Mal empieza. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, y su ministra de Educación, Isabel Celaá, han vuelto a humillar a la educación concertada. Se reunían los socialistas con organizaciones educativas durante la mañana de este martes –6 de agosto de 2019– para concretar su ley de enseñanza y «crear un Gobierno progresista este septiembre», según ha comentado la propia ministra. Ahora bien, Sánchez «no ha llamado a nadie de la concertada, ni a patronal ni a sindicatos», ha lamentado Pedro José Caballero García, presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA).
«Están marginando a un sector muy importante de la sociedad civil», ha explicado Caballero, haciendo alusión a que alrededor del 30% de la educación que se imparte es concertada (entorno al 28,5% es concertada y entre el 1 o 2% es privada). Estas cifras se traducen en «cinco millones de familias, dos millones de alumnos y entre 2.800 y 3.000 colegios», no obstante, los socialistas insisten en perseguir y desatender a este tipo de enseñanza. Ejemplo de ello son el intento de Isabel Celaá de retirar las ayudas a este tipo de escuelas en Ceuta y Mellila –se quitaron las prestaciones para el comedor y el transporte a los colegios no públicos, aunque días más tarde se rectificó– o las ‘expropiaciones’ por ahora voluntarias como solución a una situación de pérdidas económicas o a la falta de plazas públicas.
«Lamentamos la decisión», ha asegurado el presidente de CONCAPA, añadiendo que, de nuevo, Pedro Sánchez «demuestra su sectarismo» al ignorar al 30% que apuesta por otro tipo de educación. Según Caballero, desde que el PSOE llegara al poder gracias a la moción de censura de la primavera de 2018, el Gobierno no se ha puesto en contacto con ellos en ningún momento. Así, ha avisado que si la situación no cambia hasta septiembre, los representantes de la concertada tomarán medidas, ya que para eliminar la LOMCE «tienen que contar con nosotros».
Desde la confederación apuestan por un «verdadero pacto social y político por la educación», en el que se tenga en cuenta a la concertada y se garantice la libertad de enseñanza, recogida en el artículo 27 de la Constitución. «Mientras exista demanda, la educación concertada se tiene que garantizar», ha enfatizado Caballero.
Actualemente, la Iglesia atiende a 1,5 millones de alumnos y emplea a 102.476 profesionales en los 2.591 centros educativos que controla, la inmensa mayoría a través de la organización Escuelas Católicas. Dicho de otro modo, casi uno de cada cinco jóvenes escolarizados en España en etapas no universitarias (más del 18%, en concreto) acude a un colegio católico concertado.
