Cuando aún no nos hemos repuesto del repulsivo anuncio en el que un autobús machaca a un simpático grupo de confiadas ancianitas, mientras un fulano nos cuenta, con maldita sea la gracia, que en tal empresa no «tienen abuela», ahora nos vienen los de una cadena de bocadillos con una sólida experiencia en promover anuncios especialmente zafios y denigrantes hacia los valores y derechos de la persona -expresamente amparados por la Constitución-, y celebran su 25 aniversario con la emisión por las principales cadenas de televisión de un repugnante anuncio en el que un joven mostrenco grita a voz en cuello a un solícito anciano, diciéndole que ya está harto de queso.
La escena es especialmente infamante, por cuanto lanza un mensaje vejatorio, prepotente, irrespetuoso y soez contra un anciano, de aspecto venerable -en clara alusión al anuncio de otra empresa del sector-, que, sin abrir la boca, corta con esmero un magnífico trozo de queso para ofrecérselo a quien, despatarrado a la mesa en espera de ser servido, se identifica como su nieto. Y el cafre, con aspecto agresivo y bestial ruge: «¡¡¡Abuelo, que ya estoy harto de queso!!!». Después, una voz en off canta las excelencias y la variedad de los productos de la empresa.
Sin duda, los creativos publicitarios han vuelto a conseguir sus objetivos, después de que el pasado verano tuvieran que retirar, a toda prisa, otro anuncio en el que se desprestigiaba a los campesinos, y a la actividad agraria en general, forzados por las acciones legales de las asociaciones de agricultores. Llueve sobre mojado. Pero hay que recordar a esos publicistas y a la empresa a la que sirven que según expresa el artículo 3 de la Ley General de Publicidad 34/1998, de 11 de noviembre, «puede ser contemplada como publicidad ilícita la publicidad engañosa, desleal (por provocar el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona o empresa) y la publicidad que atente contra la dignidad de la persona, o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución».
Y no basta con que se retire el anuncio. Es necesario que desde los poderes públicos se inste al cumplimiento de la Ley, y que, de oficio, los organismos de la administración implicados, las asociaciones de consumidores y usuarios -y en su caso los órganos de la jurisdicción ordinaria-, asuman las funciones de control y defensa de los derechos que la Constitución garantiza. Y que se apliquen sanciones ejemplares. El que contamina, paga.
__________________________________
(*) Por su permanente actualidad y atendiendo el interés de algunos lectores que me han pedido su reedición, vuelvo a publicar este artículo, en su día publicado en diferentes medios de tirada nacional, a propósito de la difusión a gran escala de mensajes publicitarios claramente ilícitos, según determina la Ley General de Publicidad 34/1998, de 11 de noviembre, en cuyo artículo 3 se establece que «puede ser contemplada como publicidad ilícita la publicidad engañosa, desleal (por provocar el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona o empresa) y la publicidad que atente contra la dignidad de la persona, o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución».
