Voz del sur

Julio Frank Salgado

Ejército chileno reconoce públicamente violaciones de DD.HH. en la dictadura

Informe que aborda la actuación de la institución armada y el comportamiento de sus integrantes durante los últimos 50 años admite detenciones masivas, torturas, ejecuciones sumarias, asesinatos, detenidos desaparecidos y una política de eliminación de adversarios.

Ejército chileno reconoce públicamente violaciones de DD.HH. en la dictadura
Portada del informe. ejercito.cl

La próxima comparecencia como inculpado en uno de los fraudes investigados a la institución -por los que ya son procesados tres ex comandantes en jefe- llevó a la mayor autoridad del Ejército, general Ricardo Martínez Menanteau, a renunciar a su cargo en momentos en que se publicaba el informe titulado “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, que aborda centralmente y enjuicia la participación de esa rama de la Defensa Nacional en lo que llama “gobierno cívico-militar”.

En ocho capítulos y 120 páginas, el documento parte por la actuación durante el siglo XIX, continúa con el período previo al golpe de estado y luego con el capítulo “1973-1998. Del gobierno cívico militar a los cambios institucionales en doctrina, derechos humanos y justicia” (IV), para concluir con “reflexiones, conclusiones, lecciones y sugerencias”.

No ha habido hasta ahora debate público acerca del informe castrense, ni desde la elite política –parte de la cual conformó el “ala cívica” de la dictadura- ni en sus medios de comunicación dominantes. Sólo el Presidente electo, Gabriel Boric, de la coalición de izquierda, se ha referido al tema, considerándolo valioso y calificándolo como “histórico”.

Aquí, una selección de acápites de los capítulos IV y finales, particularmente aquellos que se refieren al período de la dictadura (1973-1990). (Subtítulos del editor).

Detenciones, torturas, ejecuciones, asesinatos

“(…) El informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación da cuenta de la detención de personas en todo el país por parte de personal de las Fuerzas Armadas y policiales, las que se ejecutaron en sus viviendas, vía pública o después de haberles requerido en ‘bandos’ que se presentaran en cuarteles militares y que fueron llevados a recintos castrenses y civiles”.

“Si bien, la mayoría de las detenciones obedecían a una orden superior, es reprochable que los detenidos hayan sido torturados, como lamentablemente ocurrió, y más aún el hecho que algunos hayan sido ejecutados sin que existiera un debido proceso judicial, como estaba expresamente dispuesto en el Código de Justicia Militar de 1944. Estas situaciones provocaron un grave daño al prestigio de la Institución”.

“También merecen el más enérgico repudio las acciones en las que estuvo involucrada la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en la época. Los tribunales de justicia comprobaron más tarde la participación de algunos integrantes de esta repartición institucional en los hechos que provocaron la muerte del líder sindical Tucapel Jiménez, ocurrida en febrero de 1982, y del químico Eugenio Berrios en noviembre de 1992”.

Detenidos desaparecidos

“Es también inaceptable que no se haya entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias. Este aspecto ha sido uno de los más determinantes en las imputaciones que se le hacen al Ejército, que hasta el día de hoy tienen los distintos organismos de derechos humanos”.

“Caravana de la Muerte”

“El general a cargo (Sergio Arellano Stark), que lo hacía en calidad de ‘delegado del Comandante en Jefe del Ejército (CJE)’, se mantuvo deliberadamente lejos de los lugares donde se ejecutaron los fusilamientos, distrayendo a los comandantes de regimientos en actividades sin ninguna importancia, mientras los miembros de su comitiva sacaban gente de las cárceles y los fusilaban o le(s) ordenaban a integrantes de las unidades que lo hicieran, involucrando intencionadamente a personal de los regimientos con seudos Consejos de Guerra”.

Asesinato del general Prats

“Aparte de los crímenes de la denominada caravana de la muerte y otros que ocurrieron, el asesinato del ex Comandante en Jefe, General Carlos Prats, y de su esposa, señora Sofía Cuthbert, acaecido en Buenos Aires, del que se responsabilizó a algunos miembros de la DINA, se ha constituido también en una gran vergüenza institucional, a pesar que fue realizado por un organismo de seguridad que no pertenecía al Ejército, pero quienes resultaron condenados por la justicia en su mayoría pertenecían a la Institución”.

“Sobre esta situación se pronunciaron (sic) años después el Comandante en Jefe del Ejército, GDE Oscar Izurieta Ferrer, al inaugurar el Campo Militar San Bernardo del General Carlos Prats González el 5 de junio de 2009, al expresar que ‘… el Ejército chileno, su Comandante en Jefe y los miles de hombres y mujeres que lo componen condenan públicamente la vileza de esta acción y repudian a los autores de tan deleznable crimen, así como a los indiferentes que no prestaron consuelo y apoyo a las hijas de un Comandante en Jefe asesinado…’. Agregando: ‘… de confirmarse, en sentencia ejecutoriada, la participación de ex militares en estos dos crímenes, se habría configurado un acto del mayor deshonor. Es más, si ya el atentado a la vida del General Prats sería un agravio al honor militar, la muerte de su esposa constituiría un ultraje a nuestra cultura militar y al concepto de familia que tanto valoramos…”.

Política de eliminación

“El Ejército en su intervención en esta instancia (Mesa de Diálogo) realizada entre agosto de 1999 y junio del 2000, en relación con la violación de los derechos humanos aseguró ‘que la Institución jamás propició una política de Estado destinada ‘per se’ a causar la eliminación de adversarios políticos del gobierno militar’. Sin embargo, resultaba evidente que, durante ese periodo, especialmente en los primeros años, se produjeron violaciones en materia de derechos humanos, las que deben ser objeto de la más enfática reprobación, considerando que nunca un pretendido bien común podrá justificar la violación de estos derechos”.

Consecuencias institucionales

“Como conclusión de este análisis es inevitable señalar que, cualquiera que fueran las normas aplicables, incluso en distintas etapas, no se puede violar derechos internacionalmente establecidos, que incluyen la prohibición de la tortura, la prohibición de ejecuciones sumarias, la no discriminación y el respeto a los detenidos”.

“Lo expresado por el Ejército de Chile a través de los comandantes en jefe representa la posición institucional ante situaciones tan aberrantes y que no tienen absolutamente ninguna justificación ni contexto al que se pretenda argüir”.

“Las situaciones que se vivieron durante el gobierno militar de violación a los derechos humanos no pueden minimizarse ni descontextualizarse, debido a que los militares están obligados en su actuar a respetar las normas y procedimientos legales”.

“Podemos establecer que el ethos militar fue afectado severamente cuando se violaron los derechos humanos en cumplimiento de las órdenes debido a que se dañó gravemente la confianza de los ciudadanos con el Ejército y la lealtad que debe existir entre superiores y subalternos dentro de las estructuras de la institución, ya que se funda en que quien da las órdenes debe hacerse responsable de las consecuencias de su cumplimiento. En ello descansa la base de la disciplina militar, que es el factor clave e imprescindible de toda fuerza militar”.

“Los mandos que no asumieron su responsabilidad por las consecuencias que produjeron las órdenes que emitieron también ocasionaron un grave daño a la Institución. Se relativizaron y desconocieron ‘órdenes verbales’ imprescindibles para la operación de los medios militares en todo tiempo y circunstancia. Quienes así lo hicieron comprometieron el ‘honor militar’, que es un valor fundamental que debe ser observado de Soldado a General. No son pocos los oficiales y suboficiales de baja graduación que, como consecuencia de haber actuado en cumplimiento de órdenes verbales que posteriormente fueron desconocidas por sus superiores, hoy están privados de libertad”.

Herencia

“A raíz de la participación de algunos de sus integrantes en tareas políticas durante el gobierno militar, desde la vuelta a la democracia en 1990 la institución ha sido vista por algunos sectores políticos y de la sociedad como la ‘heredera’ de lo obrado durante en ese período, condición que ciertamente ha dificultado que sea apreciada transversalmente como un Ejército que pertenece a todos los chilenos”.

INFORME COMPLETO

J.F.S.

Fuente: ejercito.cl

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Autor

Julio Frank Salgado

Periodista y bloguero chileno. Reportero y editor en medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales. Activista digital por una Constitución democrática para Chile desde 2007. Autor de "Médicos en la Historia de Chile" (2005) e "Idolos de blanco" (2011). Año XIX en la blogosfera de PD.

Julio Frank Salgado

Periodista y bloguero chileno. Reportero y editor en medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales. Activista digital independiente por una Constitución democrática para Chile desde 2007. Autor de "Médicos en la Historia de Chile" (2005) e "Idolos de blanco" (2011). Año XIX en la blogosfera de PD.

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