Fragmentar el Estado en 17 territorios no sólo tiene un alto coste para las empresas sino que además a veces implica desigualdades en los derechos de los ciudadanos
Tras el ofrecimiento efectuado por Mariano Rajoy al PSOE de pactar la reforma del modelo de Estado, el Gobierno empezó este 4 de mayo de 2012 a dar pasos en esa dirección.
En concreto, el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley que devuelve al Ejecutivo las competencias de vigilancia y sanción en los cauces y riberas de cuencas hidrográficas que atraviesan varias comunidades.
En la legislatura pasada, la ministra Rosa Aguilar cambió la legislación vigente para que las comunidades, siguiendo lo establecido en algunos Estatutos como los de Cataluña, Aragón y Andalucía, pudieran vigilar sus ríos.
En una sentencia del año pasado, el Tribunal Constitucional falló que esa norma era inconstitucional, estableciendo el principio de «unidad de cuenca», o sea, imponiendo una única supervisión de los sistemas hidrográficos más allá de su configuración territorial.
Lo que hizo este viernes el Consejo de Ministros es aplicar esa sentencia, de suerte que la vigilancia y la potestad sancionadora pasará a ser ejercida por el Gobierno en las cuencas intercomunitarias.
De forma análoga, el Ejecutivo aprobó también la simplificación del sistema de permisos para el transporte de residuos, que ahora exige autorizaciones de las comunidades de salida y de destino.
Soraya Sáenz de Santamaría explicó que estas iniciativas son «un anticipo» de lo que el Gobierno quiere hacer en materia de reforma del modelo de Estado.
Aseguró que, cuando existan duplicidades, el Ejecutivo examinará caso por caso y decidirá qué administración puede asumir esa competencia con criterios de coste y eficiencia.
La vicepresidenta del Gobierno subrayó que esta reforma exige «diálogo» con el PSOE, que acaba de crear un grupo de trabajo para elaborar un plan de racionalización de las administraciones públicas.
Subraya el diario ‘El Mundo‘ en su editorial y suena de sentido común que es muy importante que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo en un asunto que afecta al modelo de Estado.
La necesidad de eliminar duplicidades y reordenar la maquinaria burocrática del Estado es una exigencia de sentido común, que va más allá de las ideologías, aunque no faltará quien quiera ver en ello un afán centralista por parte del Gobierno de Rajoy.
Este argumento se desmonta fácilmente porque, como Soraya Sáenz de Santamaría afirma, habrá algunas competencias compartidas o exclusivas del Estado que podrán ser transferidas a las comunidades o a los ayuntamientos si éstos pueden ejercerlas de forma más eficaz.
Lo que carece de sentido es lo que sucede ahora: que en algunos casos la misma competencia es ejercida por cuatro administraciones. Ése es el caso de las carreteras, donde se solapa la acción de los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades y el Gobierno de la nación.
Igual está pasando en numerosos ámbitos como la defensa de la competencia, la regulación del comercio, la seguridad industrial o el transporte de mercancías y pasajeros.
Un ejemplo: la homologación de un producto se hace a nivel nacional, pero luego cada comunidad establece unas normas distintas de etiquetado o de información al consumidor.
Esto no sucede en ningún gran país europeo ni en EEUU, donde la unidad de mercado es un principio que no se discute.
Fragmentar el Estado en 17 territorios no sólo tiene un alto coste para las empresas sino que además a veces implica desigualdades en los derechos de los ciudadanos.
Sin ir más lejos, IU acaba de exigir a Griñán que no aplique la reforma laboral en el sector público andaluz, lo que supondría un privilegio para los empleados de las sociedades de la Junta.
Ése no puede ser el camino si lo que se pretende es recortar el gasto público para liberar recursos que son necesarios tanto para mantener los servicios básicos del Estado como para relanzar la economía productiva.
