La meteorología extrema ya no es un asunto de tertulia para llenar ascensores; es el epicentro de la política nacional, y más cuando los responsables públicos convierten el teléfono rojo de emergencias en un artículo de coleccionista.
España, tierra de lluvias imprevisibles y responsables previsibles: cuando el agua se desborda, la culpa siempre acaba nadando río abajo.
La falta de coordinación y la lentitud en la reacción administrativa han reabierto el debate sobre la preparación institucional ante fenómenos extremos, la capacidad real de los sistemas de alerta y la necesidad de reformar protocolos para que, la próxima vez, no dependamos del olfato político de turno.
La reciente declaración de Miguel Polo, presidente socialista de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ha puesto en el disparadero no solo la gestión de la DANA que asoló Utiel, sino también la coordinación interadministrativa y el uso de los fondos europeos destinados a catástrofes naturales.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar admite en una declaración de ocho horas que el día de la DANA no se enteró del desbordamiento del Poyo hasta las 18.45 horas, con Paiporta ya inundada.
Y como telón de fondo, la incompetencia, desidia, ineptitud y mala fe de Sánchez y su Gobierno.
El día que las alarmas no sonaron
A día de hoy, 20 de septiembre de 2025, el caso sigue sumando titulares y crispación.
Polo ha reconocido ante la jueza que, a pesar de saber del riesgo inminente en el barranco del Poyo a las 18:45 horas del 29 de octubre del año pasado, no informó de ello en la reunión del Cecopi, el órgano clave de coordinación de emergencias.
La situación en Utiel era crítica, pero las comunicaciones oficiales no estuvieron a la altura de la amenaza. Polo, que asistió telemáticamente a esa reunión, centró su atención en la presa de Forata y dejó en el limbo informativo el peligro real que se cernía sobre la localidad valenciana.
La delegada del Gobierno se enteró del desbordamiento del Poyo por una llamada de la alcaldesa de Paiporta, no por los canales institucionales.
La Guardia Civil, en su informe, certifica la «inexistencia de avisos» sobre la situación real, lo que ha derivado en la apertura de una investigación judicial para esclarecer responsabilidades políticas y técnicas.
El presidente del Júcar y los sensores mudos
La gestión de la emergencia no solo falló en el plano de la comunicación humana.
A esto se suma otro episodio digno de novela de suspense: los sensores hidrológicos, encargados de medir caudales y prever desastres, dejaron de funcionar en pleno apogeo de la tormenta, y nadie en la Confederación Hidrográfica del Júcar informó al Cecopi de esta desconexión. La información clave para anticipar el desbordamiento se perdió en algún punto entre el despacho y la sala de crisis, agravando una situación ya de por sí desbordada, nunca mejor dicho.
Reuniones, reproches y una alerta que nunca llegó
El ambiente en la Generalitat Valenciana y el Gobierno central se tornó irrespirable en las horas y días posteriores.
Polo asegura que propuso dos veces al Cecopi el envío de una alerta masiva a la población para que subieran a pisos altos, pero lamenta que “no se tomaban medidas” y que sus advertencias no se tradujeron en acciones concretas. Mientras tanto, desde València se le reprocha su “ausencia absoluta de comunicación directa cuando más necesaria era una voz experta al otro lado del teléfono”.
El cruce de acusaciones entre administraciones ha dado lugar a una pugna política en la que nadie parece dispuesto a cargar con el muerto (metafóricamente, aunque la tragedia dejó 228 víctimas). Polo, preguntado por su responsabilidad, zanjó con cierta resignación: “Ahora es muy fácil decir que se tenía que haber hecho o no”.
Una frase que, si bien es cierta, resulta poco reconfortante para quienes vivieron la emergencia desde la planta baja.
Fondos europeos y ejecución a paso lento
En medio de este vodevil institucional, la gestión económica tampoco sale bien parada. La Unión Europea destinó 1.240 millones de euros a España para paliar los efectos de la DANA, pero, según los últimos datos, el Gobierno solo ha ejecutado un 16% de lo anunciado.
El resto, permanece en la nevera burocrática, a la espera de proyectos concretos y de una gestión más ágil y eficaz. Mientras tanto, los afectados siguen esperando soluciones y las infraestructuras continúan siendo vulnerables ante futuras DANAs.
El relato judicial y las incógnitas políticas
El proceso judicial en la Ciudad de la Justicia de Catarroja ha servido de escenario para que Polo expusiera su versión y para que los familiares de las víctimas expresaran su indignación, abucheos incluidos. La investigación sigue abierta y promete más capítulos, entre ellos la clarificación de por qué la Generalitat tardó horas en pedir la intervención de la UME y por qué los informes técnicos contenían datos contradictorios sobre la riada.
La CHJ defiende que no hubo “apagón informativo” y que los sistemas de alerta funcionaron en todo momento, aunque los hechos y los informes policiales apuntan a lagunas críticas en la comunicación y en la toma de decisiones. La Aemet, por su parte, asegura haber realizado 24 llamadas al Centro de Emergencias ese día, aunque tampoco consiguió que se activaran todas las alertas necesarias.
Algunos datos y curiosidades del caso invitan a la reflexión (o a la sonrisa amarga):
- El presidente de la CHJ, tras 11 meses de silencio, sigue defendiendo que “nadie era capaz de prever lo que iba a suceder”, aunque los sistemas de alerta existían y algunos técnicos avisaron por canales informales.
- La UME fue movilizada a instancias de una llamada personal más que por los canales oficiales.
- Los agentes medioambientales de la CHJ fueron enviados a casa durante las horas críticas, dejando aún más desprotegida la zona cero del desastre.
- Los fondos europeos para reconstrucción siguen esperando, demostrando que la burocracia es más resistente que cualquier DANA.
