Sigue la ofensiva del PSOE contra la enseñanza concertada y el derecho de los padres a elegir la educación que quieran para sus hijos. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, ha querido saber, en el pleno ordinario celebrado por la Cámara riojana, si el Gobierno de La Rioja va a convocar las subvenciones para la cofinanciación de los gastos corrientes derivados de la impartición del Bachillerato en centros docentes privados para el curso 2019/20.
El consejero de Educación, Luis Cacho, ha anunciado este jueves, 5 de diciembre de 2019, que las ayudas al Bachillerato privado «no van a ser convocadas» este curso para «poner el foco en otras áreas de la educación privada concertada».
Garrido ha considerado que «a mitad de partida» el Gobierno riojano «no puede decir que no se van a convocar» estas subvenciones «porque las familias contaban con esas expectativas».
Ha señalado cómo «el Estudio Pisa es una de las comunidades que menos segrega» y, por tanto, ha creído que «si los dados dicen que no hay segregación socioeconómica» no hay razon por la que «modificar el modelo» educativo.
Cacho, ante esto, ha explicado que «las subvenciones al Bachillerato son discreccionales en función de las posibilidades».
Ahora, ha añadido, «el estado económico de la región obliga a una nueva política de contención del gasto, y la reestructuración con nuevas prioridades».
Las «razones», ha aseverado, son «poner el foco en otras áreas de la educación privada concertada más necesaria, como la Infantil o la Formación Profesional».
Ha indicado, por otro lado, que un tercio de los centros riojanos tiene más del veinte y hasta el sesenta por ciento de inmigración; y un tercio cuenta con menos del diez y hasta el cuatro por ciento y le ha espetado al popular «si le parece equilibrada».
La decisión de Cacho ha sido criticada por todo el sector de la concertada. Los padres (CONCAPA Rioja) y las patronales (Escuelas Católicas y CECE) han criticado la decisión porque «conculca derechos fundamentales» y perjudica a más de 600 familias «que han elegido centros con unos valores de acuerdo con sus convicciones y que ahora pierden a mitad de curso, de forma arbitraria y sin el consenso previo prometido, la ayuda económica con la que contaban».
Los sindicatos mayoritarios de la concertada como FEUSO y FSIE también han criticado que «se propina el primer recorte al derecho constitucional de la libertad de elección de las familias riojanas» y que se «perjudica a las familias con menos recursos», respectivamente.
La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que la medida «responde a una hoja de ruta ideológica ya enunciada por la ministra de Educación, Isabel Celaá, encaminada a la intervención en la educación de los poderes públicos cuestionando la libertad de educación».
Aparte de estos argumentos varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Valencia reconocen el derecho a los centros de Bachillerato a los que la Consejería de Educación (de Compromís) quitó el concierto, previamente otorgado por el PP.
Los argumentos principales de las sentencias son que es decisión de cada comunidad formalizar o no conciertos en estos niveles de enseñanza no obligatoria, pero añade que una vez la administración autonómica ha decidido formalizarlos, queda vinculada al régimen básico establecido por el Estado (4 años de duración y mantenimiento mientras se cumplan los requisitos que dieron lugar a su concesión).
En este sentido, señala que los conciertos no pueden extinguirse por decreto y deben mantenerse mientras se cumplan los requisitos establecidos en las normas, e indica que para poder reducir una unidad la Administración debe ofrecer «una motivación sólida, suficiente y debidamente justificada».
