Padres objetores denuncian a la Junta de Andalucía

(PD).- La Plataformas de Padres Objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) de la provincia de Cádiz han denunciado «la vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar de los menores» que a su juicio ha cometido la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía tras la publicación, el pasado día 1, en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) de los nombres y apellidos de 81 menores, hijos de padres objetores, entre ellos varios miembros de estas asociaciones.

Las plataformas exigen al presidente de la Junta, Manuel Chaves, la inmediata destitución de la consejera de Educación, Teresa Jiménez, a la vez que instan la intervención de oficio de la Fiscalía de Menores.

En caso de que Chaves no cese a la consejera, las plataformas se reservan «la posibilidad de comenzar todas las actuaciones judiciales contra lo que entendemos es un acto de persecución y acoso hacia nuestros hijos, con el fin de restituir el derecho al honor y a la intimidad de estos menores».
Los padres objetores recuerdan que la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recoge que los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones.

Esta Ley señala que la difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la intervención del Ministerio Fiscal.

Suspensión cautelar a EpC

Por su parte, un nuevo auto del Juzgado nº 2 de lo contencioso-administrativo de Albacete, declara la suspensión cautelar de la obligación de cursar Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos,

Desde el Gobierno regional recordaron que Castilla-La Mancha implantará Educación para la Ciudadanía porque así lo establece la Ley Orgánica de Educación (LOE), una Ley que está avalada por mayoría absoluta en el Congreso, y que contó con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios y cuyos contenidos no fueron recurridos: mientras el Tribunal Supremo o el Constitucional no se pronuncien al respecto, la asignatura es una más del currículo escolar, y no cursarla supone ir en contra de la Ley.

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