La Iglesia necesita ganar autoridad moral, sobre todo ante las víctimas y los sectores ideológicos que se han sentido más abandonados por ella.
(Rafael Aguirre en El Correo).- El mero examen lingüístico del comunicado de ETA, en que anuncia el ‘alto el fuego’ ofrece pocas novedades y bastantes ambigüedades. Pero sí hay una novedad más de fondo.
Las dos últimas treguas ETA las adoptó cuando se le habían ofrecido contrapartidas políticas: en 1998 el acuerdo nacionalista de Lizarra, que contó con el apoyo expreso de ETA, y en 2003 las conversaciones de Loyola, democráticamente incomprensibles. Esta vez el alto el fuego de ETA se debe a su aislamiento social y a que su actividad es el gran obstáculo para sus aliados políticos.
La gran novedad es que no hay contrapartidas políticas; nunca ETA había jugado tan a la baja. Las fuerzas democráticas han reaccionado de forma similar en una operación concertada: la declaración es un alivio, pero no es suficiente; lo que se requiere no es una tregua permanente, sino definitiva, es decir, la disolución de ETA.
La Iglesia ha emitido un breve comunicado de los tres obispos de Euskadi, con la reincorporación del arzobispo de Pamplona, en el que reiteraban a ETA «la exigencia moral de su disolución definitiva e incondicional» y pedían oraciones a los fieles. Se está dando simultáneamente un cambio profundo en el País Vasco en la situación política y en la vida de la Iglesia.
Los cambios episcopales no han sido meros relevos personales, sino que han supuesto un cambio de rumbo, inducido desde afuera y cuidadosamente preparado. Esto ya se refleja en el mencionado comunicado episcopal, que sorprende -a mi favorablemente- por ser breve y centrarse en lo fundamental, a diferencia de las prolijas declaraciones que antes se prodigaban. Se percibe con claridad la derrota del terrorismo con el empleo firme de los recursos del estado de derecho.
Durante años ha estado vigente el mito del «empate infinito», de que «la lucha armada» (ha costado mucho generalizar la palabra terrorismo) respondía a un contencioso político, cuya resolución era imprescindible para que ésta cesase; era un planteamiento muy común el de las dos violencias, la de ETA y la del Estado, como si fuesen equiparables, y se proponían medidas de ingeniería política para finalizar con la violencia.
Este tipo de planteamientos ha estado muy extendido, también en ambientes eclesiales, y suponía la deslegitimación de la democracia existente, la asunción de postulados nacionalistas radicales. Ha costado, pero las cosas han cambiado profundamente. La Iglesia tenía que haber denunciado con más claridad y fuerza las raíces idolátricas de una ideología que ha penetrado profundamente en los circuitos culturales y educativos del País Vasco y que ha contribuido decisivamente a la desertización moral y religiosa de nuestra sociedad.
¿Qué tendría que hacer la Iglesia ahora que la situación está cambiando radicalmente gracias a la actuación decidida de la democracia? Ante todo contribuir a la deslegitimación de la violencia porque ETA no ha desaparecido y menos la ideología que durante tiempo la ha justificado. Es precisamente la hondura de esta deslegitimación una de las grandes cuestiones que está en juego. Hay que deslegitimar la causa y la historia entera de ETA. Estamos asistiendo ya a una verdadera lucha por hacer prevalecer el relato de lo sucedido en Euskadi durante estos años. En esto se juega el futuro y la dignidad de nuestra sociedad. Frente a quienes escriben la historia para justificar la trayectoria de ETA, convirtiéndola en quien abrió nuevas posibilidades para la sociedad vasca, hay que defender el relato hecho desde las víctimas y dejar bien claro que ETA nunca estuvo justificada, que no ha conseguido nada positivo; hay que reivindicar la memoria de las víctimas y debe caer el oprobio y la deslegitimación sobre la causa que tanto dolor ha causado.
Además la sociedad vasca necesita curar las heridas, superar odios, abatir el fanatismo ideológico y crear un clima sereno para poder afrontar los problemas políticos. Esto no se logra en pocos años, quizá requiera más de una generación. La Iglesia necesita ganar autoridad moral, sobre todo ante las víctimas y los sectores ideológicos que se han sentido más abandonados por ella. Los cambios episcopales en las diócesis vascas pueden conllevar una renovación pastoral, cuyo reto es no descolgar a los grupos y personas que han tenido protagonismo hasta ahora, pero incorporar otras sensibilidades y otros estilos, ampliando la comunión eclesial y acrecentando su capacidad en la ardua tarea de regeneración cívica y moral de la sociedad vasca.
En una sociedad democrática y madura, el papel de la Iglesia no es la mediación política ni proponer medidas de ingeniería política, aunque sea baja la capa de una presunta experiencia moral. La Iglesia vasca tiene que hablar bien de Dios, como lo más radicalmente humanizante, reivindicar la justicia, proponer los valores evangélicos, que amplían el horizonte de la vida humana, saber hablar de perdón y de reconciliación en el momento oportuno, respetando los procesos psicológicos, diferenciando las disposiciones personales de las medidas políticas, que corresponden a las autoridades democráticas.
Bien entendido que el perdón implica el arrepentimiento del victimario y el resarcimiento, en lo posible, del daño causado, lo cual es un deber de justicia; el perdón implica también la disposición a ofrecerlo por parte de la víctima en una actitud que va más allá de la justicia, pero que se propone como un valor positivo, noble y sanador. El evangelio de Jesús introduce relaciones de gratuidad en las relaciones humanas. La Iglesia es el lugar de encuentro más plural que existe en nuestra sociedad: una gran tarea es convertir la comunión como creyentes en aprecio personal, tolerancia y aceptación de las diferencias como ciudadanos.
