Por Carlos de Bustamante
(Acuarela de Eugen Chisnicean en watercolor.es)(*)
Cedo hoy mi turno a una colaboración de mi amigo y contertulio Lázaro Conde Monge, que creo no tiene desperdicio.
El significativo rechazo dado en las urnas el 22 de mayo a la nefasta política iniciada desde su llegada al poder, en las condiciones por todos conocidas, del aún presidente del Gobierno de España, invita a una seria y profunda reflexión para analizar objetivamente las consecuencias del tremendo varapalo recibido del pueblo soberano.
La ejemplaridad de la respuesta abrumadoramente mayoritaria, exigiendo un cambio radical de rumbo a quien además de Presidente es el lider del partido en el Gobierno, ha disipado las dudas arteramente suscitadas desde diversos orígenes, sobre la posibilidad de que los españoles nos podamos adaptar a las leyes y normas propias de toda democracia auténtica. ¡Albricias! Está claro que quienes ejercemos nuestros derechos, tanto al elegir democráticamente en las urnas a los representantes políticos a todos los niveles, como al rechazarlos del mismo modo si no cumplen sus compromisos electorales, no somos quienes hemos llevado a España a la deplorable situación en que se encuentra. Ergo, si los españoles con derecho al voto, con independencia de sexo, edad y condición somos conscientes de que en nosotros reside constitucionalmente la soberanía popular (art.1.2) no tenemos ninguna responsabilidad en el caos reinante. Por tanto al ser exclusivamente los actuales gobernantes quienes lo han generado con su incompetencia y corrupción, es obligado su abandono inmediato de la política activa.
Sin embargo en alarde antidemocrático de desprecio a la soberanía popular, el engolado presidente del Gobierno sigue negándose a reconocer la evidencia y está decidido a esperar hasta el mes de marzo del próximo año para abandonar el poder y siguiendo el ejemplo de los caciques bananeros, a los que conoce y admira, ha designado como sucesor a Alfredo Perez Rubalcaba, el protagonista más polémico de la siniestra política española en su vertiente progresista de izquierdas. La situación lejos de normalizarse, se enrarece por momentos. Cuando la democracia y el Estado de Derecho son una falsa coartada para un Gobierno infame, su permanencia es un insulto y una provocación intolerable al pueblo que le ha endosado una censura democráticamente inapelable. No hay más alternativa que la celebración de elecciones generales previas. El pueblo se ha percatado de que democracia y Estado de Derecho son incompatibles con la continuidad del régimen progresista totalitario vigente en España. Deben finalizar las especulaciones, las insinuaciones y las medias palabras para enfocar democráticamente un relevo indispensable que no admite más demora. La cruda realidad obliga a analizar la situación diciendo la verdad que se ha estado ocultando por un Gobierno infame. La estúpida suficiencia con la que se manifiestan sus componentes, culpando indefectiblemente a la oposición democrática de los desastrosos efectos de su gestión es la prueba más palpable de su impotencia. ¡Basta ya!
El partido que se califica de obrero, ha conseguido crear cinco millones de parados, mientras sus progresistas dirigentes, a pesar de su desastrosa gestión, han incrementado exponencialmente sus patrimonios y cuentas corrientes, así como los de sus familiares y colaboradores libres de cualquier investigación judicial, por escandalosos que sean los indicios de corrupción que se detectan a primera vista.
Al expresar una opinión crítica, su autor lo hace como español libre cuyas raíces espirituales y culturales son las propias de nuestra civilización cristiana, fundamento de la unidad nacional que cuenta con más de cinco siglos de Historia gloriosa. Reescribirla, por quienes sectariamente preconizan una memoria impregnada de odio, rencor y revanchismo, responde a una infame consigna: ni Dios ni Patria.
Por lo que respecta a Dios, baste dejar constancia de que la incalificable intención del ignorante patrocinador de la alianza de civilizaciones, que trata de equipararlas a todas, menospreciando al cristianismo como esencia de nuestra nación, tiene como principal objetivo consolidar su iniciada descristianización, como requisito previo para consumar la reescritura sectaria de nuestra auténtica Historia. De ahí la intención de eliminar de la presencia pública el signo de la cruz, símbolo principal de la civilización occidental, fundamentada en el humanismo cristiano, que inspira la cultura, el arte, las tradiciones y las costumbres de toda España sin ninguna excepción.
Si hay alguna Institución que mantenga por encima de todo su irrenunciable amor a España, es la militar a la que Calderón de la Barca calificó justamente como religión de hombres honrados al definir su actuación en buena o mala fortuna. El fundamento de la Constitución en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (art.2) y la misión encomendada a las Fuerzas Armadas de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional (art.8), avala nuestro presente y nuestro futuro, al estimular el patriotismo de quienes en respuesta a su vocación sirven a España, ofreciendo, si fuera preciso, el derramamiento de su sangre hasta la última gota.
El impecable comportamiento de los militares a lo largo del periodo democrático iniciado en 1978, no ha sido correspondido de la misma manera por quienes políticamente les han dirigido. Es una grave ofensa a la Institución creer que quienes la integran desconocen su misión constitucional. El progresismo de izquierdas considera exclusivamente como de paz y ayuda humanitaria, la intervención de tropas españolas en operaciones bélicas en los diferentes conflictos en que intervienen en todo el mundo. La esperanza con la que los soldados despiden con emoción contenida a sus compañeros muertos en combate, al cantar la plegaria en la que proclaman que la muerte no es el final, es la prueba más evidente de su sentido de la trascendencia que contrasta con el furor iconoclasta de quienes tienen como bandera el sectarismo político.
No procede ahora continuar puntualizando, siempre con fidelidad a la verdad, la miserable gestión de quienes han conducido a España a una situación difícilmente sostenible. No obstante, aunque pudiera dar otra impresión, quien humildemente expresa libremente su opinión, confía plenamente en el pueblo al que pertenece y por lo expuesto cree en su pronta recuperación.
La incalificable decisión del Tribunal Constitucional que ha dado preferencia al terrorismo latente, sobre sus inocentes víctimas no la considera de otro modo que como lo que es: un delito de alta traición, del que si no se retracta con prontitud, sus previsibles consecuencias obligarán a una actuación contundente que afortunadamente figura como mandato constitucional. Vivimos en democracia.
Nos queda la palabra. Más que medrosidad o tibieza, sería cobardía continuar en silencio, en tanto el paro se mantiene en torno a los cinco millones y sus causantes a todos los niveles esperan confiados en la dorada compensación por su miserable aportación a la ruina de España y lo que es aún más grave seguir impávidos la deriva emprendida hacia su desintegración, tras la consumación de la alta traición polarizada en la sentencia del Tribunal Constitucional.
Tal vez pronto podremos evaluar la actuación de quien ha sido designado como sucesor al frente del Gobierno. Todo se supeditará a las exigencias de un partido sectario con un lider totalitario a semejanza del Gran Hermano magistralmente presentado por Orwell en su genial 1984. Con el añadido de un recuerdo a Rasputin como singular émulo.
Lázaro Conde Monge
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(*) Para ver la foto que ilustra este artículo en tamaño mayor (y Control/+):
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