Almería ha amanecido con sobresaltos que parecen sacados de una novela de intriga política.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo la detención del presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, del Partido Popular, así como de su vicepresidente Fernando Giménez y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos vinculados al mismo partido. Esta operación ha generado un verdadero revuelo en el panorama político andaluz.
El núcleo de la investigación se centra en la supuesta adjudicación irregular de contratos públicos durante la pandemia, especialmente relacionados con la compra de material sanitario.
El operativo, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería —el encargado del conocido caso mascarillas—, ha incluido registros simultáneos tanto en domicilios particulares como en sedes institucionales, con el fin de recolectar pruebas que aclaren la magnitud del posible fraude. Las imágenes que han circulado muestran a los agentes saliendo con cajas y ordenadores desde la sede provincial, dejando claro que este día no sería uno más.
El trasfondo: del “caso mascarillas” a una presunta red de comisiones
Aunque el vicepresidente Giménez y el alcalde Sánchez ya estaban siendo investigados, lo ocurrido hoy ha colocado al presidente García en el ojo del huracán. De hecho, el PSOE —que se ha personado como acusación popular— había solicitado su citación como testigo hace apenas unos días debido a “la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados”.
El caso de estas contrataciones llevaba ya meses bajo el radar judicial, pero las detenciones de los altos cargos institucionales han elevado considerablemente su gravedad. Todo comenzó con la contratación de material sanitario por más de dos millones de euros durante los momentos más críticos de la pandemia, operación que ahora se investiga por posibles mordidas y adjudicaciones amañadas.
Entre las evidencias más impactantes que han salido a la luz destaca un intercambio de mensajes en un grupo de mensajería llamado Naranjito, donde se hacían comentarios sobre “la que tienes liada con las mascarillas” y recomendaciones para mantener silencio al respecto. Desde el PSOE sostienen que estas comunicaciones demuestran un “conocimiento directo” por parte de García sobre los hechos, lo cual justificaría su arresto y ampliaría la investigación hacia otros posibles delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude o negociaciones prohibidas.
Claves del escándalo: ¿qué se investiga y por qué ahora?
Las investigaciones se centran en varios puntos clave:
- Contratos públicos durante la pandemia: Se analiza la adjudicación exprés y presuntamente amañada para suministros sanitarios que superan los dos millones de euros.
- Comisiones ilegales: Se está indagando si los implicados cobraron mordidas cercanas a los 400.000 euros por favorecer adjudicaciones a ciertas empresas.
- Red de complicidades: Este caso afecta a varios miembros del Partido Popular en Almería, incluyendo a Óscar Liria —exvicepresidente tercero y tío del alcalde Sánchez— quien es considerado uno de los principales acusados y ya enfrentaba sospechas desde hace tiempo.
La pandemia sirvió como telón perfecto para una gestión excepcional que pudo haber permitido irregularidades bajo el manto urgente que exigía la situación. Aunque el procedimiento judicial sigue bajo secreto sumarial, ya se ha confirmado que la Audiencia de Almería ha prorrogado seis meses más la instrucción debido a la complejidad del caso.
