Los lunes, revista de prensa y red

“Una muerte digna sin inyección letal”, de Ignacio Aréchaga, “Solidaridad contra la desigualdad intergeneracional”, de Joaquín Maudos, “El llamado delito de odio”, de Amando de Miguel “, y «Aquí no pasará», de Bieito Rubido

(«-El objetivo del Tribunal Supremo ess criminalizarme. -Arnaldo, te has confundido de mascarilla». Viñeta de  Puebla en ABC el pasado día 17)

UNA MUERTE DIGNA SIN INYECCIÓN LETAL

Artículo de Ignacio Aréchaga publicado en Aceprensa el pasado día 16

El dolor por los que han muerto por Covid solos en una UCI nos ha recordado lo importante que es estar acompañados en la etapa final de la vida. Necesitamos esa cercanía de los familiares y amigos en la fase última de la existencia, para vivirla con la mayor serenidad posible. La vulnerabilidad de los enfermos ante un posible final trágico muestra hasta qué punto es teórica la supuesta autonomía del paciente terminal, con la que ahora se quiere vender ese nuevo “derecho” de la eutanasia.

Pensar que basta aprobar una ley de eutanasia para que quede asegurada una muerte digna, es una ingenuidad y, muchas veces, un expediente cómodo para que los sanos se eviten el sufrimiento de acompañar al enfermo terminal. Las propuestas de eutanasia apelan a la libertad del individuo. Este debería decidir con autonomía sobre su muerte, cuando ya la vida le resulta insoportable, por sufrimiento físico o moral. Pero ¿hasta qué punto es real esa libertad del enfermo?

La petición de muerte proviene de una persona para la que la vida se ha vuelto insoportable, y que estima que no tiene más opción que abandonarla. ¿Es eso libertad o más bien lo contrario? Si uno está desesperado de soledad, sufrimiento y ansiedad, ¿qué sentido tiene que le reconozcamos su derecho a ejercer su autonomía ante la muerte? Lo que hay que hacer es ver cómo acompañarle, cómo mitigar su dolor, cómo darle serenidad. En cambio, una ley de eutanasia pretende solucionar con  un recurso expeditivo lo que requeriría un esfuerzo de sabiduría médica y compañía afectuosa.

Todos deseamos morir con el menor dolor y la mayor dignidad posible. Pero siempre me ha llamado la atención que los especialistas en cuidados paliativos rechacen categóricamente la eutanasia y el suicidio asistido. Ellos ven la muerte a diario, y no solo de vez en cuando como nos ocurre a los demás. Ellos son los que están más en contacto con enfermos terminales y con sus familiares. Han visto todo tipo de muertes. Ellos luchan contra el dolor y otros síntomas que pueden angustiar al paciente. Si fuera tan difícil asegurar una muerte digna sin el recurso de la eutanasia, ¿no serían los primeros en propugnarla? En cambio, aseguran que hoy día podemos aliviar la mayor parte de los sufrimientos, y, si es preciso, sedar al paciente terminal, como ya permiten las leyes actuales. Por eso, consideran que la eutanasia es incompatible con el enfoque de los cuidados paliativos.

Para garantizar que el paciente vive la etapa final de su vida de un modo digno, lo primero que hay que conseguir es que los cuidados paliativos estén al alcance de todo el que los necesite. En España, aunque ha habido mejoras,  todavía hay un déficit. Por eso, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL) han dicho en un comunicado que la proposición de ley de la eutanasia  “afronta el sufrimiento extremo de aquellas personas que prefieren dar por finalizada su vida y, en cambio, obvia el de aquellos ciudadanos que piden vivir de forma digna esta etapa con el mayor apoyo posible para paliar ese sufrimiento”.

En segundo lugar, hace falta que el personal sanitario tenga más formación en cuidados paliativos y que sepa comunicar con el enfermo. Una gran experta en cuidados paliativos como la francesa Marie de Hennezel afirma que “en la gran mayoría de los casos, las peticiones de eutanasia se deben a la imposibilidad de dialogar con el médico y al temor a morir con atroces dolores”.

También un manifiesto de asociaciones especializadas en atención paliativa, decía ante una  proposición de ley para legalizar la eutanasia en Francia. “Muy pocos pacientes nos dicen que quieren morir, menos aún cuando están debidamente atendidos y acompañados. Además, cuando piden la muerte quieren significar una cosa muy distinta de la voluntad de morir. Pedir la muerte significa casi siempre no querer vivir en condiciones tan difíciles. ¿Pedir la muerte porque se sufre es realmente una elección libre? En cambio, los cuidados paliativos restauran la libertad del paciente al final de su vida al controlar tanto el dolor como el sufrimiento mental”.

Hennezel subraya también un aspecto que no depende de las leyes sino del ambiente social. Hace falta que la sociedad deje de pensar que la fase última de la vida carece de sentido. Al contrario, ésta puede representar, dice,  “un tiempo fuerte de la vida, el tiempo de los últimos intercambios, de las últimas palabras”.

Pero esto requiere el acompañamiento del enfermo. Los enfermos terminales que acaparan los titulares de la prensa suelen ser los casos de alto voltaje emocional, personas que ansían morir porque sufren. Pero estos casos, advierte la psicóloga francesa, “no deben hacer olvidar los millares de personas que mueren todos los días mal acompañadas”, y que deberían recibir la atención que necesitan.

La legalización de la eutanasia, más que ampliar la libertad del paciente terminal, va a dejarle sometido a nuevas presiones, directas o indirectas. Pues la enfermedad y la vejez son estados en los que la propia voluntad puede ser más influida por otros. Para los enfermos que se consideran un estorbo para la familia o para el personal médico que los cuida, el derecho a morir corre el riesgo de ser interpretado como una obligación moral de quitarse de en medio. Y, a medida que la solución de la eutanasia cala en la sociedad y en el entorno sanitario, es fácil que, bajo el ambiguo argumento de la compasión, se acabe institucionalizando la solución de suprimir a la persona para suprimir el sufrimiento.

La dignidad del enfermo terminal se refuerza cuando se quitan o se mitigan los factores que pueden empañarla, ya sea el dolor, la soledad o el abandono. La ley de eutanasia que se quiere aprobar en España no aporta nada para que eso sea posible. Así que es un paso adelante…en la dirección equivocada.

Artículo en: https://elsonar.aceprensa.com/una-muerte-digna-sin-inyeccion-letal/?utm_source=Suscriptores+Newsletter+Aceprensa&utm_campaign=107d0f9026-EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_17_11_53&utm_medium=email&utm_term=0_9940c1a781-107d0f9026-80449421

SOLIDARIDAD CONTRA LA DESIGUALDAD INTERGENERACIONAL

Artículo de Joaquín Maudos,  catedrático de la Universidad de Valencia,  publicado en El Español el pasado día 17

Estos días estoy leyendo con preocupación diversas noticias que muestran lo que para mí es una de las caras más tristes de esta crisis: su impacto en las oportunidades de los más jóvenes.

Ya fueron el colectivo que sufrió con crudeza el impacto de la crisis financiera de 2007-08, y desgraciadamente vuelven a ser uno de los colectivos más afectados a la vista de los datos más recientes disponibles. Si históricamente los hijos solían vivir mejor que los padres, esta regularidad empírica se puede evaporar si el ascensor social, no es que se pare, sino que solo se pueda coger para bajar de piso.

No hay más que ver el dato más reciente de la tasa de paro para constatar la cruda realidad.  Mientras que del primer al tercer trimestre de 2020 la tasa de paro ha aumentado 1,85 puntos (hasta el 16,3%), en las personas de menos de 25 años el aumento ha sido de 7,5 puntos, hasta alcanzar el 40,5%.

O visto de otra manera: mientras que del primer al tercer trimestre de 2020 el número de ocupados ha caído un 2,6% (cifra que hay que interpretar con mucha cautela por los trabajadores contabilizados como ocupados pero que están en ERTE), en las personas hasta 25 años la caída casi se triplica hasta el 7,2%. Si ampliamos el foco de los jóvenes hasta los 30 años, concentran el 38% del empleo perdido en este periodo.

Este mayor aumento del desempleo en los jóvenes tiene mucho que ver con la precariedad en el mercado de trabajo que se manifiesta en forma de contratos temporales que se van encadenando y con salarios reducidos. Ya antes de la pandemia, el 53,2% de los jóvenes entre 16 y 29 años tenía un trabajo temporal, frente al 20% del resto de edades. Y tras la Covid-19, el porcentaje sigue subiendo, algo que no ocurre en el resto de edades.

El drama continúa cuando tenemos en cuenta el porcentaje de jóvenes ocupados pero subempleados, es decir, que trabajan menos horas de las que les gustaría. Ese porcentaje ya era en los jóvenes hasta 25 años el doble que en el resto de edades (16,1% vs. 7,9%) y tras la pandemia ha aumentado 2,1 puntos, mientras que en las personas de más edad ha aumentado menos (0,9 puntos).

Se pueden ustedes imaginar que si antes de la aparición de la Covid-19 la tasa de riesgo de pobreza de los menores de 29 años estaba en torno al 27%, casi 7 puntos por encima de la media de la población española, con los datos manejados de empleo/paro de los jóvenes la situación debe haber empeorado por la sencilla razón de que no tener empleo es la principal fuente de desigualdad.

No hace falta aportar más cifras para constatar la importancia que tiene instrumentar medidas que pongan el punto de mira en los jóvenes.

Está muy bien que la Comisión Europea haya puesto el foco en la digitalización, la economía verde, la inclusión social y la desigualdad de género a la hora de utilizar los fondos de recuperación para hacer frente a la crisis de la Covid-19, pero no nos olvidemos de los jóvenes y de la importancia que tiene la reforma del mercado de trabajo para acabar de una vez por todas con esta lacra que sufre la economía española en términos de tasa de paro que se ceba con los jóvenes.

Por supuesto que es muy importante combatir la desigualdad de género, pero también lo es combatir la desigualdad por motivos de la edad. Y se podría haber empezado dedicando el dinero que se va a destinar a la subida salarial del 0,9% aprobada por el Gobierno para funcionarios y pensionistas en 2021, a ayudar a los jóvenes.

De esta forma, también habría contribuido a reducir el enorme déficit público estructural que tenemos, que en parte se debe al problema de sostenibilidad de las pensiones que se agrava aún más con subidas como las aprobadas y encima en un contexto de inflación en terreno negativo.

Con estas medidas se genera una deuda que hipoteca aún más el futuro de los jóvenes. Lo que necesitamos más que nunca es solidaridad, y también de tipo intergeneracional.

La llegada de los tan deseados y necesarios fondos europeos va a exigir condicionalidad como es lógico teniendo en cuenta los desequilibrios estructurales que desde hace año ponen de manifiesto los informes de la Comisión Europea.

Y uno de ellos debe ser implementar reformas para reducir la elevada tasa de paro estructural de nuestra economía (como también reclama el FMI), que no se combate con políticas de demanda, sino con reformas estructurales.

Pero puestos a afinar más en las reformas, pongamos especial sensibilidad en los jóvenes, ya que si bien son los menos afectados por la Covid-19 desde el punto de vista sanitario, son los que más están sufriendo sus efectos económicos.

Artículo en: https://www.elespanol.com/invertia/opinion/20201217/solidaridad-desigualdad-intergeneracional/543815620_12.html

EL LLAMADO DELITO DE ODIO

Artículo de Amando de Miguel publicado en La Gaceta el pasado día 15 diciembre

El odio es un sentimiento profundo de abominación, aversión o rechazo hacia ciertas personas o cosas. Es algo inseparable de la condición humana, que, acaso, constituya un ardid de la evolución. Puede llevar a una conducta violenta, dañina, pero esa será una consecuencia, entre otras. O podría ser, también, su causa. Escribe Tácito que “lo propio del espíritu humano es odiar a quien se ha herido”. Mientras se mantenga en el estadio del sentimiento, el odio traduce algo íntimo, que, incluso, a veces, como en las otras pasiones, se esconde o se disimula por vergüenza. Es muy injusto penalizar esa expresión de la mente, parecida a su contrario, el amor. En casos extremos, ambas pasiones pueden llegar a ser invencibles. Es la violencia ilegítima y desproporcionada la que se debe castigar, aunque tantas veces quede impune. Hay un gran trecho entre “odiar a muerte” a alguien y asesinarlo.

El actual Código Penal español ha incluido el nuevo delito de odio, quizá, como signo de modernidad, por mimetismo de lo que se estila en las democracias avanzadas. El nuevo tipo penal se construyó a raíz de la repulsa del genocidio contra los judíos y otras minorías marginadas, en la Alemania nazi. Se extendió a los sentimientos de xenofobia y racismo, a las actitudes de intolerancia contra los homosexuales, las mujeres, los varones, los inmigrantes, los pobres, los discapacitados. Aun así, no se castigan todos los posibles odios; por ejemplo, los rencores y desprecios contra ciertos parientes o contraparientes, los rivales en la vida competitiva.

Se trata de una figura jurídica involutiva […] que nos retrotrae a los ominosos tiempos de la Inquisición o de la quema de brujas

En España, a nadie se le ha ocurrido tipificar los odios contra los españoles o los castellanos, el clero católico o la derecha política. Lo cierto es que son harto frecuentes.

Tal como se halla establecido, el delito de odio es, cuidadosamente, selectivo. Por ello mismo, se trata de una figura jurídica involutiva, profundamente, reaccionaria, que nos retrotrae a los ominosos tiempos de la Inquisición o de la quema de brujas. Si bien se mira, nos encontramos frente a una monstruosidad jurídica, al ser un tipo penal difuso, proclive a muchas injusticias. Cavilo que la aceptación social del delito de odio ha dado lugar a que proliferen las intolerancias ancestrales y surjan otras nuevas.

En buena lógica jurídica y moral, se deben castigar las acciones que signifiquen un daño grave contra las personas, las propiedades o las instituciones. Pero no parece de recibo penalizar los sentimientos, las actitudes, las convicciones, los modos de pensar, las creencias de cualquier tipo. De lo contrario, entraríamos en una peligrosa espiral de juicios de intenciones, de conciencias. Debe ser sagrada la libertad de pensamiento y aun de su expresión por cualquier medio. La aceptación del delito de odio ha venido a recortar nuestras libertades.

No sería difícil demostrar que los odios van unidos a las envidias, los resentimientos y las inseguridades

El asunto del odio es metajurídico, más moral que otra cosa. No parece acertado dejarlo, exclusivamente, en manos de los juristas o los políticos. No sería difícil demostrar que los odios van unidos a las envidias, los resentimientos y las inseguridades, artículos bien comunes en el panorama anímico de los humanos. Por eso observó Hermann Hesse que “cuando odiamos a alguien, lo que odiamos es algo que, ya antes, está en nosotros. No suele molestarnos lo que no es parte de nosotros mismos”.

Los delitos de odio (pues son diversos) son las ínfulas autoritarias que cuelgan sobre los hombros de las actuales democracias.

Artículo en: https://gaceta.es/opinion/el-llamado-delito-de-odio-20201215-1206/

«AQUÍ NO PASARÁ»

Artículo de Bieito Rubido publicado en El debate de hoy el pasado día 15

La meritocracia desaparece en favor de un «Papá Estado» que con leyes educativas como la de Celaá va llenando el país de nesciencia e iletrados. Lo inquietante del momento que vivimos no es solo la acción corrosiva de este Gobierno rupturista. Lo verdaderamente turbador es la perversión de los valores, la mutación de los principios. Es como una lluvia fina que va calando en una parte de la sociedad y que tiene mucho que ver con la batalla cultural. La meritocracia desaparece en favor de un «Papá Estado» que con leyes educativas como la de la señora Celaá va llenando el país de nesciencia e iletrados. Curiosamente, la mediocridad, la falta de talento, termina siendo muy cara también en términos económicos para todos; una forma más de arruinar España. Añádanle el nuevo mantra de la igualdad. Frente a la equidad, que tiene que ver con darle a cada uno lo que se merece, aparece la igualdad en su expresión más perversa que todo lo abrasa. Por eso no es de extrañar que alcancemos acto seguido la otra perversión del momento, la posesión frente a la propiedad. Hasta ahora las democracias liberales defendían la propiedad privada, en cambio hoy la posesión de los bienes, esté o no legitimado y bien fundamentado el origen de esa posesión. Por eso florecen los okupas por todas las esquinas.

Mientras reflexiona el lector acerca de lo que  le acabo de exponer más arriba, es posible que le resuenen los ecos de cierta afirmación de algún amigo: «Eso aquí no ocurrirá». Creían lo mismo en los primeros meses del año 1960 en Cuba, el país más próspero de toda Hispanoamérica. Era una letanía repetida una y otra vez en la Venezuela de los últimos años del siglo pasado. Aquí nos recostamos en el sofá y decimos: «Siempre nos quedará Europa». Tampoco sabemos a ciencia cierta si el Nigel Farage británico no tiene en España una coleta y nos querrá sacar de Europa. Con una población que no estudia, que ocupa las propiedad ajenas y que no ha trabajado para ser propietario, ¿qué puede salirle mal al populismo al que no le gusta Europa?

Artículo en: https://eldebatedehoy.es/noticia/astrolabio/15/12/2020/aqui-no-pasara/

 

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Tres foramontanos en Valladolid

Con el título Tres foramontanos en Valladolid, nos reunimos tres articulistas que anteriormente habíamos colaborado en prensa, y más recientemente juntos en la vallisoletana, bajo el seudónimo de “Javier Rincón”. Tras las primeras experiencias en este blog, durante más de un año quedamos dos de los tres Foramontanos, por renuncia del tercero, y a finales de 2008 hemos conseguido un sustituto de gran nivel, tanto personal como literario.

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