Una acalorada crítica a lo que se calificaba como una farandulesca e inútil estrategia contra el narcotráfico llevada a cabo por Rodolfo Carter, alcalde de la populosa comuna de La Florida, se escuchó durante la tarde-noche del jueves 23 en el dial de la frecuencia modulada de Santiago. Era la voz del periodista Felipe Pozo, uno de los conductores del programa “Política en Vivo” de la radio de la Universidad de Chile (“La Radio que Piensa”), en un irritado comentario que sonó, sin embargo, solitario y aislado por provenir del único medio tradicional de línea disidente de cierto peso durante 32 años de post dictadura en Chile.
En cambio, el plan de demolición de “narco-casas” emprendido por el jefe comunal -independiente patrocinado por la derecha- ha sido cubierto profusamente a través del resto del espectro mediático local, que ejecuta implacablemente una línea editorial de cobertura instantánea, amplia, permanente y reiterativa especialmente de la gran y productiva punta de lanza del mencionado sector ideológico en su afán no sólo por ganar más votos, sino también de, una vez desbancada la propuesta de nueva Constitución de la Convención Constitucional, desestabilizar a un Presidente y su gobierno de izquierda aun cuando éstos no se salgan de la institucionalidad en vigor.
Está claro que el combate de la delincuencia y el violentismo deben ser prioridades de toda democracia, pero cuando su información pública se limita, como en este caso, a la delincuencia y el violentismo comunes, cometidos por seres más bien anónimos, poco conocidos o impopulares, privándosele de la conexión con el contexto social que pudiera explicarlos y revelar, de paso, otros flagelos, se revela como una actitud falaz, con gran impacto inmediato, efectista pero no efectiva. Falta otra cara, la del delito “de cuello y corbata”, en la que han adquirido particular notoriedad signatarios precisamente de ese domicilio político, junto con excesos procedimentales policiales considerados como violación de derechos humanos –una actual senadora quedó con el rostro desfigurado y sin algunos sentidos por una bomba lacrimógena durante el estallido social, pero una diputada derechista acaba de dudar públicamente de esas lesiones-, lo que, lamentablemente, no goza de la misma dedicación periodística.
Es la “teletracia” a sus anchas, aquel poder político de los medios ejercido principalmente a través de la imagen televisiva –llamada también videocracia-, pero que puede ser entendida además como el resultado de una capacidad específica de ciertos núcleos mediáticos, privados y comerciales en este caso, de superar discrecionalmente cualquier obstáculo para alcanzar un destino donde haya una audiencia potencial que conquistar.
Amenaza disipada
Después de tres décadas de una institucionalidad diseñada por ella misma al amparo de la dictadura de Pinochet, la derecha (UDI, RN, Evópoli y hoy Partido Republicano) creía mantener la sartén firmemente por el mango. Los políticos concertacionistas se ajustaron a los pilares institucionales vigentes, incluyendo el que favorece la concentración económico-mediática, y sólo consiguieron reformas puntuales, con relativa trascendencia, pero débiles ante la solidez de la “camisa de fuerza”. Logró aquélla incluso superar la revuelta social y el abrumador resultado del plebiscito constitucional de entrada de 2020, confiando en que la elección de una convención enteramente elegida terminaría en forma más o menos parecida a una de diputados y el entonces segundo gobierno de Piñera se anticipó a declararse ganador. No se imaginó siquiera la irrupción de auténticos independientes que, igualados electoralmente por única vez con los pactos partidistas, dejaron a la asociación conservadora-neoliberal con una insólita e intrascendente representación de menos de un tercio.
El desenlace ya lo conocemos: la propuesta de nueva Constitución, que terminaba con la autoritarista y privatista del dictador al establecer y describir ampliamente un Estado Social de Derecho, amenazó por primera vez la base de sustento del establishment, el que, azuzado por su ala republicana, ultrapinochetista, experimentó la reacción de siempre: patear el tablero. No teniendo esta vez la necesidad de salirse de los cauces institucionales como en 1973, echó mano a su legión mediática “amiga”, compuesta por un duopolio nacional de periódicos en papel y consorcios radiales y televisivos nacionales y transnacionales, dispuestos a defender a como diera lugar no a políticos de turno, sino la democracia “protegida” que éstos consagraron.
“Tocobo” (Todos Contra Boric)
Luego de revertir el apoyo popular inicial al proceso constituyente y borrar finalmente a éste de su pauta informativa diaria –intentando, una vez más, enterrar la historia nacional no conveniente a sus intereses-, el poder político-mediático intensificó su campaña contra el novel gobierno y su cabeza, agigantando y reproduciendo con majadería sus errores, acusando y denostando individualmente a personeros clave y, por supuesto, cuestionando proyectos de reforma del programa gubernamental que contrariaban el sentido del actual sistema. Hace algunos días, por ejemplo, votó en contra la reforma tributaria –finalmente rechazada-, la que proveía de financiamiento a otras propuestas presidenciales -la reforma al sistema previsional privado, entre ellas- e incluía un gravamen a los mayores patrimonios del país (“Súper Ricos”).
Asimismo, reaccionó atacando (imagen) al Tribunal Constitucional (TC), creado precisamente por ella como guardián de la institucionalidad vigente, cuando éste rechazó, el martes 21, todos sus recursos contra los decretos de indulto presidencial en favor de algunos condenados por delitos. Fue un duro –pero no definitivo- golpe contra su populista discurso, centrado en una paz social forzada, sobre la base de una represión que considera insustituible para proteger a una población cada vez más temerosa de ser víctima de algunos de los delitos reproducidos por los medios (y para proteger también la economía consumista).
“Lo vi en la tele”
Los noticiarios y programas matinales de la televisión abierta, en efecto, se desbordan cada día exhibiendo, recreando y repitiendo una y otra vez hechos delictuales de todo tipo, grupales e individuales (asaltos, “portonazos”, baleos, tiroteos y otros, durante los cuales también hay policías víctimas), enfocados esencialmente como una asonada diaria, perversa y en descampado de sujetos desconocidos contra ciudadanos inocentes e indefensos, todo por supuesta culpa de un gobierno de turno insensible, ineficiente y pasivo. Después de varias horas de comunicar alarma y tensión, la pantalla, sin embargo, se transforma y aparece la calma… y la entretención. La audiencia recibe entonces una programación abundante en farándula, ficción masiva, concursos y deporte de espectáculo, cultura limitada al turismo y, conectando todo eso, la alegría y el optimismo de la publicidad.
La televisión abierta chilena, fuera de excepciones informativas circunstanciales exigidas por su género audiovisual, ha preferido durante las últimas décadas los servicios prácticos y domésticos a consumidores y usuarios y no la información y la formación de ciudadanos. (Varios de sus periodistas-estrella que se entusiasmaron cubriendo e interpretando el rebrote popular de 2019-2020 no tardaron en reaparecer en los sets rutinarios de costumbre).
En radio, ya está dicho, una sola voz se alza, diferente, en medio de un concierto en un solo tono en la centralista capital del país, mientras los periódicos del duopolio nacional siguen prosperando sin competencia alguna.
Por eso no extraña que otra reforma emblemática propuesta por el gobierno de Boric haya dado sus primeros pasos silenciosamente. Tres universidades entregaron un informe solicitado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, que busca alcanzar y garantizar por fin la diversidad (y mejor democracia) en la comunicación pública chilena.
Una prueba este “11”
Ahora esta “telecracia” cubre un nuevo “proceso constituyente”. Con moderación, ya que esta vez el diseño ha corrido totalmente por cuenta del poder constituido, ha sido puesto a cargo de nuevos organismos burocráticos y aunque sus próximos consejeros constitucionales serán elegidos por votación popular, su participación tiene ya “bordes” previos destinados a permitir una “buena” Carta Fundamental.
Pese a todo, dentro de algunos meses el arco mediático dominante tendrá que aceptar una prueba: la conmemoración de los 50 años desde el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. Entonces, a través de su enorme y exclusiva potencia para la exposición pública, tendrá que dar a entender, al menos, que la asonada militar fue un ataque injustificable contra los derechos humanos y el sistema democrático, o bien, como refleja en los fríos hechos su derecha proveedora, que los crímenes de lesa humanidad se justifican cuando contribuyen a la tranquilidad social y la prosperidad económica.
J.F.S.
Diversas fuentes
