Un nuevo escándalo sacude a la Iglesia católica. El Vaticano ha suspendido de sus funciones a cinco altos funcionarios de su oficina de control financiero. Entre los cargos destituidos se encuentra el obispo Mauro Carlino, jefe del Departamento de Información y Documentación, así como Tommaso Di Ruzza, director de la Autoridad de Información Financiera (AIF).
La decisión de cesar de sus funciones a los directivos por su «posible implicación en operaciones millonarias presuntamente irregulares» va ligada a la investigación que están llevando a cabo las autoridades de la Santa Sede en la Secretaría de Estado, por la cual ayer, 1 de octubre de 2019, procedieron a incautar documentación y aparatos electrónicos de este organismo.
La operación en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, centro de la burocracia vaticana, surge de la denuncia, presentada el pasado verano, del Instituto para las Obras de Religión (IOR) y la Oficina del Revisor General con el objetivo de «analizar operaciones financieras llevadas a cabo desde hace tiempo».
De la misma manera, la investigación se ha extendido al AIF, controlador financiero del Vaticano.
