Un grupo de cristianos ha creado una plataforma para argumentar, a partir de la propia Doctrina Social de la Iglesia, el derecho que tienen las personas a ser consultadas
(Jordi López Camps).- Hubo un gran abad de Santa María de Montserrat, García de Cisneros, quien en el siglo XV fue impuesto por los reyes de Castilla, primero como prior, para poner en orden a la poco observante comunidad monástica y, de paso, castellanizar sus usos y costumbres.
Ahora, nadie discute que García de Cisneros fue unos de los grandes abades de este monasterio benedictino. Sus méritos fueron varios. Quizás el más importante fue gobernar con visión cristiana y con mayor profundidad espiritual. Su libro sobre los ejercicios espirituales fue muy influyente en su tiempo y fue guía para muchos devotos. San Ignacio de Loyola fue deudor de la obra de este gran abad.
Otro de sus méritos, quizás menos conocido, fue comprender que, a pesar del encargo real recibido, el monasterio de Santa María aunque fuera adscrito por la fuerza a la congregación de Valladolid con el objetivo de someterlo a las costumbres castellanas, en el monasterio existía una realidad difícil de doblegar: la devoción a la Virgen surgía del corazón de los catalanes y se expresaba con una identidad propia y diferente a como se vivían estas cosas en el reino de Castilla. Santa María de Montserrat, aunque fuera dependiente de la congregación castellana, jamás renunció, y así lo ha mantenido hasta ahora, a estar al servicio del pueblo catalán.
Catalunya, en aquellos lejanos años, tenía una personalidad política y cultural propia. Se regía por unas leyes diferentes a las castellanas y sus condes, primero, y luego sus reyes dentro de la corona catalano-aragonesa habían conferido una singularidad jurídica única en relación a los diferentes reinos de aquellos años.
La Diputació del General, el precedente de la actual Generalitat, fue una institución democrática, gobernada en muchas ocasiones por eclesiásticos, entre los cuales hubo más de un abad de Santa Maria de Montserrat, que supo mantener la fisonomía política de Catalunya durante siglos. Pero la disputa sucesoria del siglo XVIII terminó radicalmente con este gobierno propio de Catalunya y la victoria armada de los borbones en 1714 terminó por suspender los derechos e instituciones políticas de los catalanes.
Las armas lograron imponer, al fina, aquello que varios reyes de Casilla habían pretendido años atrás, que España, con estado, fuero el resultado del domino del reino de Castilla sobre el resto de entidades políticas territoriales existentes en la península ibérica. La unión de Catalunya con España fue impuesta por una guerra de la cual ahora se conmemora el tricentenario.
Ahora, trescientos años después de la derrota armada de 1714, el Parlament de Catalunya, ha pedido al gobierno de España elevando la petición a la representación parlamentaria del pueblo español, poder decidir sobre cual es el futuro político de la relación Catalunya-España. La única respuesta política ha sido un no rotundo a celebrar un referéndum sobre este tema con el argumento de que la soberanía en España reside en todos los españoles.
Sin embargo, en Catalunya, no todo el mundo comparte esta visión. Se considera que hoy, como hace trescientos años y más, la soberanía sobre el futuro de Catalunya, recae única y exclusivamente en los catalanes. Una opción fundamental es que Catalunya como nación tienen el derecho a decidir su futuro. Cerrada hoy la puerta del referéndum, aduciendo que esto lo exige la Constitución, la alternativa propuesta por el Parlamento catalán es celebrar una consulta el próximo 9 de noviembre aplicando una ley que pronto será aprobada por el Parlament de Catalunya. Esta debería permitir conocer el estado de opinión de los catalanes sobre cual ha de ser la vinculación política de Catalunya con el resto de pueblos que conforman España.
Como el gobierno de España sigue cerrando puertas, tampoco parece probable que deje que se celebre esta consulta. Ante esta cerrazón política, algunas instituciones de la sociedad civil se están movilizando para pedir lo que parecer más que razonable: dejar expresarse con naturalidad a los catalanes sobre como quieren que sea su vinculación con España.
Dentro de esta campaña a favor del «derecho a decidir» el futuro político de Catalunya, un grupo de cristianos ha creado una plataforma para argumentar, a partir de la propia Doctrina Social de la Iglesia, el derecho que tienen las personas a ser consultadas en relación a cuestiones tan esenciales como el futuro político de su país.
Ayer, este movimiento cívico, Cristians pel dret a decidir, organizó un acto de presentación en sociedad. La sala de actos del Caixa Fórum, quedó pequeña para reunir a cientos de cristianos catalanes que, desde diferentes sensibilidades políticas y sociales, están de acuerdo que es fundamental poder decidir cual es el futuro político de Catalunya.
Diferentes oradores dieron suficientes razones para argumentar que este derecho está ampliamente reconocido en la Doctrina Social de la Iglesia católica. Cada uno de ellos desgranó, algunos apelando a la reflexión doctrinal y otros a criterios más vivenciales, como explicar a la sociedad porqué hay cristianos que consideran hoy un deber moral poder votar sobre la decisiva pregunta sobre cual debe ser el encaje de Catalunya con España.
El hecho moral, se dijo, es poder votar, no el resultado de la votación. Porqué el valor moral es poder expresar la opinión sobre este tema que hoy condiciona la agenda política de Catalunya y de España. Se trata de saber explicar estas cuestiones con pedagogía y amabilidad a quien quiera oír y atender lo que piensan aquellos catalanes que quieren modificar las relaciones de Catalunya con España. A
unque, como dijo un orador, si «España tiene un problema con Catalunya, los catalanes no queremos ser un problema para España». El acto fue un gran éxito cívico y las razones allí expuestas son buenos argumentos para ayudar a comprender cuales son los motivos que animan a quienes piden algo que parece como muy normal en cualquier estado democrático: poder votar el próximo 9 de noviembre.
