(PD).- La Consejería de Sanidad deberá pagar 6.000 euros a una mujer a la que no se supo diagnosticar correctamente en los hospitales públicos, lo que la llevó a acudir a la sanidad privada, donde no pudieron evitar ya las secuelas del problema traumatológico que padecía. Así lo establece una resolución del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que expone que los hechos comenzaron en 1999, cuando la mujer acudió a un hospital de la Generalitat con «fuertes dolores en la pierna derecha», en la que había sido intervenida de varices, y se le dijo que el problema que tenía era traumatológico y no de circulación sanguínea.
Un año después, se le diagnosticó «exceso de musculatura, aconsejándole reposo, a pesar de lo cual los dolores no disminuyeron», y tras diversas consultas médicas en 2002 fue atendida por el Servicio de Reumatología de un hospital público, en el que se apuntó que no encontraba mejoría tras distintos tratamientos. Un informe elaborado por este servicio para el médico de cabecera de la demandante indicaba que ésta había dejado voluntariamente un protocolo médico en el que había sido incluida, e insistía en que no se observaba «ningún dato que hiciera pensar» en la posibilidad de intervenirla quirúrgicamente. Finalmente, la mujer decidió a acudir a una clínica privada de Barcelona, donde le aconsejaron operarse, algo que hizo finalmente en un centro sanitario privado de la Comunidad Valenciana con el diagnóstico de «espondilolistesis», tras lo que acudió a un hospital público para la rehabilitación. En este último centro se le prescribió un tratamiento rehabilitador, «pese al cual sigue persistiendo debilidad muscular e hipotensia bilateral», situación que se considera «como secuela y sin posibilidad de mejoría» y que le obliga al uso de tratamiento médico.
Agencia EFE
