciales.
Concretamente, el exconsejero de Sanidad Roberto Sabrido, la exconsejera de Agricultura Mercedes Gómez y la exconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas Sonia Lozano, así como los exdelegados provinciales Antonio Santolaya, Manuel Guerrero Pérez y Manuel Laguna Monroy, según un listado oficial de los recurrentes.
Además, solicitaron seguir cobrando el plus diez secretarios generales: Eloy Rodríguez, que pasó por las consejerías de Ciencia y Tecnología y Presidencia entre 2003 y 2008; Rafael Ariza Fernández, de la Consejería de Cultura entre 2000 y 2001; Rodrigo Gutiérrez Fernández, del Servicio de Salud entre 2008 y 2009; Tomás Hervás Lorite, de la Consejería de Educación entre 2008 y 2011; María Soledad Obeo Puebla, nombrada en la Consejería de Economía y Hacienda en 2004; Jesús Pastor Martínez, de las consejerías de Presidencia y Administraciones Públicas en 2003 y 1995; José Antonio del Ama Manzano, de la Sescam de 2009 a 2011; César Estrada Rivero, de las consejerías de Obras Públicas, Economía y Hacienda y Ciencia y Tecnología entre 1995 y 2003; Inmaculada Fernández Camacho, de las Consejerías de Cultura y Presidencia de 1993 a 2009; y Manuela Gallego Palomo, de la Consejería de Bienestar Social de 2001 a 2011.
Entre los nombres también aparecen los de 11 directores generales: Reinaldo de la Fuente de la Fuente, Javier García Martín, Berta Hernández Fiero, Federico López Navarro, Julián Martín-Alcántara, Luis Martínez García, Francisco Javier Pérez Hernández, Juan Alfonso Ruiz Molina, Jesús Montalvo Garrido y Roberto Puente Aguado. Completan el listado cuatro secretarios generales técnicos: Alicia Martínez Rubio, María Teresa Patiño Lafuente, Carmen Suárez Blanco y Carlos Barrios Leganés.
Tras descubrirse su jugada, el líder de los socialistas de Castilla-La Mancha no sólo no les reprendió públicamente, sino que les apoyó.
«Están en su derecho como ciudadanos», afirmó Emiliano García-Page. Todo lo contrario que el portavoz del PP en las Cortes regionales.
«Son esos mismos representantes del PSOE quienes han protagonizado una gestión escandalosa y encima ahora no saben entender este tipo de decisiones», se quejaba anoche el popular Francisco Cañizares, en ‘El Gato’ de Intereconomñia TV.
