Por José María Arévalo
(Profesores, padres y alumnos de la concertada tiñen de naranja la Plaza del Milenio contra la ley Celaá)
Solo una hora antes de que se celebrara la manifestación en la vallisoletana Plaza del Milenio contra la ley Celaá, me llegó, por dos chats distintos de whatsapp, la convocatoria de esta manifestación que tuvo lugar el pasado 24 de noviembre, organizada por la Plataforma Más Plurales. Aunque no conozco esta plataforma, que creo se ha formado precisamente para seguir la ley Celaá, y la convocatoria me llegaba tan tarde, decidí hacer un esfuerzo y unirme a la manifestación cambiando los planes que tenía para esa tarde.
Hoy se celebra otra manifestación igual en Valladolid, empieza a las 11 en el auditorio Miguel Delibes. Esta debe ser en coche porque la salida está a las afueras, así que habrá que tomar el vehículo. Porque pienso que es este un tema importantísimo, ya que está en juego la pervivencia de la enseñanza privada, de la enseñanza concertada y de la enseñanza especial. Mis hijos se educaron en la concertada, y ahora lo hacen mis nietos; y conocí las dificultades de integrar a los niños con necesidades especiales porque uno de mis hijos estuvo a punto de ir a la especial pero se pudo integrar en un colegio concertado. Ahora –y no es el primer intento- los socialistas quieren acabar con la enseñanza concertada y con la especial, lo que sería el fin de la libertad de elección de centro para los padres.
“Una marea de globos –recogía al día siguiente, 25 de noviembre, el Diario de Valladolid-, lazos, pancartas y chalecos naranjas inundó hoy la Plaza del Milenio de Valladolid, donde profesores, padres y alumnos de centros de enseñanza concertada se concentraron contra la ley Celaá de reforma educativa y exigieron “libertad”.
Stop a la ley Celaá
Los concentrados, convocados por la Plataforma Más Plurales, denunciaron que “se vende la enseñanza concertada” y lanzaron consignas una y otra vez contra la Lomloe y exigieron “libertad de elección”. “Concertada sí, especial también. Stop a la ley Celaá”, cantaban.
La protesta frente a la Delegación del Gobierno dio paso a la lectura de un manifiesto en defensa de una educación plural y de un sistema de libre elección de centro educativo, donde convivan la enseñanza pública, la concertada y la especial, frente a un Gobierno que “ataca a miles de padres y madres” a los que “discrimina”.
El PP y Ciudadanos apoyaron el acto reivindicativo, con la presencia del portavoz de los populares en las Cortes regionales, Raúl de la Hoz, y el presidente del partido en Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la procuradora y portavoz de Educación del grupo naranja en al Parlamento autonómico, Marta Sanz, quienes cargaron contra el ataque del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la “libertad” en España. El presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, también estuvo presente.
Octava reforma de la educación: ideológica y sin consenso
El portavoz de la Plataforma Más Plurales, Leandro Roldán, afirmó que “no es ni el momento adecuado ni las formas” para sacar adelante esta nueva reforma de la educación, la octava en democracia, porque “se ha excluido a la comunidad educativa de cualquier tipo de diálogo”.
Roldán arremetió contra el contenido “ideológico” de esta reforma, que “debería ser estable” pero “no cuenta ni con consenso político ni social”. “No ha habido debate político previo, lo que se refleja en el número de enmiendas, y el contenido va totalmente en contra de la educación concertada, que sufre una lista muy importante de agravios”, dijo.
En este sentido, denunció que el impacto más importante llega de la “eliminación de la demanda social” con una planificación de los puestos escolares “de forma unilateral” que puede hacer derivar a los alumnos a la red pública. “La educación es un derecho y un servicio público que debe estar sustentado por la pública y concertada, que pasa a ser subsidiaria”, lamentó.
Asimismo, puso de relieve que se merma también la libertad de las familias a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, y afirmó que por ese paso, su plataforma cuenta con “tanto apoyo de la sociedad” y han recogido ya 1,5 millones de firmas. “Eso nos da el respaldo para seguir adelante con nuestra reivindicación”, sentenció.
Leandro Roldán también constató que la nueva normativa crea nuevos puestos escolares de infantil, “pero solo en la red pública, otro agravio”, dijo, para criticar una creación masiva de puestos en un momento de grave crisis económica. “No parece lógico”, dijo.
El portavoz advirtió también del impacto que puede tener en la calidad de la enseñanza, al flexibilizar los criterios de promoción y titulación. “Esto redundará en la merma de la cultura del esfuerzo, que siempre hemos llevado a gala en Castilla y León”, dijo, para defender la labor de los 200 centros que integran la plataforma, con 10.000 docentes, dentro de una enseñanza, la concertada a la que recurren 100.000 alumnos en la Comunidad.
Lucha contra los que odian la libertad
El portavoz del PP en las Cortes constató que hoy es una día “alegre” por ver a “tanta gente” salir a la calle en Valladolid en defensa de la libertad, pero a la vez, aseguró, es “extraordinariamente triste” por el motivo que les congrega. Al respecto, explicó que sabían que en democracia tendrían que luchar contra los que “odian la libertad” y que “en la carrera” se encontrarían partidos como Bildu, los nacionalistas o los comunistas de Podemos, pero desconocían que junto a esas formaciones radicales que “no quieren la democracia”, se iban a encontrar ”de aliado” al PSOE.
“Venimos a reivindicar el apoyo a la sociedad castellana y leonesa, que reivindica la libertad en el ámbito educativo”, dijo De la Hoz, para remarcar que el PP “tiene claro que la calidad del sistema educativo solamente se puede alcanzar desde el diálogo, la moderación y el entendimiento” y desde esos aspectos se comprometió a “mantener en Castilla y León un sistema de calidad y libertad pese a esta desagradable y desafortunada ley orgánica”.
El presidente del PP de Valladolid expuso que la concentración de hoy constituía “sin duda” un acto educativo, “pero sobre todo, un acto de libertad”. Carnero argumentó que la educación “no deja de ser un aprendizaje de la libertad” y exigió la paralización de la ley Celaá porque “está en juego no solo la educación sino también la libertad”. “Stop a la ley de Celaá”, dijo, para exigir que el castellano “siga siendo” la lengua vehicular; que se mantenga la educación especial, y que los padres puedan elegir los centros donde educar a sus hijos. “Eso es tanto como decir que queremos seguir teniendo libertad”, sentenció Carnero.
Ley sectaria, politizada y populista
Por su parte, la procuradora y portavoz de Educación de Ciudadanos mostró el apoyo a las reivindicaciones en defensa de la libertad de educación y denunció la “pérdida de derechos para todos los españoles” que supone la ley Celaá.
En este sentido, Sanz arremetió contra una ley “sectaria, politizada y populista”, aprobada durante una pandemia sin consenso con las comunidad educativa y “despreciando a todas las familias”, las de los más vulnerables, con su ataque a los centros especiales, y a los que eligen centros concertados.
“Basta ya de ejercer esta manus auctoritas por el PSOE, que vende por 30 monedas de plata, por unos presupuestos el castellano, la ley de educación especial y la educación concertada. Debemos levantar la voz y apoyar a todas estas familias”, concluyó.”
En fin, me alegro de haber podido recoger tan fielmente lo que se dijo, gracias a la prensa local, pues la enorme marea de manifestantes y globos, y las deficiencias de la acústica en la plaza del Milenio me impidieron tomar nota para este artículo.
Libre elección de la escuela diferenciada por sexo
Ese mismo día vi en Actuall una buena noticia directamente relacionada, un “Nuevo respaldo judicial a la libre elección de la escuela diferenciada por sexo”, pues recogía que “el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da su respaldo temporal a los 11 colegios de educación diferenciada por sexo que hay en la región. El Tribunal Constitucional desestimó en 2018 un recurso interpuesto contra la LOMCE por el PSOE que incluia entre otros motivos la educación diferenciada por sexo”.
Y así explicaba que, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo en un auto decide suspender «únicamente» la parte de la resolución de la Conselleria de Educación de la Generalitat que acuerda no renovar los conciertos, y estipula como medida cautelar concederlo de la misma manera que se ha hecho para los que sí se renovó por un periodo de seis cursos, a contar a partir del inicio del curso 2020-2021.
La Consejería de Educación había denegado la renovación de unidades concertadas a diversas escuelas catalanas que diferencian por sexo bajo el argumento de asegurar la «coeducación» en todo el Servicio de Educación, pero les había concedido un año de prórroga.
“La Ley de Educación de Cataluña (LEC) dispone que los centros que prestan el servicio de educación deben hacerlo «cumpliendo el principio de coeducación por medio de la escolarización mixta, que ha de ser objeto de atención preferente”.
Los centros afectados por esta decisión son: Canigó de Barcelona, Bell-lloc del Pla de Gerona, Les Alzines de Gerona, Pineda de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Xaloc de Hospitalet de Llobregat, Institució Lleida, en Campjoliu de L’Arboç (Tarragona), Institució Tarragona de Reus (Tarragona), La Vall de Sabadell (Barcelona), La Farga de Sant Cugat y Viaró de Sant Cugat (Barcelona).
Antecedentes a favor de la escuela diferenciada
No es la primera vez –continuaba Actuall- que colegios que apuestan por un modelo pedagógico que prima la atención personalizada a niños y niñas según sus diferentes características debido a su sexo y edad han tenido que recurrir a los tribunales para defender este modelo que responde al derecho fundamental a la libertad educativa.
El Tribunal Supremo estableció en el año 2017 que la escuela diferenciada por sexos -segregada, dicen sus detractores- «no implica en sí misma una discriminación por razón del sexo» como defendía la Junta de Andalucía -entonces aún gobernada por el PSOE- contra cinco colegios. Esta sentencia ratificaba la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el 8 de octubre de 2015.
Por su parte, el Tribunal Constitucional también desestimó en abril de 2018 el recurso interpuesto por el PSOE en el año 2014 contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) por varios motivos, entre los que se encontraba el de la educación diferenciada por sexos. El máximo órgano de interpretación de la Carta Magna rechazó el recurso recordando que los convenios educativos de la UNESCO y la ONU descartan el carácter discriminatorio de este modelo pedagógico.
La educación diferenciada es un modelo perfectamente aceptado en multitud de países como Francia, Alemania, Suecia, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda. En España, unos 45.000 alumnos se acogen a este tipo de enseñanza.
Mejorar el proyecto Celaá
Mas Plurales, que convocó esta manifestación en la plaza del Milenio, ha impulsado un manifiesto contra la tramitación de la Ley Celaá y lo han suscrito cerca de 2 millones y medio de españoles. La plataforma cree que aún hay tiempo para mejorar la redacción de la ley y trabaja en la realización de nuevas acciones de presión social.
Por su parte el episcopado se ha pronunciado en parecida línea. El cardenal Omella arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal ha abogado por implantar en España el «cheque escolar» para que la educación sea gratuita. «El cheque escolar, en Europa, garantiza una educación gratuita, sea de iniciativa privada o pública», ha señalado a través deTwitter. Y se pregunta: «¿Por qué negar la libertad y eliminar la riqueza de la complementariedad?»
La implantación del «cheque escolar» es una medida que Vox recogió en su programa electoral de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. El partido apostaba por este sistema con el objetivo de «devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos, empezando por la elección del colegio».
Ahora, el obispo sale en defensa del cheque escolar con esta reflexión : «Si todos financiamos la educación con impuestos, ¿por qué limitar la libertad de los padres a escoger el modelo educativo de sus hijos? ¿Por qué penalizar la iniciativa privada?».
Ana Fuentes, que daba esta noticia en Actuall, resumía para mi gusto muy claramente los defectos de la Ley Celaá:
Se inventa un “derecho a la educación pública”.
“Pretende eliminar la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de puestos escolares. Supone un paso más a la planificación unilateral de la Administración, el cierre de unidades concertadas con demanda en beneficio de públicas vacías o la consideración de subsidiaria de los centros concertados.
La LOMLOE se inventa un “derecho a la educación pública”. El único derecho existente es el “derecho a la educación”, y el mismo se garantiza mediante plazas suficientes en los centros sostenidos con fondos públicos, también, por tanto, en los de iniciativa social o concertados.
Vuelve a postergar la enseñanza de la religión: sin alternativas y sin efectos en la evaluación.
Se crea una nueva asignatura de Educación en valores cívicos y éticos. Otra Educación para la Ciudadanía no basada en valores consensuados y compartidos, sino como instrumento de adoctrinamiento.
La LOMLOE abre la puerta a la inclusión de un representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar de todos los centros. Supone una interferencia en el ideario y proyecto educativo de los centros y la creación de un “comisario político”.
La LOMLOE insiste sospechosamente en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona. Es inevitable que al ver esta insistencia en los derechos de la infancia, la pongamos en consonancia con la desafortunada reflexión de la Ministra Celaá, de que “los hijos no pertenecen a los padres”.
La LOMLOE abre la posibilidad de distribución del alumnado por la administración para evitar segregación educativa.
La LOMLOE insiste, como las leyes anteriores, en la ausencia de autonomía de los centros. En realidad, hace hincapié en la desconfianza, la centralización, el intervencionismo, las injerencias… sin margen para los centros.
La LOMLOE cuestiona la supervivencia de los centros específicos de educación especial. “
