El TSJIB califica de "completa inoperancia" la reprobable actitud del consistorio
Al alcalde de Campos, Sebastián Sagreras, le ha salido caro no derribar los 68 apartamentos de la urbanización ilegal de Ses Covetes a los que estaba obligado por sentencia.
Tras varias apelaciones que fueron rechazadas, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), le ha clavado ahora dos multas que suman un total de 1.500 euros.
En el auto se le acusa de haber ‘pasado’ del tema, tras haberse establecido un calendario de etapas para su ejecución, cuya primera parte finalizó precisamente el pasado 14 de enero.
Al no haber cumplido este plazo, «se establece una multa coercitiva de 500 euros a cargo del patrimonio personal de Sagreras, y al haber transcurrido otros 20 días hábiles de incumplimiento se procede a la segunda multa por otros 1.000 euros».
Sagreras dispone de 10 días para el pago de las dos multas impuestas y si no llega a cubrirlas, se lo hará por la vía judicial de apremio.
ADVERTENCIA
Además, la sala advierte a Sagreras de una tercera multa si, transcurridos otros 20 días a partir del 6 de febrero pasado, persiste el incumplimiento de la ejecución de la sentencia por parte del consistorio, según informa Efe.
El auto al que ha tenido acceso la citada agencia recuerda que el Ayuntamiento de Campos tenía la obligación, desde octubre de 2008, de demoler los 68 apartamentos ilegales de Ses Covetes y restituir los terrenos a su estado natural y que la sala de lo contencioso administrativo debe obligar, «por todos los medios» al Ayuntamiento de Campos a ejecutar la sentencia.
A falta de designación de un responsable, el auto responsabiliza a la alcaldía de Campos, en este caso, a Sagreras, y resume su comportamiento en «no hacer nada y callárselo», al menos desde que asumió el cargo hasta el 13 de noviembre de 2012, cuando el TSJIB confirmó el derribo y dio seis meses de plazo para su cumplimiento.
El Tribunal Superior afirma que el Ayuntamiento «no ha dado ni un paso» para ejecutar la sentencia ni ha comunicado a la Sala que existiera impedimento jurídico alguno «admisible» para no llevarla a cabo.
«SITUACIÓN INSOSTENBLE»
El auto califica, según las misma fuentes, de «situación insostenible» que ni siquiera tras la finalización del primer plazo de ejecución se hayan presentado «ni los proyectos de demolición y de restitución», así «como los compromisos efectivos para su realización».
El TSJIB describe de «completa inoperancia» en este sentido la del Ayuntamiento de Campos, y precisa que en las alegaciones presentadas, Sagreras se comprometía a informar a la Sala «sistemáticamente», lo que no ha cumplido.
«La realidad es otra, ni el señor Sagreras ni el Ayuntamiento de Campos han informado a la sala desde el 8 de febrero de 2013 de nada de lo que menciona en sus alegaciones», señala el auto, por lo que considera que esta actuación desmiente la «prioridad» que alude Sagreras en sus alegaciones para la proceder a la demolición.
«Los pretextos, excusas y disculpas para evitar la ejecución de las sentencias en materia urbanística son tantos como se puedan imaginar; y todas esas excusas se enderezan al único propósito de perpetuar el hecho consumado, para el caso, la urbanización ilegal de Ses Covetes».
