Endesa e Iberdrola trabajan con un escenario de un cierre máximo de tres centrales nucleares de las siete existentes de aquí a 2028, fecha en la que expiran los permisos que tienen en la actualidad este tipo de plantas.
Ambas compañías coinciden en que Enresa no tiene la capacidad suficiente para afrontar un desmantelamiento total a lo que se suma ahora el retraso en la puesta en marcha del almacén temporal de residuos, así como la falta de capacidad financiera para afrontar el coste total de dicha operación.
El cierre total del parque nuclear supondría que Endesa e Iberdrola tendrían que amortizar alrededor de 6.000 millones en los próximos años para poder llevar a cabo el cierre de las nucleares españolas entre 2023 y 2028 y es en este punto donde radica la mayor diferencia.
Mientras que Iberdrola amortiza del orden de 500 millones anuales para tener amortizadas las plantas al cumplir 40 años -lo que les lleva a pérdidas-. Endesa lo hace a 10 años más y les permite seguir ganando dinero.
Hay tres escenarios posibles: cierre de nucleares, del carbón nacional o del carbón importado
Exlica Rubén Esteller en ‘El Economista’ este 9 de agosto de 2018 que en España hay en estos momentos alrededor de 17.000 MW de potencia instalada sobrante para poder hacer frente a la demanda existente. El ratio de cobertura mínimo se considera que debe ser del orden de 1,10 y ahora mismo nos situamos en 1,35. Con la previsión de evolución de consumo, los datos de las eléctricas consideran que de aquí a 2030 apenas sobrarán 5.000 MW y los cálculos que realiza la Comisión Nacional de Mercados y Competencia reducen esta cifra hasta los 3.000 MW.
Esta situación deja abiertos tres escenarios posibles: el cierre del carbón nacional, el cierre del carbón importado o el de las nucleares. En estos momentos, el escenario que parece ya evidente es el cierre de 6.000 MW de carbón nacional antes de 2020.
La clausura de las centrales nucleares que se está planteando el Gobierno supondría, según las cuentas de las eléctricas, incrementar alrededor de un tercio las actuales emisiones de CO2. En estos momentos, el sector eléctrico emite 60 millones de toneladas de CO2 al año, por lo que si se tuviera que cubrir la producción de energía de estas centrales, que asciende a 56 TWh, las emisiones resultantes podrían llegar a alcanzar los 22 millones de toneladas.
En los escenarios que manejan las mayores eléctricas del país, esta situación provocaría un aumento del precio medio de la electricidad del orden de 8-9 euros/ MWh, lo que supone cerca de un 20% del precio.
Iberdrola, por contra, considera que el cierre de las nucleares se podría realizar sin que repercutiera en el precio de la electricidad. Para ello, Ignacio Galán ha propuesto un nuevo plan de renovables más ambicioso cuyo objetivo seria alcanzar el 70% de renovables «para lo que sería necesario invertir entre 70.000 y 80.000 millones de euros en generación limpia y en las redes para integrarlas».
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, consciente de la dificultad que supone para el sistema el cierre de las nucleares, se ha apresurado a ponerse una salvaguarda en el discurso y asegura que el cierre de estas centrales está previsto a los 40 años, tal y como marca el programa electoral del PSOE, pero que carece de los números sobre las inversiones necesarias para adaptar las centrales a las nuevas exigencias de seguridad y el sobrecoste que puede tener la gestión de los residuos nucleares.
El sector eléctrico, no obstante, lo tiene muy claro: si se cierra el carbón y la nuclear a la vez los precios de la electricidad subirán.
La ley favorece el cese de las plantas
La normativa actual favorece el cierre de las plantas, ya que ahora las decisiones en las centrales se tienen que tomar de forma unánime. Esto significa que si no hay acuerdo para renovar la autorización el cierre es obligado. A grandes rasgos lo que significa es que si Iberdrola no quiere seguir adelante con las plantas puede forzar a Endesa al cierre de las mismas. A lo largo del pasado año ya se vivió un duro enfrentamiento por el cierre de la central nuclear de Garoña. Por ese motivo, el Ejecutivo deberá estar atento a las peticiones de las eléctricas, ya que, de lo contrario, puede tener que afrontar un escenario de precios de la electricidad más altos y llegar incluso a tener problemas de seguridad de abastecimiento.
