El próximo 10 de febrero el feminismo radical ha convocado una «marea violeta contra los ultraconservadores» , una movilización nacional «contra el retroceso de las políticas de igualdad». O sea, para entendernos, que el lobby feminista (asociaciones, federaciones, coordinadoras de toda laya, institutos y secretarías de la mujer, observatorios «de género» y sus adláteres de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de «todo el Estado») no se resigna a perder ni un sólo euro de las suculentas subvenciones de las que viene disfrutando por su lindo morro feminista, feministo o feministe, a cambio de su apoyo a la casta política de turno.

Ni a que se les recorte ni uno sólo de «los derechos conquistados», como el «aborto libre y gratuito», por ejemplo, o el ansiado fin de los «estereotipos sexistas patriarcales» y sus odiados «modelos de familia tradicional». Y si no, amenazan, que los políticos (o sea, ahora el PP) se atengan a las consecuencias: pura «democracia participativa». Por ello, como lobby que se precie, ponen sus armas sobre la mesa: tomarán las calles y lanzarán su particular órdago político: «Para cualquier cambio, hay que contar con las mujeres». Naturalmente. Y a los despreciables hombres, que les den.

Frente a esta coacción insoportable, el millón largo de varones víctimas directas de las monstruosas doctrinas «de género», ¿qué hemos hecho? A pesar del brutal trato que desde las instituciones policiales y judiciales se nos inflige; a pesar de la flagrante vulneración de los derechos humanos del varón y de su estigmatización social por el mero hecho de serlo -producto de una ley execrable-; a pesar del ingente número de víctimas y del tiempo transcurrido no hemos hecho nada. O casi nada: En España, 400 varones cada día siguen siendo detenidos automática y preventivamente, y encerrados en un calabozo, sin investigación policial alguna por las meras denuncias de «maltrato» -falsas en la inmensa mayoría de los casos-, de sus parejas o ex parejas femeninas.

Mientras no tengamos una mínima estructura organizativa y no asumamos a todos los efectos -y no sólo como una mera declaración de intenciones-, nuestro firme compromiso de luchar contra la LIVG, ley integral contra la violencia «de género», paradigma de leyes inicuas, brutales y totalitarias, no hay nada que hacer. El germen de unión podría haber sido la PCI (Plataforma Cívica por la Igualdad) del juez Serrano, pero tengo la impresión de que le han cortado las alas.

Algo humano, hasta para tan heroico juez. Sobretodo cuando no ha recibido el apoyo masivo que se merecía.