Otro viernes de dolores. Hoy Fernández de la Vega, vicepresi-denta primera del Gobierno, tal vez acompañada por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunciará, urbi et orbe en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno del presidente Rodríguez ha dado luz verde al anteproyecto de ley para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Además, con esta iniciativa -sin duda histórica- el Ejecutivo socialista pondrá fin a la secular marginación que han sufrido homosexuales y lesbianas en sus derechos y se hará realidad su legítimo anhelo de formar una familia. Por fin, gracias a ZP y al PSOE, las parejas homosexuales tendrán reconocido, por partida doble, su derecho a ser padres y madres. Discriminación positiva que diría Juanfer, ministro de Justicia.
Aunque esta iniciativa cercena el derecho de los niños a tener un padre y una madre, ésto no comportará ninguna carencia en el desarrollo psicológico y en la educación de los niños adoptados por homosexuales. Lo ha dicho Rodríguez Zapatero, infalible desde su trono monclovita. Como muestra de la solidez de su argumentación -y del rigor de su pensamiento-, ZP ha hecho pública una referencia sorprendente. Su decisión en relación con la adopción por parejas homosexuales se ha basado, sentenció, en los resultados de un sesudo estudio encargado por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, cuando todavía era presidente de la Comunidad. Estupor general. Pena que el PP no hubiera encargado a nuestro ínclito alcalde la gestión de la catástrofe del Prestige o el diseño del PHN (Plan Hidrológico Nacional. ¡Cuántos conflictos les hubiera evitado Gallardón a sus compañeros de partido!
La Justicia no trata igualmente situaciones desiguales. Por encima de criterios antropológicos o jurídicos a favor del verdadero matrimonio, el de un hombre y una mujer, como reconoce nuestra Constitución en su artículo 32.1; por encima del amor, la religión, el sexo o la convivencia, hay un hecho diferencial que define absolutamente al verdadero matrimonio: la posibilidad de engendrar vida, y con ella, los conceptos de paternidad, maternidad y fraternidad. La síntesis de la familia como núcleo social.
Por eso la sociedad reconoce a la pareja humana (hombre y mujer) sus esenciales funciones sociales de procreación, educación y cuidado de los hijos. Y recompensa su dedicación, y su decisiva contribución al bien común -los niños son el principal activo de cualquier sociedad humana-, con los derechos asignados a la institución matrimonial y familiar. Por eso a las personas del mismo sexo no les asiste ningún derecho a contraer matrimonio. El Estado no puede reconocer un derecho inexistente sin actuar de modo arbitrario y sin dañar gravemente al bien común. Por eso, esta decisión del Ejecutivo es un planteamiento exclusivamente político, sujeto a intereses electorales y de partido, y a las presiones de los influyentes lobbys gays que controlan los medios de comunicación audiovisual, en su mayoría «rosas». Y en cierta medida, también a los propios partidos, con dirigentes políticos que han proclamado su condición homosexual.
De todos modos, sólo si el PP colabora con este anteproyecto de ley podrá sacarlo adelante ZP y sus socios de Gobierno. Otra cosa es que se disperse el voto popular en el Congreso y Senado como consecuencia de su errática política de indefiniciones, falta de solidez en los principios y guiños al electorado “progresista” en detrimento, como siempre, de la derecha sociológica, su electorado más fiel, y sin embargo, peor tratado. O que el voto popular en el Parlamento obedezca a los criterios políticamente correctos que emerjan como anaranjadas conclusiones de su XV Congreso y dilapiden los 10 millones de votos que obtuvieron hace seis meses. Dentro de unos días lo veremos.
