Por Carlos de Bustamante
(La prensa se hace eco de las divisiones dentro del Gobierno)
Lo había oído en el telediario y no me lo acababa de creer: Sumar ha registrado una proposición no de ley para acabar con la enseñanza concertada, forzando a sus socios del PSOE en esa acción que nadie esperaba. Durante muchos años se discutió si la enseñanza concertada era una solución menos mala para la enseñanza privada, y todavía colean algunos problemas, como la oposición del Gobierno a que accedan a la enseñanza concertada los colegios diferenciados -con separación de chicas y chicos-. Pero en general ya nadie se oponía a esta solución de los conciertos para respetar un mínimo la enseñanza privada, para que los padres que no aceptamos la enseñanza pública obligatoria no tengamos que pagar dos veces, una para la enseñanza a nuestros hijos y otra para la enseñanza a los hijos de los demás.
Cuando los socialistas implantaron la enseñanza concertada, se dijo que lo único que garantizaba la libertad de enseñanza era el cheque escolar -que daba el Estado a cada padre y éste lo empleaba en el colegio de su elección-. Pero sería una sistema demasiado caro, por lo que los defensores de la enseñanza privada dejamos de luchar por conseguirlo y aceptamos los conciertos como mal menor, aunque es sabido que éstos cubren solo el sueldo del profesorado y no los gastos de construcción ni de mantenimiento de lo construido.
Y de repente aparece la extrema izquierda y quiere acabar con la enseñanza concertada. Increíble. Y ¿cómo pretenden hacerlo?. Eso no lo entendí en las noticias, pero he visto que precisamente Religión en Libertad lo explicaba al día siguiente, el 19 de febrero: “Así busca -titulaba el artículo- Yolanda Díaz acabar con la concertada: impedir que obtenga más suelo y crear una red única”.
“Peticiones Católicas -subtitulaba- ha iniciado una campaña de recogida de firmas contra esta propuesta”. Y ya en texto informaba de que Sumar, el socio de los socialistas en el Gobierno de Pedro Sánchez, acaba de registrar en el Congreso una proposición no de ley para suprimir progresivamente los conciertos educativos mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados-concertados en una red única de centros públicos.
La iniciativa pide al Ejecutivo que celebre una mesa sectorial con las comunidades autónomas y administraciones competentes «con el fin de establecer una red escolar pública única, que no derive recursos públicos a financiar opciones privadas». Con esta iniciativa se buscaría que el Ejecutivo obligue a las administraciones competentes a no destinar suelo público (sea de titularidad municipal o regional) para construir colegios concertados.
Entre las razones que da la formación liderada por Yolanda Díaz está que los centros concertados «generalizan el levantamiento de barreras de entrada, sobre todo con el mecanismo de cobro ilegal de cuotas (además del copago de actividades o tasas voluntarias, la religión católica como ideario excluyente y las propias zonificaciones geográficas que han favorecido esta selección), lo cual atenta contra el derecho a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos».
El sector educativo ya ha manifestado su malestar por esta propuesta. El sindicato mayoritario de la enseñanza concertada en España ha defendido que los centros concertados son «abiertos, y plurales y hacen posible, independientemente del nivel socioeconómico, el derecho de las familias a elegir libremente el tipo de educación que consideran más conveniente para sus hijos».
Jesús Pueyo, secretario general de FSIE, argumenta que «lo que deben hacer los responsables políticos, también los de Sumar, no es atacar este tipo de enseñanza, sino aprobar una financiación justa que solvente el déficit actual, garantizando la gratuidad del coste real del puesto escolar y permitiendo que las condiciones de trabajo de sus profesionales docentes y no docentes sean equiparadas a quienes trabajan en centros públicos».
FSIE recuerda que «la enseñanza concertada no es un problema del sistema educativo como se pretende hacer ver, sino una parte importante del mismo que contribuye con eficacia y buenos resultados a la formación y educación de cientos de miles de personas».
UN VIEJO RECLAMO DE LA IZQUIERDA
Esta iniciativa en su día ya la defendió Pablo Iglesias. El fundador de Podemos propuso en la campaña de las elecciones autonómicas del 4 de mayo de 2021 «la supresión progresiva» de los conciertos educativos, planteando «una red única de centros de titularidad y gestión pública».
«Se llevará a cabo la supresión progresiva de los conciertos educativos existentes y la permuta de la gestión indirecta a directa de las escuelas infantiles y casas de niños en centros de titularidad pública», se decía entonces.
“El portal Peticiones Católicas -concluía el artículo- acaba de iniciar una campaña de recogida de firmas en contra de esta medida. Puedes firmar en este enlace:
https://peticionescatolicas.org/2025/02/no-permitas-que-la-extrema-izquierda-de-yolanda-diaz-y-sumar-exterminen-la-educacion-concertada/”
Lo comentamos en una tertulia de jubilados -aunque ya no nos afecta directamente, pero sí a nuestros nietos, y además todos vivimos la implantación socialista del sistema de conciertos, sustituyendo al anterior de subvenciones, yo creo allá por los años ochenta-y todos veíamos lo absurdo de esta propuesta, que viene a reanudar una guerra acabada ya y en este caso ganada por las izquierdas, hasta cierto punto. Es como si además de vencer, las izquierdas quisieran fusilar a los vencidos.
Me hizo gracia un compañero que sostuvo que si conseguían cerrar toda la enseñanza privada, a ver como iban a mantener la pública, pues es sabido que el coste de la pública es mucho mayor -casi el doble, dijo otro- que el de la privada, por lo que si todos los colegios privados cierran, a ver como da el Gobierno enseñanza a todos. En definitiva, añadí yo, es resucitar el carísimo cheque escolar, como si el Estado da el cheque escolar a todos los padres, diciéndoles que tienen que darlo a un colegio público. Un imposible.
