El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado al Gobierno la necesidad de regular la relación laboral de los asistentes personales de personas con discapacidad y en situación de dependencia, como medio de contribuir a extender esta figura y a dar seguridad jurídica a la prestación de este tipo de servicios de proximidad.
Los asistentes personales son trabajadores que dan soporte y apoyo a personas con discapacidad o en situación de dependencia para que éstas puedan realizar las actividades de la vida diaria y llevar una vida plenamente participativa, y constituye un recurso esencial para la autonomía e independencia de las personas a las que asisten.
En la actualidad, según el Cermi, la contratación directa por parte de una persona con discapacidad o en situación de discapacidad de un asistente personal carece de suficiente cobertura jurídica laboral, lo que dificulta enormemente la generalización de este tipo de servicios.
Un particular que desea contratar a un asistente personal no proporcionado por una empresa o entidad debe acudir a la relación laboral de empleados de hogar, «absolutamente inapropiada para este cometido, ya que son figuras completamente diferentes», afirma el comité de la discapacidad en un comunicado.
Ante esta carencia, el Cermi ha propuesto al Gobierno que establezca una relación laboral especial de asistencia personal, «para lo cual debería modificar el Estatuto de los Trabajadores a fin de darle cabida y aprobar un real decreto específico regulador de este tipo de prestación de servicios laborales de proximidad».
Para ello, la plataforma de la discapacidad ha elevado al Gobierno un modelo de real decreto de relación laboral, como base de partida para acometer esta reglamentación.
Esta regulación ayudaría, en opinión del Cermi, a dar transparencia a un sector de actividad hoy en una situación jurídica precaria y a promover la generación de empleo estable y de calidad en el ámbito de los servicios de persona a persona.
