La han presentado Rafael Fernández Frías y Melvilla Ten Cate como apoderados de ECA Program Group

La mejor oferta por el aeropuerto de Ciudad Real, que costó 1.100 millones, apenas asciende a 80 millones

Se ha forrado, a cuenta del erario público, un grupo de empresarios locales con la entusiasta ayuda de los políticos regionales socialistas y la bendición del omnipresente José Bono

La mejor oferta por el aeropuerto de Ciudad Real, que costó 1.100 millones, apenas asciende a 80 millones
El aeropuerto 'Don Quijote', en Ciudad Real. PD

Ha costado 1.100 millones y hoy languidece como pista de carreras para conejos y liebres

La mejor oferta que ha recibido el Juzgado número 4 de Ciudad Real por el aeropuerto de Ciudad Real, dentro del plazo que previamente se había establecido, es de 80 millones de euros y es la que presentaron Rafael Fernández Frías y Melvilla Ten Cate como apoderados de la entidad ECA Program Group a las 14.45 horas del pasado 14 de septiembre.

Así se desprende de la apertura de los sobres de las ocho ofertas que en la mañana de este miércoles se ha realizado en sede judicial ya que, aunque la mejor oferta que se había presentado ascendía a 125 millones de euros y era la presentada por Richard Taffin de Givenchy A.G., el Juzgado ha determinado que estaba fuera de plazo porque se recibió en sede judicial a las 9.30 horas del 15 de septiembre, al día siguiente de que expirara el plazo.

Por lo que se refiere a la mejor oferta que cumple todos los requisitos, el acta de la apertura de sobres revela que ECA Program Group incorpora en el sobre cerrado la documentación acreditativa de haber realizado el depósito bancario del 5% -4 millones de euros- de la cantidad ofertada.

En total, de las ocho ofertas que se registraron en el Juzgado nº 4 de Ciudad Real, se han desestimado cuatro por haber sido registradas fuera de plazo y, a la de Richard Taffin de Givenchy A.G., se suman las de West Medford e Iñigo Dago, en nombre de Diamond Inversiones en Infraestructuras, cuya oferta de 28,5 millones de euros se recibió a las 15.34 horas del día 14; la de Troy Mathews que no consta el importe y se registró a las 18.09 del día 15; y la de Christian Martínez que ofreció 42 millones de euros en una propuesta que se recibió a las 15.34 horas del día que acababa el plazo.

Además, ha habido dos ofertas que, si bien superaban los 10.000 euros ofertados por Tzaneen Internacional, no llegan a los 28 millones de euros (el 70% de la tasación del aeropuerto, que asciende a 40 millones de euros) que exigía el Juzgado para poder optar a la compra del mismo. Este es el caso de la oferta de Michael Autrey Flaks que ofertaba 200.000 euros y la de Internacional Auction Group que era de 1,5 millones de euros.

Quien sí había presentado oferta válida, aunque no la mejor, es José Luis Lara Ruiz de la Hermosa, por importe de 38 millones de euros.

Ingresos

Por lo que se refiere a los ingresos de las garantías que los ofertantes aseguran haber realizado, y de los que han presentado acreditación, el Juzgado informa de que ha solicitado un informe de la cuenta del Ministerio de Justicia para transferencias bancarias pero aún no tiene el extracto, ya que en la cuenta que se utiliza en este procedimiento no ha recibido ingreso alguno.

Tras conocer la documentación, el juzgado ha dado un plazo de 10 días a la administración concursal para que la estudie y realice un informe con cuyo resultado se acordará la decisión definitiva sobre la subasta de la infraestructura.

UNA RUINA PARA EL CONTRIBUYENTE Y UN NEGOCIETE PARA LOS AMIGOS DEL PODER

El aeropuerto, el primero privado de España para grandes aeronaves, iba a ser la puerta de La Mancha al mundo y una económica -pero lejana- ­alternativa al congestionado Barajas.

La distancia entre ambos, por carretera es de unos 235 kilómetros, que, por la A-4, se recorren en unas tres horas. Demasiado alejado para competir.

Los que idearon el aeropuerto, un grupo de empresarios locales con la entusiasta ayuda de los políticos regionales socialistas y la bendición del omnipresente José Bono, pensaron en colocar una estación de AVE junto a la terminal para que el traslado de los pasajeros desde Madrid fuese rápido.

Los planes no salieron. La estación de AVE nunca se construyó. Barajas, por su parte, está congestionado, pero no tanto como para no poder aterrizar en él. El aeropuerto madrileño tiene, además, un par de ventajas con las que no contaban -o no quisieron contar- los padres del aeropuerto Central.

Por un lado no es que esté cerca de la capital, es que está en la misma capital, dentro de su término municipal a sólo 12 kilómetros del paseo de la Castellana. Por otro, como en todos los aeropuertos del mundo, el tráfico de Barajas se retroalimenta, es decir, las numerosas conexiones aéreas con las que cuenta lo convierten en un aeropuerto muy atractivo para los viajeros que aspiran a optimizar los tiempos de desplazamiento.

No había, por lo tanto, necesidad de un aeropuerto a 235 kilómetros de Madrid para dar servicio a una ciudad de 75.000 habitantes perfectamente comunicada, por otro lado, a través del tren de alta velocidad con el que cuenta desde 1992. Pero todos los políticos locales, sin excepciones de partido, se cegaron con el proyecto.

El proyecto se aprobó en 2002, las obras comenzaron en abril de 2004, se demoraron durante más de cuatro años y costaron 1.100 millones de euros, 400 de los cuales fueron aportados por Caja Castilla-La Mancha (CCM), presidida entonces por el socialista Juan Pedro Hernández Moltó e intervenida después por el Banco de España tras encontrar en sus cuentas un agujero de entre 3.000 y 4.000 millones de euros.

El resto de accionistas eran empresarios cercanos al poder que invirtieron en el proyecto con dinero prestado por la propia caja. En algunos casos ese dinero volvía a ellos mismos vía contratas de construcción del propio aeropuerto. Un negocio, literalmente, redondo. El resultado final fue una maraña de intereses entrecruzados, un ovillo de nombres y empresas -relacionados todos con la política y el sector de la construcción- muy difícil de desmadejar.

Con tanto dinero público en el ajo decir que el de Ciudad Real era un aeropuerto privado era, cuando menos, arriesgado. Tal vez lo sea su titularidad en el registro mercantil, en el resto fue producto de la imprevisión de políticos y empresarios cercanos a la política. No es casualidad que, todavía hoy, el primer acreedor y accionista de la empresa (68% de las acciones) sea la propia CCM, ya absorbida por Cajastur.

El aeropuerto Central ha sido un negocio, sí, pero no precisamente para la ciudad ni para la provincia, que siguen viviendo a espaldas de la única pista de cuatro kilómetros -longitud similar a las de Barajas- que tiene el aeródromo manchego. Los únicos beneficiados fueron, por este orden, los constructores y los políticos.

Los primeros dieron un pelotazo antológico en mitad de la nada. Para construirlo hubo que mover cinco millones de metros cúblicos de tierra, emplear cerca de 170.000 metros cúblicos de hormigón, 390.000 toneladas de aglomerado y canalizar 190 kilómetros de cableado.

Durante la construcción llegaron a trabajar en él hasta 3.500 personas, un megaproyecto desconocido en Ciudad Real por sus faraónicas dimensiones.

Los segundos, aparte de repartir favores a mansalva, llevan años haciendo demagogia con la supuesta riqueza y empleo que el aeropuerto crearía para la zona y tratando de convertir esa demagogia en votos.

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